¿Cuáles son las razones para que la Procuraduría pida reabrir el caso por la muerte del hijo de Pizano?

La Procuraduría decidió tomar distancia de la Fiscalía con relación al polémico caso del controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, y su hijo Alejandro, muertos en extrañas circustancias. Pizano padre murió el 8 de noviembre del año pasado a causa de un infarto fulminante en su finca en Subachoque. Dos días después, su joven hijo también murió tras beber unos sorbos de agua saborizada de una botella que encontró sobre el escritorio de su padre.

La Fiscalía estableció que la bebida contenía cianuro y que este había sido comprado por Enrique Pizano semanas antes. Para el ente investigador la muerte del jóven fue producto de un accidente y bajo ese entendido archivó el caso. Pero "la Procuraduría considera que la orden de archivo emitida por la Fiscalía fue a todas luces apresurada y carece del fundamento necesario y exigido por la ley y la jurisprudencia, al estar fundamentada en supuestos sin comprobación"

Uno de los argumentos que llevan al Ministerio Público a solicitar el desarchivo del expediente por la muerte de Alejandro Pizano es que no hay claridad sobre los hechos que se investigaron bajo ese radicado, "pues se indica que se investiga la muerte del joven Alejandro Pizano, pero todas las labores investigativas giraron en torno a la muerte del señor Jorge Enrique Pizano", argumenta la Procuraduría.

Pizano papá, quien el día siguiente a su muerte iba a cumplir 57 años, se había convertido en uno de los testigos clave no solo contra Odebrecht, sino contra Corficolombiana (empresa del Grupo Aval). Esta firma empresa lo había contratado en 2010 como controller (auditor) en la concesionaria Ruta del Sol 2 para que garantizara el buen uso de los recursos en la concesión más grande firmada en la historia del país, 528 kilómetros por un costo superior a 1.200 millones de dólares.

Tras el fallecimiento de Pizano, Noticias Uno reveló una testimonio que el controller había dejado según el cual él dio aviso oportuno de las irregularidades que detectó en el mega proyecto a Néstor Humberto Martínez –entonces abogado Luis Carlos Sarmiento, propietario del Grupo Aval–. Pizano grabó las conversaciones que tuvo con el abogado y amplió su argumentación con una entrevista que el noticiero mantuvo embargada bajo condición de publicarse solo si al testigo le ocurría algo. Con su muerte el embargo se levantó. Y su testimonio póstumo puso contra la pared a Martínez quien ya se desempeñaba como Fiscal General, por esto la entidad que lideraba fue la encargada de investigar la muerte de Pizano padre y dos días después la del hijo Alejandro Pizano.

La solicitud de desarchivo del caso de Alejandro Pizano se formalizará este próximo 9 de octubre ante un juez de garantías.  Ese día la Procuraduría argumentará también que el ente investigador "desconoció su deber previsto en el artículo 250 de la Constitución según el cual, la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito". 

En suma, las conclusiones que llevaron a la Fiscalía a ordenar el archivo son, para la Procuraduría, supuestos que no se encuentran demostrados. En ese sentido se cuestiona que "la Fiscalía solamente tuvo una línea investigativa y no se preocupó por descartar la participación de terceros en los hechos investigados", dice el ministerio Público. 

El tema de la brevedad que duró la investigación también será objeto de cuestionamiento. Aunque el fiscal a cargo del caso, por ley, contaba con dos años para adelantar y agotar la indagación esta resultó archivada en menos de tres meses. El Ministerio Público también está preparando una bateria de argumentos que se apoyarán en jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para sustentar que la orden de archivo se basó en "valoraciones de aspectos subjetivos" que no caben en este tipo de decisiones.

La determinación de la Procuraduría se anuncia da justo después de que María Jimena Duzán públicó la columna titualda "La muete de los Pizano" en la que cuestiona que el expediente por la muerte del padre y el hijo no haya tenido una investigación a fondo.

Duzán adjuntó a su columna el testimonio que la abogada de Jorge Enrique Pizano presentó hace un par de meses al entonces fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, en razón a que no confiaba en el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. "La abogada de Jorge Enrique Pizano, Luz Estella González, decidió presentar una declaración juramentada ante el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa. Es claro en su declaración que acudió a él a sabiendas de que Espinosa no tenía a su cargo esa línea de investigación porque no confiaba en el fiscal Néstor Humberto Martínez. En esa declaración, la abogada, presa del miedo, dice que hubo manos criminales en las dos muertes y expone cómo, tanto la Procuraduría de Carrillo como la Fiscalía de Martínez Neira, se confabularon para cercarlo", escribe Duzán.