¿A prender la veladora? Gobierno insiste en que no habrá apagón; expertos dicen que si no llueve, el racionamiento será pronto

Después del anuncio de racionamiento de agua en Bogotá y en otros municipios, el país está en vilo, por lo que pueda ocurrir con el servicio de energía. Los embalses están en mínimos históricos, y son las térmicas las que hoy tienen prendido el país. Pero eso no es suficiente.

Cada día que pasa sin lluvias en los embalses, se reducen sus niveles y los aproxima a la angustiosa cifra del 27 % de capacidad, en promedio; momento en el cual revivirían los fantasmas del apagón de hace un poco más de 30 años.

Pero a esta preocupación se suma otra que ventiló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X: una posible intervención del Gobierno a EPM. Aunque luego él y Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, tras una reunión cerraron el capítulo, en el sector hay inquietud de que el Ejecutivo repita las acciones que ha tomado en la salud.

Entre tanto, los embalses se ubicaban en 28,56 %. Cada día sin lluvias se reducen, en promedio, 0,3 %.

Las veladoras están encendidas a la espera de la lluvia. Aunque en algunos sitios como Bogotá los aguaceros han sido intensos, al parecer no caen donde toca.

Si no llueve rápido, los cortes programados de energía serán inaplazables. De hecho, en apenas un par de días el Gobierno cambió la perspectiva: de la afirmación del ministro Camacho de que “no hay riesgo inminente de racionamiento” se pasó a la afirmación de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien dijo que el riesgo “ha aumentado”. Las lluvias de abril representan apenas el 30 % de las que caen habitualmente en ese mes.

Para el exministro Amylkar Acosta, el país está en el filo de la navaja “ante un riesgo inminente de que se tenga que implementar un programa de racionamiento por la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de fluido eléctrico”, dijo en el programa de Vicky en SEMANA. Según cálculos de Acosta, es cuestión de días llegar al 27 %. “Ya no dependemos de las decisiones del Gobierno. Estamos expuestos al capricho de la naturaleza de no llover y llover copiosamente. Sería inevitable que máximo en ocho días el país estaría afrontando un racionamiento en la prestación del servicio de energía”.

Otros piensan que el margen de maniobra es de apenas seis días, mientras que Alejandro Castañeda, director de Andeg, gremio de las térmicas, considera que quedarían “unos diez días de angustias”, momento en el que se activaría un protocolo en el sector para planear el racionamiento, pero cuya última decisión es del Gobierno.

Cuando se pasa el nivel crítico de embalses, se activa el estatuto de racionamiento y XM, la administradora del mercado, recomienda cuál es el nivel de los cortes, lo revisa el Consejo Nacional de Operación (CNO) y el Ministerio de Minas y Energía toma la decisión. El ministro Camacho anunció 15 medidas para enfrentar esta situación, entre ellas incentivos para el ahorro de energía, el ingreso de más de 250 MW adicionales de Termocentro –una térmica que no estaba en operación– y 100 MW de generación de renovables y excedentes de los grandes consumidores.

Sin embargo, para muchos, el Gobierno llegó tarde a enfrentar esta situación. Hace un año, la ministra Muhamad había advertido en SEMANA la aparición del fenómeno de El Niño, pero no se tomaron medidas a tiempo. Por ejemplo, si se hubieran incorporado hace semanas excedentes de la autogeneración de los industriales y limitar o suspender en ese momento las exportaciones de energía a Ecuador, se hubiera reducido la velocidad con la que han caído los embalses. Además, los incentivos para ahorrar también aparecieron tarde. Y desde el punto de vista regulatorio, solo hasta hace pocos días se nombraron los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Además, Termocentro es una planta a gas que no se prende desde 2019, fue propiedad de Isagén y luego vendida a unos inversionistas. Para encenderla se requieren unos 50 millones de pies cúbicos, cerca del 5 % del consumo de gas en el país. “¿De dónde va a salir el gas, máxime que no es una planta dual que funcione también con otro combustible?”, se pregunta un empresario del sector.

