¿El 2020 será el año de las reformas pensional y laboral?

El Comité Nacional del Paro, que convocó en noviembre las marchas que se han extendido por el país, le pidió en primer término al Gobierno abstenerse de presentar reformas en los frentes laboral y pensional. Incluso en medio de las manifestaciones, y ante la supuesta filtración del borrador de la reforma pensional, el Gobierno salió rápidamente a desmentir que tuviera una propuesta, y aclaró que adelanta un proceso de concertación con varios sectores.

Pero el país está ansioso por conocer las reformas que llevará el Gobierno al Congreso. Esta semana analistas, gremios, empresarios y congresistas, en el marco del Foro Colombia 2020 de SEMANA y Dinero, le pidieron al Gobierno destapar sus cartas y echarse al agua con las reformas. La razón es que el tema pensional se volvió inaplazable y buena parte de las respuestas al clamor social pasan por solucionar los problemas en materia laboral. En otras palabras, hay que empezar a debatir el tema.

Hoy solo dos de cada diez adultos mayores tienen una pensión mientras el grueso de la población mayor de 60 años está desprotegida. Esto sucede porque el sistema público beneficia a los que más tienen. “Es necesario que el Gobierno muestre las cartas. Si bien hay una concertación en proceso, el Gobierno debe dar inicio al debate”, dice el senador Richard Aguilar.

Pero la ministra de Trabajo, Alicia Arango, tiene otra visión. Cree que el Gobierno solo debe lanzarse al agua cuando esté seguro de que va a llegar a la otra orilla. “No es un tema fácil. Hay muchas ideas sobre la mesa y hemos escuchado a todas las partes para tratar de construir una propuesta conjunta y hacerlo bien lleva tiempo”, dice la ministra.

En el Ministerio de Hacienda consideran prioritaria la reforma pensional y por eso planean llevarla al Congreso en el primer semestre. “En el ministerio tenemos cuatro reformas prioritarias en 2020: (1) la reforma de Protección a la Vejez, que buscará mejorar la cobertura del sistema y hacer una mejor distribución del gasto público, (2) una reforma del mercado de capitales, (3) la reglamentación de la ley de regalías para mejorar su distribución y ejecución y (4) una ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible”, dice el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Esto confirma que incluso en el Gobierno persisten las diferencias. Algunos consideran un error monumental arrancar el debate pensional en medio de un ambiente convulsionado por el inconformismo social. Otros afirman que es lo responsable y podría permitir al Gobierno retomar su bandera de la equidad.

Ciertamente la Comisión de Protección a la Vejez lleva un año escuchando propuestas de sindicatos, pensionados, gremios, centros de investigación, universidades, multilaterales y partidos políticos, entre otros. Y ya es hora de empezar el debate abierto en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde el Gobierno se comprometió a llevar su propuesta antes de presentarla al Congreso.

Aunque la reforma pensional puede resultar muy costosa políticamente para cualquier Gobierno, la situación no da espera. El sistema pensional es complejo y el debate de una reforma se presta para propagar muchas mentiras o verdades a medias pues toca muchos intereses. Solo hay que ver las protestas que enfrenta Macron en Francia por este tema, lo que está pasando en Chile o el costo que significó para Bolsonaro pasar una reforma pensional en Brasil.

En Colombia, el Gobierno ha puesto unas líneas rojas y se ha comprometido a no modificar la edad de pensión –62 años para hombres y 57 para mujeres– ni tocar la tasa de cotización. Dentro de sus puntos inamovibles también está el respeto a los derechos adquiridos y a la pensión de sobrevivencia. Además, ha enfatizado que protegerá y fortalecerá a Colpensiones.

Algunos analistas y centros de pensamiento como Anif creen que una reforma sin modificar algunos de estos temas quedaría a medias y que el Gobierno no logrará todo lo que quiere. Sin embargo, asegurar una distribución más equitativa de los subsidios estatales y dirigirlos a los más vulnerables sería un gran avance.

¿Por qué son inaplazables?

