Testimonio señala que Bedoya, Jesurún y González habrían recibido sobornos para venta de boletas de la Selección

Un testimonio utlizado por la Fiscalía General de la Nación señaló a varios altos mandos de la Federación Colombiana de Fútbol de haber incurrido al parecer en graves irregularidades en la licitación del contrato de venta de la boletería para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2019, cuyo contrato fue adjudicado al consorcio TuTicketYa S.A.S., del cual hace parte la empresa TicketShop.

Según el testimonio usado por el ente acusador en una audiencia, los tres principales mandos de la Federación en los últimos años habrían aceptado sobornos para garantizar la adjudicación del contrato para que la venta de la boletería la hiciera la mencionada firma. Los señalados por el testimonio son Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González Álzate.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, las irregularidades habrían comenzado en 2015 cuando el entonces presidente del Real Cartagena, Rodrigo Rendón, hizo contactos con empresas que posiblemente estuvieran interesadas en pagar una comisión y de esta manera obtener el contrato.

“Pese a todas las irregularidades se adjudica el contrato”, señaló la Fiscalía.

El valor acordado para entregar el contrato fue supuestamente de 3.000 millones de pesos, dinero que habría sido entregado a los directivos por medio del presidente del club de La Heroica.

"Manifestándole que en su momento, esto es agosto de 2015, cuando se entregó el mencionado contrato a los señores Lucho, Ramón y El Chiquito (haciendo referencia a Luis Bedoya, Ramón Jesurún), se le entregó la suma de mil millones de pesos a cada uno, es decir tres mil millones de pesos en total", manifestó un fiscal, aludiendo a una declaración de Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor.

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que señala que el testimonio de Perdomo es "falso y calumnioso".

"En la audiencia de imputación de cargos que surtió el día de hoy la Fiscalía General de la Nación por la supuesta reventa de boletas en las eliminatorias de 2018, se volvió a leer el testimonio falso y calumnioso de Jorge Fernando Perdomo Polanía contra sus entonces compañeros de Comité Ejecutivo", dice el texto.

La FCF también informa que existe una denuncia penal en contra de Perdomo por el delito de falso testimonio y que no hay pruebas de que los directivos hayan recibido sobornos.

"Cada vez que vuelve a aparecer este falso testimonio, se hace daño al fútbol en general y a las personas mencionadas en particular, sin que exista prueba ninguna en ese sentido ni tampoco ningún testimonio por parte de los investigados. Por lo anterior, la Federación Colombiana de Fútbol presentó el pasado 22 de noviembre denuncia penal contra el señor Jorge Perdomo por el delito de falso testimonio".

Actualmente, Jesurún es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, González es el presidente de la Difutbol (el ente encargado de regir el fútbol aficionado) y Bedoya está en Estados Unidos respondiendo por el llamado FIFAGate, que está relacionado con corrupción en la adjudicación de los derechos de televisión de la FIFA y la Conmebol.

César Carreño, exdirectivo de TicketShop, había manifestado que se había entregado esta misma cifra millonaria como un seguro para quedarse con el contrato.  Carreño aceptó cargos por corrupción.

Todos estos señalamietos a los directivos mencionados se dieron a conocer en la imputación de cargos que el ente acusador está adelantando en contra del exmiembro de la empresa TicketYa, Medardo Alberto Romero, para quien la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento.

Entre el material probatorio recopilado por la Fiscalía en la oficina de Romero se encontró una carpeta marcada ‘Convocatoria Rusia 2018’ con información que coincidiría con la declaración de Perdomo.

“La propuesta para la Federación Colombiana de Fútbol son 11 mil millones de pesos como pago de derechos de aprobación para la boletería, derechos de explotación para la logística de 200 millones de pesos (…) una comisión de éxito por tres mil millones de pesos”.

Romero fue imputado de los presuntos delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir.