¿Cómo crecer?: La pregunta que deberán resolver los candidatos

La campaña electoral para 2018 se anticipó. Más de 30 candidatos hablan todo el día sobre mecánica política, justicia, paz y corrupción. Pero poco han debatido sobre economía, a pesar de que este es uno de los retos más grandes que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, que recibirá la olla raspada, un tren de gastos al tope, la locomotora minera varada y el crecimiento en bajo. Las campañas prefieren discursos con promesas demagógicas sobre reducir impuestos y aumentar gastos, pero la realidad del país requiere fórmulas más duras.

Las cifras resultan preocupantes. En el primer semestre del año, la economía solo creció 1,2 por ciento, el dato más bajo desde 2009. El equipo técnico del Banco de la República proyecta para todo 2017 un aumento del PIB cercano al 1,6 por ciento, un pronóstico similar al de los analistas locales e internacionales. No lograr siquiera el 2 por ciento de 2016 ya asusta e impone un enorme desafío a quienes aspiran a ocupar la Casa de Nariño en el próximo cuatrienio.

El país necesita nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo y estrategias para crecer en forma más rápida, no solo para mantener el actual ritmo de gasto del Estado, sino atender todos los compromisos derivados del posconflicto.

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Esta campaña vuelve vigente, para Colombia, la frase que hace 25 años, hizo célebre James Carville, asesor de Bill Clinton en la contienda electoral contra George W. Bush. El estratega lanzó el lema “¡Es la economía, estúpido!” para señalar en dónde se debía enfocar la campaña presidencial de Estados Unidos, sumido en aquel momento en una etapa de recesión. A partir de entonces, la expresión se popularizó y ha servido en todo el mundo para señalar la importancia del programa económico a la hora de votar por un candidato presidencial. Se trata, al fin de cuentas, de lo que afecta directamente a todos.

Por más relevante que sea el debate sobre la justicia especial para la paz (JEP), las encuestas demuestran que los electores quieren oír otras propuestas. En el tope de preocupaciones de los colombianos aparecen la salud, la educación, el desempleo. Lo que se podría denominar los asuntos del bolsillo, y no solo el crecimiento, aunque se entiende que una economía dinámica tiene más recursos para atender estas prioridades.

Hay reformas económicas y sociales sobre las que los candidatos deben hablar. Posponer las acciones urgentes puede enredar al país en materia fiscal y dificultar las acciones y planes de cualquier gobierno. En la lista corta figuran temas gruesos como el régimen pensional, la salud, el gasto público, los mecanismos de participación ciudadana (consultas populares), la propia gestión del Estado y la forma de distribuir los subsidios. Se trata de verdaderas bombas de tiempo. No son reformas que generan crecimiento inmediato, pero sacarles el cuerpo equivaldría a la situación de un paciente que va al médico, recibe un tratamiento exprés para el dolor, se alivia y luego, con el tiempo, tiene que volver al hospital agravado, porque no atacó el mal de raíz.

SEMANA habló con expertos economistas, analistas del mercado y empresarios sobre lo que esperan escuchar de los candidatos en materia económica. Más allá de reconocer que existen factores exógenos negativos en el entorno internacional, quieren saber cuáles serán las estrategias para crear condiciones favorables al crecimiento y a la competitividad; cuáles serán las apuestas sectoriales para crear nuevos motores que lideren la economía; y cuáles las reformas económicas y sociales que les propondrán a los electores para tener un país más equitativo, igualitario y sostenible fiscalmente.

Cómo crecer

Los expertos económicos sostienen que el crecimiento no se puede dejar solo en manos del manejo monetario, como muchos quisieran. Es decir, no hay que esperar que el Banco de la República, a punta de reducir tasas de interés, reactive la economía.

Tampoco es posible pretender que el estímulo fiscal, centrado en la inversión pública, impulse el vuelo, en especial en un panorama tormentoso de precariedad de las arcas del Estado. En otras palabras, las políticas macroeconómicas no alcanzarán para dinamizar la economía. El próximo gobierno necesitará pensar más allá y diseñar otros instrumentos.

El país espera las propuestas de los candidatos sobre qué hacer para que el crecimiento vuelva al PIB potencial (el nivel más alto sin acelerar la inflación), que hoy ronda el 3,3 por ciento, según el equipo de investigaciones de Bancolombia. La importancia del crecimiento del PIB es crucial. Que la actividad económica repunte significa menor desempleo y más renta per cápita. Según estudios, con una tasa de crecimiento de 2,5 por ciento la renta se duplica cada 28 años, y con una de 3 por ciento se duplica cada 23 años. Además, tras un aumento del PIB, los ingresos fiscales del Estado aumentan y eso es clave para un país con tantas necesidades y niveles altos de pobreza.

Para los analistas, primero hay que revisar el modelo económico basado solo en los

commodities. El choque que recibió el país con la caída de la renta petrolera por la descolgada de los precios internacionales del crudo dejó bien claro que hay que encender otros motores para que muevan la economía.

