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¿Qué pasó con el enrolamiento de los hinchas? La violencia sigue en los estadios de Colombia y nadie dice nada
Un hincha del Tolima agredió al futbolista Daniel Cataño, de Millonarios. El partido fue suspendido y el jugador, expulsado. El agresor quedó libre y pagará una multa. Mientras tanto, una duda sigue vigente: ¿qué pasó con el enrolamiento de hinchas?
“Pudo ser una tragedia”, así describió David Macalister Silva, capitán de Millonarios, la agresión de Alejandro Montenegro, hincha del Tolima, a Daniel Cataño, jugador del equipo embajador.
El hincha se metió a la cancha del Manuel Murillo Toro, en Ibagué, le dio un golpe por la espalda al futbolista, que reaccionó y lo empujó hasta dejarlo tendido en el piso. El volante enfrentará tres fechas de suspensión; la plaza, cuatro y una multa; Montenegro no podrá volver a pisar un estadio colombiano en tres años.
¿Cómo garantizar que este desadaptado no vuelva a un estadio?
La Ley 1445 de 2011, que reglamenta el deporte profesional en Colombia, dice en su Artículo 14 que un acto como este tiene multa de hasta 15 smlv y que el agresor debería ser vetado de los estadios entre uno y seis años.
Sin embargo, cambiando su aspecto, Montenegro podría ir a cualquier cancha, excepto al Campín, en Bogotá, que tiene biometría en algunas tribunas, o al Atanasio Girardot, en Medellín, que cuenta con cámaras de identificación.
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Lamentablemente, los proyectos cancelados son el común denominador en el fútbol colombiano. El 21 de junio de 2017, se anunció el enrolamiento de los hinchas en Colombia por parte de la Dimayor con obligatorio cumplimiento.
“Siguiendo la línea de llevar el FPC a un nivel superior en condiciones estables para el buen espectáculo recreativo, que es el fútbol en todo el territorio nacional, se tomó la decisión de comenzar con el proceso de enrolamiento para los hinchas de los clubes que asisten a los partidos (...) con el propósito de garantizar la seguridad en los estadios”
Cerca de 3000 hinchas atendieron el llamado de la máxima entiéndase del fútbol colombiano a través de sus clubes y pagaron cada uno 11.900 pesos para obtener un carné.
Jorge Perdomo, era el presidente de la entidad en ese entonces, “El contrato estaba firmado uno o dos años antes de mi llegada a la Dimayor por Ramón Jesurún y Tuboleta”, dijo a SEMANA.
En las actas obtenidas por este medio hay constancia que en las reuniones de contrataciones y mercadeo se tenía como orden del día el contrato con coltickets (Tuboleta) y la repartición de ingresos por carnetización.
Se revela que se acercaron a tres entidades bancarias ofreciendo a cada una, brindar un millón de clientes con dicho enrolamiento, que se pidieron 5 mil millones de pesos y un porcentaje por cada uso del carné como medio de pago, que sería una tarjeta débito.
A una de esas asambleas, asistió como invitado Eduardo Olea, creador de de Coltickets (Tuboleta) quien expuso que el plan de carnetización se inició con el presidente Jesurun.
“Eduardo Olea manifiesta que empezar sin sponsor, pero no tenemos el hardware. Propuso iniciar la captura de base de datos en el enrolamiento y el hardware, vemos más adelante como lo hacemos”.
Sin embargo, se pretendía que el Ministerio del Interior aportara unos recursos, hardware, molinetes, etc, “El Ministro Iragorri no avanzó”, dice el acta.
SEMANA consultó con Aurelio Iragorri y fue contundente.
“No avanzó porque querían recolectar base de datos con particulares y eso se podía hacer con la registraduría. Los enemigos de justo lo impidieron”.
Este medio también pidió declaraciones de Iván Novella, gerente deportivo de la época y uno de los encargados de promocionar el proyecto y de Eduardo Olea en Tuboleta y ninguno accedió.
“Por ahora no vamos a dar declaraciones porque nuestra área jurídica confirmó el impedimento legal que nos da la cláusula de confidencialidad”, dijeron desde la empresa de tiquets.
¿Afán de negocio garantizó el fracaso?
El “vemos más adelante como lo hacemos” de Olea no permitió llevar al Fútbol colombiano “a un nivel superior” desencadenó en incumplimiento del contrato por parte de la entidad de boletas, de los equipos, la necesidad de crear un otrosí para quitar la responsabilidad a Tuboleta de instalar tecnología y seguridad en los estadios. Todo quedó en nada.
Perdomo salió de la Dimayor en junio de 2018 tras una asamblea extraordinaria, en la que 20 de los 36 presidentes de los clubes pidieron su cabeza por “malos manejos administrativos”, según los mismos dirigentes que lo sacaron.
¿Qué pasó con la plata que pagaron 3000 hinchas?
