La doble calzada que amenaza al Puente de Boyacá

Hace unos días el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció que la doble calzada de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso pasará por el campo de batalla del Puente de Boyacá y que se entregará a finales de este año.

Tanto el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, como los miles de viajeros, que a diario sufren los trancones causados por el embudo que se forma a la altura de este monumento nacional, celebraron la noticia. Pero los historiadores y parte de la comunidad académica se indignaron, porque consideran que el proyecto es un atentado contra la memoria histórica del país.

Uno de ellos, Javier Guerrero Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, dijo a SEMANA que la doble calzada adosada a la carretera actual, propuesta por el consorcio Solarte y Solarte, “causará daños irreparables en el monumento en términos geográficos, históricos y arqueológicos. Estamos haciendo todo lo posible para evitar esta ignominia y podríamos decir que hemos comenzado la segunda Batalla de Boyacá”.

Esta divergencia entre el gobierno y la comunidad académica pone de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la necesidad de conciliar la conservación de los monumentos nacionales o los yacimientos arqueológicos frente a la necesidad de construir las obras de infraestructura que requiere el país. Se trata de un debate importante si se tiene en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos se propuso para su segundo periodo un ambicioso plan de carreteras de cuarta generación. La pregunta es: ¿qué debe hacer el gobierno cuando una obra afecta un lugar histórico?

Este monumento nacional, atravesado por la carretera que une a Bogotá con Tunja, abarca unas 50 hectáreas en las que se encuentran el famoso Puente de Boyacá y diferentes estatuas conmemorativas al enfrentamiento que le dio a Colombia la independencia definitiva de España.

Y desde que comenzaron las obras de la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, a cargo del Consorcio Solarte y Solarte, este sitio histórico ha sido uno de los tantos obstáculos que ha afrontado este proyecto en diez años.

A comienzos de 2005 el Ministerio de Cultura negó el permiso para ampliar la carretera en ese sitio, con el argumento de que la propuesta de Solarte y Solarte perjudicaba “de manera irreversible la integralidad del campo”. Desde ese momento, el concesionario y el gobierno colombiano buscaron otras alternativas como un viaducto que pasaría por encima o una variante por el lado oriental. Pero por sus altos costos fueron desechadas y se volvió al diseño original con algunas modificaciones.

Ante esta decisión, la comunidad académica interpuso en 2012 una acción popular en el Tribunal Administrativo de Boyacá contra la doble calzada en el monumento, pero aún no ha sido fallada aunque lo más probable es que favorezca a Solarte y Solarte. Por su parte, el concesionario entregó en diciembre una nueva propuesta al Ministerio de Cultura que fue aprobada casi de inmediato, mediante la Resolución 3999 de 2014, en la que autoriza una intervención vial en el campo de la Batalla de Boyacá.

El inminente comienzo de las obras disparó las alarmas entre los académicos. Como dice Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia Colombiana de Historia: “Es increíble que el gobierno, teniendo otras opciones para construir la vía entre Bogotá y Tunja, prefiera hacerla en medio del campo en donde nació nuestra independencia militar y lo deteriore aún más”.

Los historiadores consideran que la obra requerirá extraer grandes cantidades de tierra a lado y lado de la carretera con lo que se profundizaría el fraccionamiento del campo de batalla. Guerrero cree que los taludes, además de romper con la geografía del sitio, harán más difícil la comunicación entre la zona oriental y occidental del campo.

Por su parte Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura, afirma que la obra no causará mayor deterioro al campo de batalla que el ya ocasionado por la vía actual, que se construyó en  los años de la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla. “El debate de la doble calzada y su paso por este monumento nacional -dice Escovar- es tardío ya que debió hacerse hace más de 50 años cuando se hizo la carretera central del norte, que rompió la integralidad del lugar”.

A la mayor fractura del campo se suma otro elemento que preocupa a la comunidad académica. Según la prospección arqueológica realizada por un grupo de profesores de la Universidad Nacional, encabezada por el arqueólogo Virgilio Becerra, esta zona contiene un yacimiento arqueológico rico en vestigios no solo de la Batalla de Boyacá sino de culturas prehispánicas. Becerra recomendó no hacer la doble calzada por allí por diferentes razones, entre otras, porque hacer esta obra no es solo ampliar diez o 50 metros la calzada hacia un lado u otro de la vía, también se removerá tierra de las montañas y esto afectaría, según él, la información arqueológica contenida en el suelo.

Ante estas denuncias, Solarte y Solarte dice que su nueva propuesta protege tanto al Puente de Boyacá como a los monumentos aledaños y que además reduce al mínimo la remoción de tierra. Jorge González, representante legal de la empresa, dice que el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura solo afectará el dos % del campo, es decir, apenas 1,1 hectáreas. Incluso afirma que su propuesta intervendrá menos hectáreas de la zona que la carretera que actualmente atraviesa el campo de batalla: “La construcción de la vía en su momento afectó un 8 % de este monumento. En nuestra propuesta inicial teníamos planeado intervenir un 5 % de las hectáreas, pero luego del rediseño solo vamos a afectar un 2 %”.

Con respecto a que la obra destruirá el yacimiento arqueológico, tanto González como Escovar afirman que al tiempo que se adelante la obra también se hará un monitoreo arqueológico para registrar y rescatar los vestigios.

Por lo pronto, la continuidad de la obra está en manos del Tribunal Administrativo de Boyacá quien tiene la difícil labor de escoger entre preservar un ya deteriorado y modificado monumento nacional, o autorizar una obra que mejoraría el tiempo de desplazamiento de los viajeros que transitan entre Tunja y Bogotá.