Y en este sentido, todos coinciden en priorizar la agroindustria. Se necesita una verdadera estrategia de desarrollo agrícola, innovadora y agresiva. Aún si la agricultura no tiene un impacto muy fuerte sobre el PIB –pues a medida que los países se desarrollan este sector pierde importancia– es absolutamente estratégica. Puede tener réditos muy importantes en materia de distribución del ingreso y en construcción de la paz.

Pero también hay quienes aseguran que Colombia tiene condiciones para convertirse en una potencia agroindustrial a nivel mundial, con un impacto exportador importante. Llegar a esto requiere de una verdadera política sectorial. Por ejemplo, cada vez toma más fuerza la idea de revivir el viejo Idema. Esta fue una de las instituciones relacionadas con el agro que más les sirvieron a los agricultores y cuando desapareció a finales de los años noventa surgieron problemas con los precios de sustentación en el mercado. Hoy, para muchos productos del campo uno de los cuellos de botella está en la comercialización.

Los empresarios están a la espera de las propuestas de los aspirantes a la Casa de Nariño para dinamizar el sector agropecuario. Quieren saber si ellos están dispuestos a dar las gabelas que este sector requiere, como ocurre en otros países. Sostienen que los candidatos deben dar señales muy claras –y no solo tributarias– para estimular la inversión en el agro.

El próximo gobierno podría tener en el turismo otro motor de crecimiento. Tiene un potencial enorme si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Está en los primeros lugares en número de áreas protegidas y en recursos hídricos. Tiene todos los pisos térmicos y una ubicación geográfica privilegiada y cuenta con los más bellos paisajes naturales que van desde páramos hasta inmensas llanuras, selva y desierto. Falta mucho para explotar todo el potencial, pero con una buena estrategia podría generar ingresos muy importantes y copar territorios otrora afectados por el conflicto armado. El actual gobierno se ha esforzado por impulsar este sector, pero el próximo cuatrienio será determinante para que tome el vuelo esperado. Pero, nuevamente, es necesario dar señales claras sobre las propuestas concretas que convenzan a los inversionistas y, por supuesto, a los turistas.

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Ahora bien, una economía diversificada, que dependa menos de los commodities, no puede darle la espalda al petróleo. En esta medida, los candidatos deberán comenzar a dar señales precisas sobre la política minero-energética que guiará al país en los próximos cuatro años.

Ante la ausencia de descubrimientos en los últimos años, Colombia está al límite de sus reservas probadas de petróleo. Un nivel de 1.665 millones de barriles, como dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), representa 5,1 años de autosuficiencia. (Los países comparables con Colombia están entre 8 y 10 años de reservas probadas).

Un quinquenio en la industria petrolera es un tiempo breve si se considera que luego de un hallazgo poner en producción un campo puede tardar de 4 a 6 años. Cusiana fue descubierto en 1988, pero solo afectó positivamente la producción del país desde 1992.

Por eso Colombia vive un momento crítico en el cual, si no toma las medidas necesarias para reactivar la inversión, podría perder la autosuficiencia petrolera en 2022. Esto significa que no habría suficiente crudo en Colombia para cargar las refinerías. Y no solo desaparecerían las exportaciones de petróleo, sino que tendría que importar combustibles.

Evitar un escenario tan dramático requiere una inversión del orden de 7.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años, algo que, en las actuales condiciones, será muy complicado. Al contrario de otros sectores que necesitan un gran esfuerzo fiscal para atraer la inversión, en este caso, se requiere sobre todo claridad regulatoria y reglas del juego.

Aunque en los próximos meses las compañías esperan las primeras licencias ambientales para comenzar a explorar yacimientos no convencionales (fracking), el nuevo gobierno deberá tomar una decisión pronta sobre si continuará o profundizará este tipo de desarrollos que enfrentan una dura oposición ambientalista. Pero, según expertos, al desarrollar este sistema, Colombia podría mantener la independencia en materia de combustibles. Obviamente, debe hacerlo con todos los estándares ambientales.

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Ahora bien, la infraestructura tendrá que seguir impulsando el crecimiento. Existe gran preocupación por las señales confusas percibidas hoy en materia de financiamiento, lo que podría afectar la buena marcha de las 4G. Quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que evitar que se descarrile este gran proyecto de desarrollo. Hay quienes sostienen que si hay que replantear y corregir el modelo, llegó la hora de hacerlo. Despejar el ruido que frena algunos cierres financieros de obras es indispensable para mantener el éxito del programa. Entre otras razones, porque este sí es un verdadero motor que impacta de manera positiva el PIB.

Faltan siete meses para la primera vuelta presidencial y los discursos no se han caracterizado por la seriedad en propuestas sobre cómo recuperar la senda de crecimiento y cómo corregir problemas estructurales que necesitan recetas impopulares. La demagogia puede ser más rentable desde el punto de vista de una campaña. Pero prometer ríos de leche y miel, en las circunstancias actuales –más gastos y menos impuestos–, se puede convertir en tratar de apagar el incendio con gasolina.

Las bombas fiscales que hay que desactivar: ¿quién lo hará?

¿Se comprometerán los candidatos presidenciales con las grandes reformas que necesita el país?

