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Gobierno Petro revela su estrategia para hacerle frente a la violencia en el fútbol colombiano
La situación se ha vuelto crítica con varios episodios reprochables en lo que va de 2023.
El partido terminó en sepelio. William Gallego se pregunta por qué su hijo murió en medio de una riña por “trapos” de clubes del fútbol colombiano, un reclamo que llegó a oídos del primer gobierno en considerar a las barras bravas sus aliadas políticas.
Alejandro Gallego, de 25 años, falleció en la madrugada del 30 de abril en medio de enfrentamientos a cuchillo entre fanáticos del Atlético Nacional y su rival de patio, Independiente Medellín. “Es de lo más absurdo que puede ocurrir, que por unos trapos [banderas] estén matando a los muchachos (...), el fútbol no es para que se maten entre ellos”, dijo afligido William en conversación con la AFP después del entierro.
La pelea en una calle de Medellín dejó otros dos fallecidos. Dos semanas antes, el estadio Atanasio Girardot de esa ciudad fue escenario de una batalla entre miembros de la principal barra de Atlético Nacional y policías.
Y los episodios violentos siguen sumando en todo el país:
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Amenazados por sus propios hinchas iracundos por malos resultados, el Deportivo Cali triplicó el número de motocicletas de policía que lo escoltan en caravana. En Ibagué, un hincha de Deportes Tolima golpeó por la espalda a un jugador de Millonarios en plena cancha. Y en Manizales los fanáticos del Once Caldas invadieron el campo de juego.
Ante la violencia, el presidente Gustavo Petro abrió un diálogo inusual. El primer izquierdista en llegar al poder enarboló las banderas de los jóvenes en campaña y mantiene una inédita relación con los hinchas, divorciados de los anteriores gobiernos.
“Ruta distinta”
El investigador Alirio Amaya se reúne con líderes de las barras de Junior en Barranquilla y de Unión Magdalena en Santa Marta, enemistadas por una pelea que dejó un muerto en el estadio del Ciclón en 2022.
Encargado de acercarse a los hinchas desde la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal que protege los derechos humanos, Amaya aboga por “comprender unas dinámicas de violencia” en el fútbol, propias de un país permeado por casi seis décadas de conflicto armado.
“Lamentablemente, este rechazo a los comportamientos [de las barras] se viene constituyendo en un rechazo a la existencia de ellos en los estadios, pareciera que las barras populares no merecieran nada”, se queja ante la AFP. “El Gobierno ha dejado ver (...) que tiene un ruta distinta”, agrega.
En 2022 esos mismos eternos rivales se unieron y respaldaron abiertamente la candidatura de Petro. “Fueron diversos tipos de violencia que tuvimos que apaciguar para poder confluir” en campaña, explica Kevany de Arco, líder de una barra popular del Junior. “En términos nacionales las barras se volcaron (...) a apoyar” al actual mandatario, agrega la joven de 26 años.
Junto a otros fanáticos tatuados con escudos del tiburón, De Arco demanda al Estado reconocer que las barras tienen “su propia cultura”, “territorio”, y “lenguaje”.
“Sobre todo de la institucionalidad (...) no aprenden a leer la forma como nosotros nos concebimos”, insiste.
En total, Colombia registra más de 350 muertes asociadas al fútbol, según estudios académicos a falta de cifras oficiales.
Pulso
Por primera vez en la historia, el Gobierno organizó un encuentro entre líderes de las principales barras y autoridades, desoyendo a las voces que pedían mano dura. “Es con ellos que hay que hablar (...) nos pueden a ayudar a arreglar [la situación] o sin su compromiso nos agravan el problema”, dijo durante el encuentro en Bogotá el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, encargado de marcar “una ruta de conversación” con los fanáticos.
En la reunión extraordinaria el Gobierno ganó el pulso contra la Dimayor, el ente rector del fútbol colombiano, que le pedía otras medidas “represivas” y “coercitivas” como instalar mallas metálicas para separar las graderías del campo. Su presidente, Fernando Jaramillo, aduce que han funcionado en otros países.
Velasco descartó ese tipo de restricciones y achaca los hechos recientes a “tensiones sociales” que el Estado debe atender.
Esa posición tiene precedentes: como alcalde de Bogotá (2012-2015), Petro abrió las puertas de su gobierno a los barristas pese a críticas y como senador opositor los convocó a las calles durante el estallido social de 2021 contra su antecesor, el derechista Iván Duque (2018-2022).
Incluso está a favor de que las barras tengan un “porcentaje de propiedad” de los clubes.
El nuevo enfoque oficial hacia las hinchadas ya tiene detractores. El fiscal general Francisco Barbosa calificó de “actos de terrorismo urbano” los altercados recientes y señaló que hubo “omisión” de las autoridades para atender los episodios violentos, que asocia con un nuevo proceso electoral que se avecina.
“Es curioso que se han venido empezando a presentar hechos de ese nivel” cuando estamos “cerca de nuevas a las elecciones de octubre”, que definirán alcaldes y gobernadores de Colombia, dijo el fiscal, uno de los mayores críticos del Gobierno.
*Con información de la AFP.
