NACIÓN
Disidencias de las FARC afirman que asesinato de Álvaro Gómez fue ordenado por el Secretariado
En un sorpresivo comunicado dicen que el atentado fue ordenado desde 1982.
Las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Márquez y Jesús Santrich, han emitido un sorpresivo comunicado que hace referencia al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. En la misiva, aceptan que el asesinato fue ordenado por el Secretariado de las FARC en 1982 y que Ernesto Samper no estuvo involucrado como señalaron algunos testigos del caso.
"Ninguna de las hipótesis sobre los móviles y autores de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado eran ciertas, y ninguno de los que de una u otra manera habían sido implicados tenían que ver con tal suceso”, explican.
“Falsas, entonces, eran las versiones de paramilitares como Éver Veloza (alias HH), de narcos como Santa Lopesierra y Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño), que pretendieron incriminar, por ejemplo, al expresidente Ernesto Samper Pizano, seguramente con la premeditada determinación de sacar sucios dividendos políticos”, agregan al respecto.
Algo que llamó la atención en el comunicado es que se ataca a la Fiscalía por calificar el atentado como un delito de lesa humanidad y que fue ordenada por supuestamente ser instigador de crímenes contra campesinos.
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“La acción contra Álvaro Gómez Hurtado derivó única y exclusivamente de su condición de artífice de la instigación de los crímenes que cometió el régimen contra los campesinos de Marquetalia, de su pertinaz y tenebrosa persecución, de sus muertes y lutos, como de la confrontación fratricida que se desató y aún no culmina”, señalan las disidencias.
Finalmente, señalan las circunstancias de lugar y tiempo en las que se decidió realizar el atentado contra el dirigente conservador: “Fue decidida por la Dirección de las FARC-EP desde la Séptima Conferencia realizada en el departamento del Meta en mayo 4 al 14 de 1982”.
La semana pasada los excomandantes de las extintas FARC reconocieron en una carta, revelada por la Justicia Especial para la Paz, su autoría en el asesinato de cinco personas, entre ellas el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, generando un gran revuelo en el país.
En el documento, los exguerrilleros asumieron, además, su responsabilidad en los homicidios de Hernando Pizarro Leongómez (25 de febrero de 1995), José Fedor Rey (30 de junio de 2002), Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999), general (r) Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998) y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987).
El senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, afirmó en entrevista con el periódico El Espectador que fue él quien ejecutó la orden de asesinar a Gómez Hurtado. Cuando ocurrió el magnicidio, noviembre de 1995, Gallo lideraba la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN).
“La orden la dio el Secretariado y la recibí de Jorge Briceño alias el Mono Jojoy, que era el comandante a quien yo le atendía órdenes. Esa orden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la Red Urbana Antonio Nariño”, afirmó el congresista.
Señaló, además, que en el atentado solo participaron guerrilleros de las FARC. “Puedo decir con toda certeza que en ese hecho participaron exclusivamente guerrilleros urbanos de la RUAN. Nadie más”, sostuvo el parlamentario, quien dijo que las cuatro personas que ejecutaron el crimen están muertas.
Esto generó una tormenta política porque el Comisionado de Paz –Miguel Ceballos– solicitó que se evalúe si Lozada puede mantener su lugar en el Congreso.
“El Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al Acuerdo de Paz, le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que de acuerdo con lo consagrado en la Ley Estatutaria del mismo, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer”, le dijo a El Tiempo Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz.
Posteriormente, la Fiscalía anunció que se iba a poner en cabeza de la investigación por la muerte de Gómez Hurtado causando un choque de trenes con la JEP por quién tiene la competencia para investigar el caso.