Jorge Enrique Vélez asumió el máximo cargo de Dimayor y según fuentes consultadas por SEMANA, al exdirigente que no quiso declarar alegando confidencialidad, desde su mandato descubrieron las grietas del enrolamiento.
“La gente sacaba la carnetización sin llenar la mayoría de los datos. Se intentó devolver la plata y no se logró. Esa plata no entró ni se la robó Dimayor. Ese dinero se dio a Tuboleta en un proyecto, no tenía futuro”.
Otra presidencia que no hizo nada contra los violentos.
Con Fernando Jaramillo como líder de los clubes, hay una esperanza.
“La plata del enrolamiento hay una parte en el operador y otra en la Dimayor, pero desde el punto de vista técnico práctico no está haciendo nada. Sé que tenemos que tener una respuesta a la gente e iniciar una reparación que no es fácil, hay que revisar el tema”, indicó Jaramillo.
Ministerio entre decretos y convenios dudosos
Desde el Ministerio del Deporte, cuando Guillermo Herrera ejercía como jefe de cartera, se creó el decreto 1622 que busca estandarizar el proceso de adquisición y emisión de boletas, el ingreso a los estadios mediante la asociación del tiquete al documento de identidad que permita la verificación de antecedentes de los espectadores para el derecho de admisión.
Dicho decreto está dividido en 3 fases: Diseño e implementación del Sistema de Validación Nacional. Integración de dicho sistema con los comercializadores de boletería y asociación del documento de identidad con la boleta digital e implementación de los dispositivos electrónicos que permitan la lectura.
Hasta el 5 de febrero pasado, el Ministerio del Deporte de María Isabel Urrutia tenía plazo para promulgar el decreto y expedir la regulación y directrices de la ejecución de la primera fase. Sin embargo, no se hizo.
“Respuesta extra-oficial: el Ministerio no es el responsable de lo que suceda en las canchas. Hay otras instancias que se deben agotar antes de cualquier posible intervención si es que hubiese lugar a ella. La misionalidad del ministerio es otra”, dijo con total desconocimiento del decreto Edgar Cortés, quien trabaja y asesora a la Ministra María Isabel Urrutia.
Pese a que el decreto es claro e indica qué hacer, desde esa cartera se firmó un contrato interadministrativo de 4950 millones de pesos con Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) y lograr un diagnóstico sobre cómo debe implementarse el software de biometría. Es decir, se pagó a una empresa sin experiencia en fútbol por algo que ya está escrito en un decreto con una plata de la administración pasada.
“Del convenio vamos a sacar todos las herramientas. Es una empresa que está constituida por tres universidades y ha contratado con contraloría, policía, alcaldías y gobernaciones. Esto no es una consultoría, no es invertir en más de lo mismo. El decreto nos dice hágalo pero necesitamos saber cómo hacerlo. Este sistema no tiene por qué fracasar. La idea es que el operador asuma costos adicionales”, indicó Fabio Alzate, secretario general del Ministerio quien firmó el convenio en lugar de Jorge Hernán Colmenares que aparece en Secop como responsable directo. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el proceso.
“Quedó su nombre, pero saneamos ese vicio. Quizá él no entendió la figura contractual, él es experto en derecho deportivo no en contratación y dijo que tenía dudas al respecto”, confirmó el mismo Alzate.
Mientras la plata del enrolamiento aparece, el decreto 1622 es aplicado, el convenio de 5 mil millones rinde sus frutos, la biometría llega a los estadios y las leyes para los desadaptados hinchas se endurecen, Alejandro Montenegro está libre y demandará a Cataño por lesiones personales. La violencia sigue triunfando en el deporte.
La seguridad privada en los estadios ¿Una posible solución?
“La seguridad privada del país tiene la infraestructura tecnológica y el recurso humano para apoyar la logística que requiere garantizar el control en los estadios de fútbol. Asimismo, delegar esta responsabilidad a los privados, contribuye sustancialmente a la generación de empleo en varias ciudades del país, pero lo más importante, libera el pie de fuerza de la Policía Nacional que, en promedio para una jornada de clásicos, dispone hasta de 7.000 hombres que se concentran en un perímetro muy reducido, poniendo en riesgo la protección del resto de las ciudades en donde la delincuencia no se detiene”, indicaron desde Fedeseguridad (Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada) a SEMANA y agregan.
“Nos enfrentamos principalmente a tres retos: el primero, las facultades para el control del orden público; el segundo, sobre la contratación especializada para eventos que se desarrollan con una frecuencia de solo una o dos veces por semana; y el tercero, sobre los costos adicionales que puede generar la contratación de servicios privados. De todas maneras, vale la pena hacer el análisis de qué tan caro resulta para las ciudades concentrar la seguridad pública en espacios reducidos, descuidando el resto de las mismas. Si existe la voluntad, entre entes territoriales, gobierno nacional y directivos del fútbol, encontraremos las soluciones”, puntualizaron.
