El drama del Iberoamericano de Teatro

Desde que Fanny Mikey y Ramiro Osorio fundaron el Festival Iberoamericano de Tea- tro de Bogotá (FITB), en 1988, el evento se convirtió en uno de los íconos culturales más importantes del país, así como en un referente de la ciudad a nivel internacional.

Tras la muerte de Mikey, en 2008, la dirección del certamen quedó en manos de Anamarta de Pizarro. Desde entonces, se hicieron cuatro ediciones con éxito y la de este año tuvo inmejorables cifras: vendió 350.000 localidades, fue el más largo, con 17 días, y alcanzó el récord de un 80 por ciento de asistencia. Todo parecía ir por buen camino.

Sin embargo, el festival vive hoy la etapa más dura de su historia después de que Daniel Álvarez Mikey –hijo de la fundadora– publicó una carta en la que exige a William Cruz, presidente de la junta directiva de la Fundación Teatro Nacional y la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, claridad sobre los manejos financieros y administrativos de ambas instituciones.

Todo empezó por casualidad. Hace un par de semanas, Álvarez Mikey se dirigió al Banco de Bogotá a realizar una diligencia personal y, para su sorpresa, la gerente de la entidad le manifestó que ya estaba en proceso de aprobación un crédito por 2.500 millones de pesos a nombre de la Fundación Teatro Nacional. Álvarez dice en su carta que no tenía ningún conocimiento de ese trámite, aun cuando figuraba como representante legal. La confusión no paró ahí: días después supo que la junta directiva del FITB y del Teatro Nacional había reformado los estatutos para suprimir su cargo como director ejecutivo del teatro.

Álvarez Mikey le dijo a SEMANA que su malestar venía de mucho tiempo atrás: “Yo confiaba en ellos (la junta) y respeté sus decisiones. Pero no me parecía sano que en la junta no participara gente de la cultura y sí algunos miembros con intereses económicos y financieros distintos al del entretenimiento”.

Sus miembros, importantes empresarios como Jean-Claude Bessudo, Luis Guillermo Soto, Jean-Guy Moggio, William Cruz Suárez y Luis Guillermo Ángel, intentaron explicarle que el crédito serviría para cubrir deudas con los acreedores y que los cambios en los estatutos no eran más que una actualización. El hijo de Fanny Mikey no quiso reunirse con ellos y pidió explicaciones por carta. “Me respondieron despidiéndome”, dice.

El pasado lunes, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, le metió picante a la discusión cuando le sumó más dudas a las finanzas del festival: “Hay cosas que el país desconoce de los manejos financieros de la junta directiva del FITB y del Teatro Nacional, y es necesario que se socialicen los balances de los últimos festivales”, dijo.

La ministra dice haber sido testigo en 2010 de los problemas en la gestión del evento, pues el Ministerio de Cultura hacía parte de su junta directiva. En esa época, inmediatamente después de la muerte de Mikey, su cartera hizo aportes para salvar el festival y cubrir su déficit fiscal.

Sin embargo, en 2012 la ministra decidió renunciar a la junta después de cerciorarse de que la cuenta a la que habían girado 1.600 millones de pesos, para saldar deudas del festival de ese año, estaba embargada.

Otra razón que entonces aceleró la decisión de la ministra fue la propuesta de la junta directiva, aún vigente, de hipotecar los activos de la Fundación Teatro Nacional (tres teatros, una bodega, dos casas y equipos técnicos) para conseguir créditos en los bancos.

Anamarta de Pizarro le salió al paso a las críticas afirmando que los festivales de 2012 y 2014 no dejaron deudas y que el de este año dejó un hueco de 600 millones de pesos. “El dinero que nos daban siempre fue auditado, rendíamos cuentas”, afirma.

Según ella, el Iberoamericano goza de buena salud: “Comenzamos a vender abonos en junio del año pasado, y es tal la fe de los espectadores en la organización, que compraron 800 millones en abonos sin conocer lo que íbamos a presentar”. Frente al cambio en los estatutos de la junta, Pizarro dijo que se realizaron con el fin de modernizar la estructura administrativa del festival y el Teatro Nacional.

En un comunicado, la Corporación Festival Iberoamericano de Bogotá dice que “el Ministerio de Cultura aportó a las últimas cuatro ediciones un total de 13.144.000 millones de pesos, que equivalen al 12 por ciento del costo total, que fue de 107.000 millones de pesos”. La cifra, según la junta directiva, no se compara con “los 50.000 millones de pesos que recibió, por ejemplo, el Teatro Colón para su restauración, ni a los 27.000 millones que se le desembolsarán en 2016”.

Por eso, William Cruz sostiene que es falso que el festival sea la institución cultural del país que más recibe dinero del Ministerio de Cultura.

“El Festival Iberoamericano de Teatro –asegura Cruz– siempre ha sido deficitario, y la deuda de 7.500 millones de pesos que tenía la corporación en 2010 se redujo a 4.000 millones de pesos”. Por su parte, Bessudo reconoce que hubo dificultades financieras en el último festival que se originaron por la tasa de cambio (los contratos con los artistas se hicieron cuando el dólar estaba más barato) y, según cifras de la corporación, esto produjo un sobrecosto de 2.000 millones de pesos.

La junta directiva también argumenta que la edición de 2010, cuando Manuel José Álvarez era el productor general, dejó un déficit de 7.500 millones de pesos y que esa es otra de las razones por las cuales ha sido difícil recuperar financieramente el festival. Álvarez, actual director del Teatro Colón, admite que él ejecutaba el presupuesto, pero que lo aprobaban la junta directiva y la directora Pizarro.

A pesar de las explicaciones que hasta ahora han ofrecido los miembros de la junta, los argumentos no convencen a algunos de los protagonistas de la escena teatral del país. Es el caso de Andrés Hoyos, escritor y fundador de la revista El Malpensante, y de los actores Diego León Hoyos y Fabio Rubiano.

Diego León Hoyos recuerda que tanto él como Andrés Hoyos, Jorge Alí Triana y Carlos Duque renunciaron por el episodio de la cuenta embargada y por una sensación de que había algo que no andaba bien en la parte administrativa del evento.

Los contratistas que han colaborado en diferentes ediciones también reclaman. El abogado Juan Carlos Castro, representante de la empresa de baños públicos STAP, justamente la firma que embargó la cuenta, dice que los problemas con los desembolsos se remontan a 2010, cuando dejaron de pagarle 80 millones de pesos. Finalmente, lo hicieron.

Daniel Álvarez Mikey pide por ahora una auditoría externa, una junta que limite sus gastos a los recursos con los que cuenta y, especialmente, blindar los teatros de una posible hipoteca. Entre tanto, la junta se ratifica en todas sus decisiones y anuncia que seguirá en su empeño de mantener este ícono cultural. Pizarro confía en su gestión y dice que su renuncia siempre está encima de la mesa.

Más allá de los argumentos y de quién tenga la razón, el país pide claridad en las cuentas, pues si bien el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y el Teatro Nacional están en manos de privados –con aportes del sector público–, también representan un patrimonio de todos los colombianos.

Actualmente, la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro adelanta una investigación para conocer el estado financiero real del festival, que aún no arroja resultados.

Los amantes del teatro esperan que esta incertidumbre se resuelva pronto y las reflexiones empiecen a girar alrededor de temas exclusivamente artísticos. Solo así, será posible mantener vivo el legado de Fanny Mikey y que siga palpitando el corazón de la cultura en Colombia.