Lo que va a pasar con los $169 billones de las regiones

Durante los últimos 20 años, el Sistema General de Participaciones (SGP) ha estado en la mira de los gobiernos, pues tiene una importancia vital en la estructura de financiamiento de las regiones y de los ingresos para la Nación.

Según un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), actualmente el SGP representa buena parte de los ingresos corrientes de la Nación. “Durante las últimas tres décadas, Colombia ha venido enfrentando serios desafíos en materia de descentralización política y fiscal. Si medimos esa descentralización por la vía fiscal, vemos que en Colombia se transfieren recursos a las regiones a través del SGP por un valor equivalente al 3,8% del PIB, lo cual implica que el gobierno central comparte cerca de 30% del total de sus recursos tributarios con los territorios”. Solo un dato para confirmar la importancia del tema: para 2019 el SGP vale $41,2 billones, cifra clave para el desarrollo del país y para su situación fiscal.

La historia de la intención de los gobiernos de modificar estos ingresos viene desde la era de Andrés Pastrana. Entonces el gobierno promovió una reforma a lo que en esa época se conocía como situado fiscal. Luego Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos promovieron sendos ajustes al régimen que lo reemplazó: el SGP.

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Ahora, para el gobierno del presidente Iván Duque el SGP conforma un componente importante de financiación de las inversiones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En total, en sus 4 años esta administración espera que este rubro aporte $169 billones, lo que representa 15% del total de recursos de inversión del Plan.

Sin embargo, más allá de la cifra y sus implicaciones, todo parece indicar que Duque, como hicieron sus antecesores, va tras una nueva reforma que ya muestra sus alcances iniciales en el PND, con dos iniciativas sobre el SGP: en primera instancia, establecer una nueva forma de auditoría de estos recursos, y, en segundo término, crear una comisión de alto nivel que presentará antes de terminar este año un proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. El tema tiene hondo calado.

¿Cómo llegamos a este punto?

En 2017, el paro de los maestros produjo uno de los momentos de tensión más altos y de mayor desgaste del gobierno de Juan Manuel Santos. Para levantarlo y volver a la normalidad escolar, se comprometió a reformar el SGP para destinar mayores recursos a la educación, lo que se volvió –incluso- un punto de honor entre las partes.

El gobierno de entonces dejó radicada una reforma a la ley que reglamenta el SGP. Los maestros agremiados en Fecode insistieron en que había que incluir la reforma en la Carta Política y, con el cambio de periodo, la administración de Iván Duque consideró prudente retirar el ajuste planteado por el gobierno anterior.

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Sin embargo, la reforma al SGP volvió a cobrar vida y, a última hora, en el Plan de Desarrollo apareció un artículo que propone crear una comisión de alto nivel que plantee este mismo año una reforma constitucional al SGP.

¿Cuál es el interés? Hoy los recursos del SGP se distribuyen así: por un lado, 4% para asignaciones especiales, lo que corresponde a resguardos indígenas, alimentación escolar, municipios ribereños del río Magdalena y pensiones territoriales. Por el otro, 94% de los recursos van para asignaciones específicas: educación (58,5% del 94% como total), salud (24,5%), agua potable y saneamiento básico (5,4%) y propósito general (11,6%).

El sistema incluye partidas muy importantes como salud, saneamiento básico y otros rubros, cuyos montos y participaciones están establecidos. Así que, si alguien quiere pasarle más recursos a la educación, tendrá que decir de dónde recorta el presupuesto.

En consecuencia, se trata de definir nuevas prioridades del gasto público en Colombia. En un escenario de posconflicto, la discusión se centra en si el país quiere invertir más en las regiones, en salud, educación o en saneamiento básico.

Por eso, cualquier modificación al SGP ddeberá tener en cuenta las nuevas necesidades de las regiones y el país. Ese debate no es menor. Por un lado, definir las prioridades de gasto tiene hondo calado político y, además, pone sobre la mesa el proceso de descentralización; es decir, cuánta plata debe el Gobierno nacional enviar a departamentos y municipios y a qué ritmo deben crecer esos rubros.

Los maestros tienen un argumento claro: si el país ha venido mejorando en materia de servicios públicos y cobertura en salud, podría modificar las proporciones de estos rubros, con el objetivo de aportarle una mayor parte a la educación.

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Sin lugar a dudas, lograr un mayor gasto en este rubro es uno de los principales logros del país en los años recientes. Aun así resulta necesario acompañar esta decisión con mayores requisitos en calidad.

Según la proposición presentada para el Plan de Desarrollo, esta reforma constitucional es necesaria por cuenta de que hoy más de 94% de los recursos del SGP Educación se va a pagar la nómina. Advierte que por eso mismo se requiere una reforma estructural del Sistema dadas las necesidades del sector educativo, así como la disminución de los recursos destinados a la calidad y gratuidad educativa.

Una reforma “que permita una mayor asignación de recursos así como una mejora sistemática en los criterios de asignación y fórmula de distribución de las transferencias, a fin de lograr una mayor eficiencia presupuestal que repercuta en un mejoramiento generalizado de la calidad educativa de los establecimientos educativos oficiales”, dice la propuesta. Y agrega que esta reforma responde a un desfinanciamiento de un sector que en los últimos años ha incorporado desafíos en la agenda educativa, como la jornada única, el desarrollo de infraestructura escolar, alimentación y transporte.

Es claro que esta eventual reforma está dando en el clavo en uno de los temas centrales para el futuro del país: cuántos recursos destinar a este rubro desde las regiones. En este frente, Colombia no puede perder el año.