En 2020 el Gobierno tendrá que destinar alrededor de 43,29 billones de pesos para pagar las pensiones estatales. Esto significa el 20 por ciento del presupuesto de este año. Uno de los gastos más altos que hace el Estado, termina por beneficiar a unos pocos privilegiados.

Baja cobertura y falta de equidad afectan al sistema. De los cerca de 6,5 millones de adultos mayores que habría hoy en el país, solo 2 millones tienen pensión. Además, el sistema público hoy subsidia más a los que más tienen. Esto hace inaplazable el debate.

De los 6,56 millones de adultos mayores solo se han pensionado 2,35 millones. En prima media, que maneja Colpensiones, hay 1,3 millones; 153.000 pensionados de ahorro individual, y los demás están en regímenes especiales como Fuerzas Armadas y maestros. Cerca de 1,5 millones de adultos mayores reciben un pequeño subsidio en Colombia Mayor o Beps y los demás están desprotegidos.

El Gobierno insiste en hablar de reforma integral de protección a la vejez no solo para mejorar la cobertura, sino también para reducir la inequidad derivada de un sistema público que entrega millonarios subsidios a los que les fue mejor en el mercado laboral. Mientras alguien que gana 1,5 salarios mínimos recibe alrededor de 74 millones de pesos de subsidios en valor presente, quien se pensiona con 25 salarios mínimos obtiene por parte del Estado más de 732 millones de pesos.

Por eso crece el consenso acerca de fortalecer los programas solidarios como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), y evitar que el sistema público siga otorgando subsidios a las personas de más altos ingresos.

Pero no hay claridad sobre qué hacer para que el régimen público de prima media (Colpensiones) y los fondos privados dejen de competir entre sí y se vuelvan complementarios. ¿Dónde trazar la raya entre estos dos sectores? En otras palabras, definir hasta dónde deben ir los subsidios y hasta cuándo, para lo cual será clave plantear un régimen de transición adecuado.

Colpensiones tendrá un rol clave en este nuevo modelo. Pero también habrá que promover una mayor transparencia y competencia entre las administradoras de fondos de pensiones, así como revisar la forma en que invierte para mejorar la rentabilidad de lo que ofrecen.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, cree que esta reforma de protección a la vejez es necesaria pero no es suficiente. Propone trabajar de manera paralela una reforma laboral. Hoy el problema es que los jóvenes desempleados que no pueden cotizar se convertirán en viejos sin pensión. Por tanto hay que emprender reformas para generar empleo y disminuir la elevada informalidad. La tasa de desempleo terminó 2019 en dos dígitos y la informalidad aún afecta a la mitad de la población activa.

Emprender estas reformas es muy complicado. Ha generado gran controversia el solo anuncio del Gobierno de regular los temas de seguridad social para las aplicaciones y plataformas digitales o el piso de protección social para personas que devengan menos de un salario mínimo.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, asegura que no entiende cómo con todos estos problemas hay personas que defienden no hacer cambios, y particularmente los sindicatos. “El statu quo no es opción”, afirma. Agrega que el Gobierno y el país no pueden frenar estas discusiones o abstenerse de hacer las reformas requeridas. El senador coincide en este punto y afirma que su partido, Cambio Radical, quiere liderar esta discusión, pues lo pensional es una bomba de tiempo.

No les falta razón. El valor neto de la deuda pensional a valor presente llega a 114 por ciento del PIB (900 billones de pesos). “Es un tema de responsabilidad. El Gobierno no puede gobernar con el miedo de que reaccione la calle o haya protesta”, afirma. El camino no será fácil. La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings considera difícil que Colombia apruebe la reforma pensional este año o en los dos siguientes. Esto afectaría las perspectivas de futuro.

Sin duda este tema requiere responsabilidad de todos: Gobierno, sindicatos, trabajadores, academia, gremios y empresarios. Como ha dicho la ministra Arango, todo el mundo tendrá que ceder un poco para que todos ganen, especialmente los más vulnerables.