Este es un adelanto del libro ‘Ni golpes militares ni golpes civiles’, de Eduardo Pizarro

Este libro surgió de una manera inesperada. En los días previos a la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República tuve una cena en la embajada de un país latinoamericano y el tema central giró en torno a la posibilidad de un golpe militar para impedir el acceso al primer mandatario de izquierda en la historia del país. Frente a quienes planteaban que había altas probabilidades de una intervención militar, yo argumenté, por el contrario, que la ausencia de una tradición golpista en Colombia se iba a mantener inalterada. Mi postura se basaba no solamente en las muy escasas intervenciones militares que ha conocido el país, sino, igualmente, en el cambio de la política de Estados Unidos hacia América Latina, que había dejado de apoyar los golpes militares como un mecanismo recurrente para consolidar la “pax americana”. Con respecto a la tradición civilista, vale la pena subrayar que Colombia ha sido, por encima de Costa Rica —así cause asombro este dato—, el país de América Latina que ha vivido menos años bajo gobiernos militares o cívico-militares.

En el siglo XIX, desde que se conformó como nación autónoma, es decir, desde la disolución de la Gran Colombia el 21 de noviembre de 1831, solo tuvimos el gobierno de facto del general José María Melo en 1854, que duró escasos ocho meses. Y, en el siglo XX, aun cuando se trató más de gobiernos cívico-militares que de gobiernos militares propiamente dichos, solamente los gobiernos sucesivos del general Gustavo Rojas Pinilla y la Junta Militar de Gobierno entre 1953 y 1958, un poco más de cinco años (tabla 1). En comparación, Argentina, solo en el siglo XX, tuvo doce gobiernos militares; en Paraguay, Alfredo Stroessner gobernó 34 eternos años, más 5 meses y 17 días, entre 1954 y 1989; y Augusto Pinochet estuvo ejerciendo el poder 17 años en Chile (1973-1990).

Ahora bien, a diferencia del golpe inicialmente incruento del general José María Melo —pero que terminó desatando una guerra civil conocida como la Revolución de 1854—, el gobierno de Rojas Pinilla se podría calificar como una dictablanda.

Este término nació en España al final del reinado de Alfonso XIII, en 1930, cuando el general Dámaso Berenguer sustituyó al también general Miguel Primo de Rivera, el “cirujano de hierro”, al frente del gobierno. La expresión fue utilizada por la prensa para referirse a la indefinición del nuevo gobierno, pues ni continuó con la dictadura corporativista de su antecesor, ni restableció plenamente la Constitución de 1876, ni convocó a elecciones para designar una asamblea constituyente como exigía la oposición republicana. El parecido con la conducta asumida por el gobierno del general Rojas Pinilla es simple y llanamente sorprendente. En todo caso, la Junta Militar de Gobierno que lo sustituyó, y en contra de las expectativas del propio general Rojas —quien creía que pasada la tormenta, la Junta lo iba a llamar de nuevo a la conducción del Estado—, acordó con las élites liberal y conservadoras el retorno a los gobiernos civiles mediante el Frente Nacional. De hecho, Colombia sería unas de las cuatro naciones de América Latina —con México, Costa Rica y Venezuela— que no sufrirían golpes militares en el ciclo militarista que vivió la región tras la Revolución cubana a inicios de 1959.

Más allá de recurrentes “ruidos de sables”, es decir, serias desavenencias en torno al manejo del orden público entre un presidente y uno o varios altos mandos que ha vivido el país en las últimas décadas, la mayor alarma de un golpe militar tuvo lugar en 1985 bajo el gobierno de Ernesto Samper (1994- 1998). Me refiero a las visitas que realizaron algunas personas influyentes al embajador de los Estados Unidos Myles Frechette —el “procónsul”, como lo denominaba Jaime Garzón en sus inigualables sátiras políticas— buscando obtener el aval de Washington para tumbar al mandatario y conformar un gobierno cívico-militar, y el rechazo rotundo de Frechette a estas pretensiones golpistas. Las últimas tensiones públicas entre un mandatario electo y un alto oficial tuvieron lugar a mediados de 2022, cuando Gustavo Petro ya había vencido en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, dio antes y después de su solicitud de retiro (22 de julio de 2022) declaraciones bastante altisonantes. Sin embargo, en una entrevista con la revista Semana publicada el 24 de junio de 2022, el general Zapateiro frente a la pregunta: “¿Es posible un golpe de Estado en Colombia, sí o no?”, respondió de manera enfática. “Jamás, nunca. Eso es muy mal visto ya en el mundo y creo que no está en el pensamiento, la mente, el alma y el corazón de todos los colombianos, y menos entre nosotros los militares. Somos respetuosos de la Constitución y la ley”. Así mismo, cuando el coronel (r) John Marulanda, expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) llamó poco después a “defenestrar” al presidente Petro, su invocación causó molestia en la institución militar orgullosa de su tradición civilista.

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* Con autorización de Penguin Random House