Economía
Tribunal de Cundinamarca levantó medidas de embargo al consorcio involucrado en el escándalo de Centros Poblados
La decisión, según ese alto organismo, se debe a la pérdida de competencia que tiene este frente al caso.
Un nuevo capítulo en el caso de corrupción de Centros Poblados, que estalló durante el último año de administración de Iván Duque, se abrió hace algunas horas, luego de la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a ese caso.
Los magistrados de ese organismo decidieron levantar las medidas cautelares de urgencia que fueron decretadas en 13 de septiembre de 2021, fecha en la que se encontraba en curso el proceso de demanda contra el consorcio Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Es preciso recordar que esta acción popular fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de proteger los derechos e intereses colectivos que fueron vulnerados en el contrato celebrado entre ambas partes.
La terminación del proceso se declaró luego de que ese alto organismo considerara como improcedente el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos que la Procuraduría alegaba al defender el patrimonio.
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El Tribunal aseguró en su fallo que perdió las competencias para seguir adelantando la demanda en este proceso, pues ya hay varios casos similares que se encuentran en el sistema judicial.
La acción popular también comprometía a miembros de esta unión como el Consorcio PE2020 C DIGITALES, quien se encontraba en calidad de interventor de contrato, la sociedad Sescolombia SAS, que figuraba como asesora de seguros, y la Fiduciaria BBVA, como administradora del patrimonio autónomo.
Concluyen que debe ser el juez natural de la Sección Tercera del mismo Tribunal quien decida sobre los incumplimientos y perjuicios que se causaron al Ministerio, por lo que pierden la competencia para tomar una decisión sobre la acción popular.
La decisión, que inició en 2021, había mantenido retenido, hasta hace pocas horas, unos $ 85.945.938 que se encontraban en las cuentas oficiales de la Unión Temporal, que hacían parte de un depósito judicial consignado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
El monto llevaba retenido varios meses y la decisión fue tomada en su momento, luego de comprobar varias anomalías en el contrato suscrito en el MinTIC como garantías bancarias falsas, pagos de anticipos sin cumplir requisitos de ejecución, entre otros.
“Frente a las sumas de dinero que están a disposición de esta Corporación y, en general, cualquier bien que haya sido embargado en cumplimiento de las medidas cautelares de urgencia que fueron decretadas en el presente proceso, estos deberán ser entregados a la autoridad o persona que procedió a realizar la gestión de embargo”, concluye la parte resolutiva de la decisión.
¿Cómo empezó el escándalo con Centros Poblados?
En junio de 2021 se empezaron a conocer las primeras irregularidades frente a un contrato que había suscrito el Ministerio de las TIC con la Unión Temporal (UT) anteriormente mencionada.
La primera señal fueron las garantías falsas que presentó Centros Poblados y con las que buscaban quedarse con el millonario contrato. Fue tanta la efectividad de dichas garantías, que la UT alcanzó a recibir un anticipo de 70.000 millones.
Posterior a estos hechos, se dio la caducidad del contrato y la salida de la exministra de las TIC, Karen Abudinen. Además, organismos como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría iniciaron investigaciones que aún se encuentran en curso.
Es preciso recordar que el proyecto fue anunciado por la directiva de la cartera en diciembre del 2020, prometiendo conectar a 7.277 centros digitales, con un gasto de 1,7 billones, según información de Transparencia por Colombia.
El escándalo estalló cuando se empezaron a conocer los primeros incumplimientos del consorcio, que debía entregar varios centros para abril 30 de 2021. A esa fecha, no se había instalado ninguno de los más de 7.000 puntos digitales prometidos.
