Diosas pero mortales: la conquista de las futbolistas españolas fuera del terreno de juego

El martes 15 de agosto España se levantó ante el furor causado por la victoria de la selección nacional de fútbol femenino en el partido contra Suecia. Ganar la semifinal significaba que, por primera vez en la historia, el equipo llegaba a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2023. Los principales líderes políticos de nuestro país, personajes públicos y medios de comunicación nacionales e internacionales quisieron hacerse eco de este logro.

Y es que la selección española de fútbol femenino está batiendo todos los récords de audiencia en los últimos años en las televisiones de nuestro país. Su despedida de la Eurocopa femenina de 2022 reunió a más de 2,4 millones de espectadores (2 420 000), un 23,3 % de la audiencia.

Sin embargo, el share se incrementó al 45,4 % de cuota de pantalla en la semifinal mundial entre España y Suecia, habiendo superado los cuatro millones de telespectadores, la mayor audiencia en un mundial de fútbol femenino en España.

Grandes diferencias

Este inusitado interés hacia el fútbol femenino hoy desmonta el argumento oficial con el que hasta hace no mucho la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los principales clubes, los medios especializados y los patrocinadores justificaban su escasa financiación y seguimiento.

“¡El fútbol femenino no interesa a las audiencias!”, repetían una y otra vez ante las jugadoras de fútbol –como analiza un estudio que está realizando la Universidad de Córdoba para el Ministerio de Igualdad–. Esto se hacía con el objetivo de mantenerlas en una posición subalterna al fútbol masculino, tanto en financiación como en presencia mediática.

No debemos ignorar que los hándicaps culturales que lastran las oportunidades de las mujeres en cualquier ámbito de nuestra sociedad (el triple rol de género –productivo, reproductivo y comunitario–, techo de cristal, discriminación salarial, violencia y acoso sexual, etc.) tienen un alcance mayúsculo en el deporte.

El deporte ha sido históricamente un lugar de dominación masculina, reservado a un único colectivo: los hombres. A pesar del cambio social experimentado en las sociedades avanzadas, el deporte sigue siendo uno de los pilares más acentuados de la dominación androcéntrica. Esto determina la estructura y el simbolismo de la institución deportiva.

En esta institución la brecha de género es evidente, a tenor de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España del Consejo Superior de Deportes. La práctica deportiva es mayor entre hombres que entre mujeres (un 63 % y un 52 %, respectivamente). Esto se puede ver sobre todo en el deporte federado y de alto nivel, donde la participación femenina baja al 24 % y al 39,2 % respectivamente.

En estas cifras influye la citada dominación masculina y, con ella, el círculo vicioso de la desigualdad de género. Este viene marcado por el reducido número de mujeres directivas y técnicas en las federaciones deportivas españolas, la escasa presencia del deporte femenino en los medios de comunicación –que además se muestra de forma estereotipada, sexualizada y sexista–, sin referentes y con la consiguiente dificultad para lograr patrocinios y acceso a recursos e instalaciones. Por no hablar de las bochornosas diferencias salariales entre hombres y mujeres deportistas profesionales y las mayores inconveniencias de éstas ante la maternidad y el cuidado de menores a cargo.

Valga como ejemplo que el premio que recibirá el equipo campeón del Mundial de Fútbol Femenino de 2023 será una cuarta parte –110 millones de dólares– del recibido por sus homólogos hombres en el Mundial de Qatar de 2022 –440 millones de dólares–.

El convenio colectivo

El fútbol tan sólo es practicado por el 6 % de la población deportiva femenina y el 7,7 % de los futbolistas federados (87 827 mujeres de un total de 1 137 651 federados) de España. Pese a la enorme brecha existente en este deporte, las jugadoras de fútbol han sido puntas de lanza para reducir la dominación masculina en las instituciones deportivas españolas.

La gran victoria del fútbol femenino español tuvo lugar en 2020. En ese año, el sector se declaró en huelga ante el hartazgo de las jugadoras por la situación de desigualdad, agravio y falta de reconocimiento por parte de clubes y cargos federativos. El fútbol español genera un 1 % del PIB nacional. La Liga produce 2 000 millones de euros al año en derechos audiovisuales, y los futbolistas hombres de primera división disfrutan de salarios millonarios. En este contexto, el fútbol femenino vivía una situación de absoluto agravio en recursos, salarios y condiciones contractuales.

La huelga fue tan revolucionaria como determinante, culminando en el mayor éxito logrado por el deporte femenino español: la Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el convenio colectivo para las futbolistas que prestan sus servicios en clubes de la primera división femenina de fútbol. Con este convenio las futbolistas alcanzaron un marco legal que regulaba sus jornadas de trabajo, salarios, vacaciones y bajas por enfermedad o embarazo, además de derechos de imagen, medidas de conciliación familiar y protocolos de acoso, etc.

Más allá del fútbol

Ahora falta que esta realidad se extienda a otras federaciones y disciplinas deportivas, para que la brecha se reduzca y el agravio entre mujeres deportistas sea cosa del pasado.

En este sentido, urge que la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte desarrolle lo antes posible todo el articulado orientado a lograr la igualdad efectiva de género en el ámbito del deporte. También es necesario que se modifique el Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, para adaptarla a los tiempos presentes y que las mujeres puedan mejorar su relación laboral en el mundo del deporte.

Las federaciones deportivas tienen que tomar nota del enorme valor social y económico que las mujeres aportan al deporte y a nuestra sociedad.

Por:

David Moscoso Sánchez
Catedrático de Sociología, Universidad de Córdoba

Artículo publicado originalmente en The Conversation