“Golpe de Estado exprés” y otras dudas sobre el holocausto del Palacio de Justicia

Eran las 11:45 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 cuando un comando de 37 guerrilleros del M-19, al mando de Andrés Almarales y Luis Otero, ingresó a las instalaciones del Palacio de Justicia por la puerta del parqueadero, sobre la carrera octava, aprovechando la escasa vigilancia en el complejo.

Era el inicio de la toma del Palacio, uno de los capítulos más oscuros de la historia del país, que dejó un saldo de 98 muertos, entre ellos once magistrados de las Altas Cortes, y al menos 11 personas desaparecidas, cifra que con el tiempo se redujo a seis al encontrarse los restos de personas como Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela y el magistrado auxiliar Emilio Sandoval.

El objetivo del M-19 con la denominada “Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre” era llevar al presidente Belisario Betancur ante magistrados que supuestamente obrarían, bajo amenaza, como jueces en una audiencia simbólica para cuestionar al Gobierno.

Tal planteamiento le pareció descabellado al Gobierno y decidió no negociar con la guerrilla. Como anotó Revista SEMANA en diciembre de 1985, “las circunstancias políticas no daban para una negociación”.

En la época, el presidente Betancur era señalado por algunos sectores de la opinión pública de “haber entregado el país a la guerrilla”. Además, “rota la tregua por parte del M-19, a escasas dos semanas del atentado contra el comandante del Ejército, el país estaba sumido en un ambiente de desestabilización institucional con una percepción de un vacío de autoridad”.

La guerrilla tomó como rehenes a casi 400 personas, mientras a las afueras del edificio, en menos de una hora, hicieron presencia uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, que se ubicaron en terrazas de edificios vecinos, la Catedral Primada, el Palacio Liévano e incluso el Museo de la Casa del Florero, donde se instaló un cuartel de operaciones durante el tiempo que duró el conflicto.

Con la intención de apoyar el operativo para recuperar el Palacio, se desplegaron tanques EE-09 Cascavel y Urutú de la división de Artillería de la Brigada XII alrededor del edificio, sobre la Plaza de Bolívar y las carreras 7 y 8 , mientras el presidente Betancur era informado de los hechos.

Lo que pasó en las siguientes 27 horas llevó a que ese episodio se recuerde con el término de “holocausto”. Según la periodista Ana Carrigan, “la orden de despachar las tropas del batallón Guardia Presidencial impartida por el presidente Betancur veinte minutos después de haberse informado el asalto del M-19, fue la única orden militar dada por él durante el curso de la toma al Palacio”.

La reportera colombo-irlandesa narra en su libro El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana detalles de cómo el M-19 concibió el ataque, la manera en que el plan del guerrillero Luis Otero se vino abajo desde la hora cero e incluso plantea preguntas sobre “quién dio las órdenes en esas horas en las que murieron once magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

“¿Sabía el Ejército de la toma y dejó que entrara la columna guerrillera para darles una lección por los golpes que les había causado el robo de las armas del Cantón Norte, la espada de Bolívar o la toma de la Embajada de República Dominicana? ¿Qué pasó con las personas desaparecidas?”, son algunas de las dudas que trata de resolver la periodista en su texto.

Si bien el libro tuvo su primera edición en español en 2010, solo hasta ahora es reeditado y puesto en circulación de manera masiva, luego de haber sido publicado en inglés en 1993 y permanecer alejado de lectores colombianos en busca de respuestas.

Pese a documentación minuciosa y decenas de entrevistas con víctimas y protagonistas, el libro ha sido rechazado por varios sectores al ir en contra de la verdad oficial. En entrevista con SEMANA, Carrigan dijo que hubo un golpe de Estado al presidente Betancur por parte de militares y considera que “puede haber más casos de desaparecidos que no fueron denunciados en su momento”.

La periodista también comentó su preocupación por las similitudes de lo que sucede actualmente con la implementación del Acuerdo de Paz con las desmovilizadas FARC y el momento que Colombia atravesaba en 1985.

“El Acuerdo de Paz del año 2016 (…) está en peligro de fracasar por la falla en el cumplimiento por parte del Gobierno en la implementación de las reformas prometidas y, aún más perturbador, la falta de protección de las vidas de los excombatientes”, dijo.

SEMANA: Hoy sabemos que al menos 6 personas siguen desaparecidas tras la toma y retoma del Palacio, pero usted menciona en el libro que cree que hay más casos, pero nunca fueron denunciados. ¿Por qué? ¿Cree que las familias aún temen algo?

Ana Carrigan (A.C.): Sí, creo que puede haber más casos de desaparecidos que no fueron denunciados en su momento. Desafortunadamente, una de las únicas personas que conocía el verdadero número de los casos, el célebre abogado de derechos humanos José Eduardo Umaña, fue asesinado a manos de tres sicarios, y hay evidencia para creer que los asesinos actuaron bajo órdenes procedentes de la Brigada XX. Muchos creen que el asesinato se relacionó con su labor con respecto a los casos de los desaparecidos. Aunque ocurrió hace años, creo que el temor que el asesinato inculcó en las familias sigue presente hoy. De hecho, tengo una experiencia reciente y personal de una familia que decidió exiliarse luego de ser interrogada por el Ejército, mientras la familia buscaba que se investigara la desaparición de su padre.

SEMANA: Se ha cuestionado el exceso de fuerza de parte de los militares en la retoma del Palacio, pero usted plantea que desaparecer gente fue una política del Ejército. ¿Qué objetivo tendría esto?

A.C.: Los militares estaban convencidos de que al M-19 le había colaborado una “quinta columna” dentro del Palacio. Los militares creían que entre los miembros de esa “columna” se encontraban magistrados jóvenes y progresivos, su personal, sus choferes, y el personal entero de la cocina y de la cafetería. En la búsqueda de miembros de esta supuesta columna los militares detuvieron, torturaron y finalmente desaparecieron algunas personas anónimas.

SEMANA: ¿Por qué dice que los militares querían asesinar o desaparecer a magistrados de las Altas Cortes?

A.C.: Porque los magistrados estaban investigando a oficiales de alto rango acusados de violaciones graves de derechos humanos: desapariciones, torturas, asesinatos.

SEMANA: ¿Considera que la guerrilla subestimó al Ejército o a qué se debió la falta de armamento en esa incursión y otros errores que usted dice que cometió el M-19?

A.C.: De acuerdo con la información dada por miembros principales del M-19 a algunos rehenes durante el asalto, el camión del M-19 que llevaba las granadas que podrían defender la entrada del Palacio nunca llegó al edificio porque el conductor tomó la ruta equivocada.

SEMANA: ¿Qué esperanzas guarda sobre la JEP en este caso? ¿Cree que a través de esa jurisdicción haya justicia?

A.C.: Creo profundamente en la visión que inspiró la creación de la JEP y en los principios de responsabilidad y verdad. Estos principios deben guiar la labor de la JEP siempre, y deben aplicarse igualmente al caso del general Arias Cabrales.

SEMANA: La comisión de la verdad dijo que durante la incursión del M-19 hubo “ausencia de poder” y que el presidente Betancur fue un “simple espectador”. ¿Cree que su negativa a negociar fue por una especie de golpe de Estado de los militares, que tomaron el mando durante 27 horas?

A.C.: Sí, lo creo.

SEMANA: La versión oficial se mantiene en que Escobar y los extraditables financiaron la toma para quemar archivos de la Corte, aunque exmiembros del M-19 la han negado. ¿Qué validez tiene esto, de acuerdo con su investigación?

A.C.: Nunca he visto evidencia que apoye la versión oficial.

SEMANA: En el contexto que usted reconstruye, el M-19 estaba bastante inconforme con el aparente incumplimiento del Gobierno sobre el cese bilateral del fuego. Llama la atención que esta cita parezca haber sido escrita hoy en día, por la situación del acuerdo con las extintas FARC: “La firma de los acuerdos no había traído ni paz ni reformas".

A.C.: Sí, tiene razón. Me preocupa que estemos viendo que la historia se repite. Los acuerdos del año 1984 entre el M-19 y el Gobierno nacieron muertos; los acuerdos del mismo año entre las FARC y el Gobierno, que contemplaban, entre otras cosas, la reforma agraria y la posibilidad de que los integrantes de este grupo guerrillero participaran en la política democrática, en su lugar dieron paso a la aniquilación sistemática de la Unión Patriótica.

Ahora vemos que el Acuerdo de Paz del año 2016, como resultado de negociaciones prolongadas y sofisticadas a lo largo de cuatro años, está en peligro de fracasar por la falla en el cumplimiento por parte del Gobierno en la implementación de las reformas prometidas, y aún más perturbador, la falta de protección de las vidas de los excombatientes. El último informe de la ONU es alarmante: desde la firma del acuerdo se han verificado 297 ataques contra exmiembros de las FARC, incluidos 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. El patrón de promesas rotas por parte del Gobierno de implementar las reformas y de proteger a los excombatientes debe terminar si se quiere lograr una paz duradera.