Para Castañeda, de Andeg, se sabía que el fenómeno de El Niño venía. “Este no ha sido El Niño más fuerte ni el más intenso. El sector ha pasado por cinco Niños en los últimos 30 años y no nos apagamos. Estamos en estas afugias por no tomar decisiones a tiempo”, manifestó.

¿Hora de intervenciones?

En medio de este revuelo, y con las alertas encendidas, una denuncia metió combustible a la hoguera: “He recibido información de que el Gobierno nacional estaría planeando intervenir a EPM. No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión, que sería catastrófica no solo para Medellín, sino también para Colombia. EPM hoy genera el 23 % de la energía del país. Pido al Gobierno nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta incertidumbre”, dijo, en su cuenta de X, el alcalde Federico Gutiérrez.

Aunque el ministro Camacho negó la denuncia y luego el alcalde Gutiérrez dijo que el Gobierno aclaró y que “no estarían pensando en esto”, esta situación es un secreto a gritos. “Como pasó en salud, pues este es el papayazo para que el presidente Petro meta mano con el argumento de que los privados no cumplieron. Preocupa que terminemos en un decretazo de emergencia económica, porque está el tema del agua, el de la salud y el eléctrico”, dijo con un empresario.

SEMANA consultó abogados especialistas en materia societaria y de intervenciones, quienes opinaron bajo el anonimato. “Una intervención, es decir, una toma de posesión de una compañía de servicios públicos, es la última medida, la más extrema que puede tomar el Gobierno, no la primera. Se reserva para casos en los que ya se ha intentado todo y nada ha funcionado. El bajo del nivel de los embalses no se resuelve con una intervención”, explicó uno de ellos.

Otro más advirtió que hay dos factores que pueden precipitar nuevas intervenciones. El primero, que el Gobierno no logre sus objetivos por la vía institucional y lo haga por vías indirectas. “Si no puede pasar la reforma a la salud, entonces interviene a las EPS y ahora, si no puede cambiar el régimen tarifario del sector de energía, es posible que propicie intervenciones, no para dar soluciones, sino para introducir una agenda política”, asegura la fuente.

Y el segundo factor es una crisis financiera u operativa. Al igual que las EPS, advirtió, la demora en los giros del Gobierno puede poner en riesgo a las empresas. “Por ejemplo, a las distribuidoras, si no les giran a tiempo los subsidios y el Estado no garantiza los pagos a tiempo del servicio por parte de entidades públicas. O si las ayudas prometidas, como los créditos de Findeter, se demoran. Las empresas estarían ahogadas por el mismo Gobierno”.

De hecho, un experto puso como ejemplo, una reciente decisión de la Creg, que interviene el despacho de energía de las térmicas. “Vía decreto están cambiando el sistema de energía”, dijo.

Por un eventual racionamiento de energía, ¿el Gobierno podría intervenir las compañías sin tener en cuenta su situación financiera? Un analista cita este argumento: “Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros, lo podría hacer”.

Y agregó: “En términos generales, ‘al papel le cabe todo’, por lo que predecir cuáles argumentos en específico serán usados por el Gobierno a la hora de intervenir compañías –si esta fuese su voluntad–, es ciertamente difícil. Dicho eso, hay que destacar que el racionamiento actual se da en el marco de un fenómeno de El Niño, cuya mitigación de efectos no es de entera responsabilidad de la compañía a intervenir”.

Con esa aclaración, el analista asegura que si el Gobierno quisiera intervenir a alguna compañía tendría que argumentar factores como que la inoperancia general de la empresa prestadora del servicio público se debe a sus administradores y dueños; que la intervención no es ni podrá ser vista en el futuro como una expropiación, para blindarse de futuras demandas; que la inoperancia del servicio no se debe a hechos del Gobierno y que la intervención se necesita para continuar con el servicio.

A todo esto se sumó el abrupto anuncio de decretar un día cívico para alivianar los consumos de energía y agua, el cual generó más suspicacias que ahorro.

Por ahora, el país espera que las lluvias lleguen y se espante el fantasma del apagón.