¿La televisión pública está en peligro con la Ley TIC?

La televisión pública ha venido haciendo las cosas bien en los últimos años, algo en lo que están de acuerdo todos los integrantes del sector audiovisual. Ha innovado, hace cosas diferentes y ofrece una alternativa con contenidos culturales y educativos de calidad. En la más reciente edición de los premios India Catalina, que reconocen lo mejor de la televisión, se llevó 30 galardones, incluidos algunos que siempre ganaban los canales privados.

Por eso ha causado tanto alboroto el proyecto de ley que pretende modernizar el sector de las TIC en el país, pues según algunas voces podría perjudicar y desfinanciar a la televisión pública. Ha sido tan compleja la discusión, que hasta Yamid Amat lanzó un S.O.S en el espacio diario de entrevistas que tiene en CM&: “El proyecto supone el marchitamiento de la televisión pública y la agonía del Canal Uno”, dijo.

Algunos incluso han hablado de censura, pues Señal Colombia dejó de emitir episodios del programa Los puros criollos, presentado por Santiago Rivas, cuando este salió en un video a criticar el proyecto. Aunque Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, aclaró que se trataba de capítulos repetidos y que la nueva temporada del programa se emitirá en 2019, quedó un mal sabor de boca porque tomaron la decisión de un día para otro y sin previo aviso. Otros han dicho que uno de los propósitos del proyecto podría ser censurar a Noticias Uno, pero esa es una interpretación extrema.

En todo caso, más allá de las discusiones, el proyecto tiene un objetivo que, para muchos en el sector, es urgente y necesario: cerrar la brecha digital, conectar tecnológicamente a todo el país y unir en una misma sombrilla la regulación y la administración de dos sectores que hoy están separados: la televisión (los contenidos, el manejo de canales públicos y de las licencias) y las tecnologías de la información y las comunicaciones (la infraestructura, las redes, el espectro).

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Tanto críticos como quienes apoyan la ley están de acuerdo con esa convergencia, pues la legislación colombiana tiene años de retraso respecto a la realidad de la industria de la televisión, que hoy compite con plataformas como YouTube o Netflix. Como dijo a SEMANA Juan Manuel Buelvas, gerente de Telecaribe, “actualmente estamos navegando el mundo digital con una ley analógica”.

Pero como el diablo está en los detalles, algunas cosas tienen a muchos con los nervios de punta. Una de las principales tiene que ver con la financiación de los canales públicos. Actualmente, la ANTV (Asociación Nacional de Televisión) maneja el tema de la televisión y el MinTic el de las tecnologías. Cada una de estas entidades tiene un fondo con el que financia a los miembros de su sector. En el caso de la televisión, el fondo se alimenta de los aportes de los canales de televisión privada y las empresas de suscripción por cable, y en el de tecnologías, de lo que aportan las empresas de servicios de telefonía.

El proyecto pretende acabar la ANTV y crear una sola entidad, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que tendría un solo fondo y recibiría los aportes de todas las empresas. Algunos creen que eso va a limitar los recursos de la televisión pública porque la mayor parte de los dineros irían a infraestructura y conectividad.

Ante eso, la ministra TIC, Silvia Constaín, explicó a SEMANA que el proyecto de ley garantiza que cada año la televisión tendrá, como mínimo, el monto máximo de recursos que el fondo de televisión ha tenido desde su creación, y que este se ajustará cada año al IPC. “La financiación de la televisión tiene un esquema incierto –explica–. Pero ahora va a tener un monto mínimo garantizado y muchos más recursos, incluyendo lo que antes estaba en el otro fondo”. Aun así, para muchos las cuentas no dan.

Eso tiene que ver con otro tema polémico: el de los canales privados. RCN y Caracol tienen, actualmente, licencia para usar el espectro electromagnético por 10 años, la cual vence el próximo 19 de enero; para renovarla tendrían que pagar 128.000 millones de pesos. El nuevo proyecto no solo aumenta el tiempo de las licencias a 20 años, sino que les da la opción de prorrogar por los 10 años que les faltan sin tener que pagar ese dinero, que normalmente iría al fondo.

Eso mismo, según Yamid Amat, molestó a los inversionistas del Canal Uno, pues dicen que hay una competencia desigual. Sin embargo, todo indica que arreglaron las diferencias luego de un acuerdo entre el MinTic y los representantes del canal.

Además, muchos dicen que la prórroga de la licencia de los privados se debe a las condiciones del mercado: el plazo de 10 años proviene de hace más de dos décadas, cuando la industria de la televisión tenía otra realidad. Hoy la pauta ha caído y ha migrado a internet, al igual que los televidentes, que pueden ver otras plataformas o el cable. Es decir, recuperar la inversión en infraestructura que ambos canales hicieron para poder llevar y mejorar su señal (150 millones de dólares) lleva más tiempo y el gobierno cree que hay que aumentar el plazo para incentivar la inversión privada.

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Y aunque los críticos están de acuerdo, les preocupa cómo recuperar la plata que no pagarían ni Caracol ni RCN al no renovar su licencia. Y una de las grandes críticas al proyecto es que no habla de plataformas como Netflix y Amazon, que producen contenido que la gente puede ver por demanda, pero que no pagan impuestos ni el Estado los regula. El tema es delicado, pues los usuarios que ven estas plataformas terminarían pagando cualquier tributo con un aumento en su cuota mensual. En Europa, por ejemplo, esas plataformas no solo cancelan un impuesto, sino que cumplen con una cuota de contenido local.

Otro de los temas es la autonomía. La ANTV es independiente, pero los detractores del actual proyecto dicen que eso está en riesgo, pues el presidente tomaría la decisión final sobre los miembros que conformarían la nueva Comisión de Regulación. Luego de un debate conjunto en las comisiones sextas de Senado y Cámara, esto cambió. Ahora, la junta de la nueva entidad quedará conformada por la ministra TIC, una persona designada por el presidente, dos miembros de la sociedad civil elegidos por convocatoria pública y un representante de los canales regionales. Para algunos, sin embargo, aún no hay suficiente claridad. Sobre todo porque dicen que el proyecto le asigna mucho poder al MinTIC sobre las decisiones.

La crítica mayor, sin embargo, tiene que ver con que el proyecto recibió mensaje de urgencia del presidente. Por eso, está a solo un debate en sesión plenaria de Cámara y Senado para convertirse en ley. Algunas minorías, miembros de la televisión pública y senadores como Antanas Mockus han pedido más tiempo para debatir el tema.

En eso tienen algo de razón, porque si bien hay que actualizar y modernizar la televisión colombiana, del afán no queda sino en cansancio.