Hay una serie de reformas económicas y sociales que el país ha venido posponiendo, pero que el próximo presidente tendrá que poner en marcha. Cuatro de ellas no generan crecimiento inmediato, pero no hacerlas comprometería el futuro del país.

La primera tiene que ver con el régimen pensional. En esta materia no solo hay un problema de sostenibilidad financiera, sino un asunto de inequidad y baja cobertura. Según cálculos de la Anif, el país tendrá que destinar hasta 2050 alrededor de 114 por ciento del PIB de 2017 para atender las pensiones. Lo grave es que dos terceras partes de los 15 millones de personas mayores de 60 años que habrá a mitad de siglo no tendrán pensión. Toda una bomba social.

De los cerca de 40 billones de pesos que salen del presupuesto para pensiones, más del 70 por ciento va para regímenes vigentes como Magisterio, Fuerzas Armadas, Congreso y otros en marchitamientos como los departamentales y Cajanal.

Por su parte, Colpensiones, para atender a sus pensionados, debe también recibir aporte de la Nación en una suma de 10,5 billones de pesos. El régimen de prima media no tiene reservas desde 2003, lo cual quiere decir que para pagar las pensiones la entidad usa lo que los cotizantes pagan, lo que las personas traen de los fondos privados, pero tiene que pedir dinero de la Nación para completar. Y el subsidio implícito que hay en las pensiones del régimen de prima media amerita una reforma que corrija los desbalances y le dé sostenibilidad financiera al sistema.

Una reforma debería acabar con los regímenes especiales, los abusos al sistema de algunos sectores privilegiados y hacer que el sistema público se concentre en atender a los más pobres y vulnerables, y además tendría que propender por un aumento en la cobertura. Dado el alto desempleo y la informalidad del mercado laboral, la mayoría de los afiliados al sistema no alcanzarán a cumplir los requisitos de tiempo (semanas cotizadas) y montos para acceder a una pensión mínima. Se estima que casi el 60 por ciento de las solicitudes de pensión no llenan los requisitos.

No es un secreto que todos los candidatos quieren evitar hablar de medidas como cambiar parámetros, aumentar semanas, edad, tasa de remplazo o cotización. Son criptonita para un discurso de campaña. Pero casi ningún gobierno se atreve a meterle el diente al tema pensional, no porque desconozca su importancia, sino porque, en la práctica, no ofrece ningún beneficio fiscal en el corto plazo. Es decir, ninguna reforma le dará réditos a un gobierno en sus cuatro años. Pero eso no puede ser un pretexto para seguir pateando hacia adelante una reforma. Es importante comenzar a hacerle ajustes al sistema, pero eso implica pisar callos muy pesados. Y allí habrá que medir el compromiso de quienes aspiran a llegar a la Presidencia.

La segunda reforma tiene que ver con la salud. La interpretación del derecho a la salud de ‘todo para todos’, hace que el país tenga un sistema que gasta mucho más de lo que le entra y que, por lo tanto, está altamente desfinanciado.

A pesar de que la salud es el segundo rubro más alto del presupuesto, con cerca de 38 billones de pesos, los recobros muestran que tiene un déficit cercano a 2 billones de pesos. Aunque igualar los planes de beneficios de ambos regímenes (subsidiado y contributivo) significa un avance en términos de equidad, generan una presión adicional de gasto de 7,5 billones de pesos.

Por esto, el faltante del sistema podría estar alrededor de un punto porcentual del PIB. Y lo más apremiante es que el envejecimiento de la población aumenta la demanda de servicios, y el constante cambio tecnológico encarece tratamientos y medicamentos. Esos factores, sumados a gastos suntuarios, excesivos e ineficientes, entre otras fuentes de desequilibrio del sistema, seguirán acentuándose y la brecha irá en aumento. Si el gobierno no toma medidas, el gasto en salud podría duplicarse, como porcentaje del PIB, en los próximos 20 años.

El desequilibrio financiero del sistema se manifiesta en los constantes problemas que vive el sector, las altas deudas entre los actores del sistema y, sobre todo, en temas de acceso y baja calidad del servicio. Por esto, el sistema de salud tiene que evolucionar, buscar nuevas fuentes de financiación y trabajar seriamente en temas como la promoción y prevención.

Según algunos expertos, el 10 por ciento de la población y en especial los enfermos crónicos consumen el 80 por ciento del gasto en salud. El nuevo gobierno tendrá que decidir los ajustes que requiere el sistema y en especial enfrentar a quienes piden desmontar la Ley 100, algo que sería mucho más caótico.

Un tercer chicharrón que requiere especial cuidado tiene que ver con el gasto público y la distribución de los subsidios que entrega el Estado. El país destina 72 billones de pesos anuales en subsidios y hoy la pobreza y la desigualdad siguen muy altas. Una reducción más significativa será necesaria para consolidar la paz.

Desde 2012 la tasa de presupuesto supera la de crecimiento de la economía, pero esto no se ha traducido en una mayor equidad, es decir, el gasto no ha sido eficiente, lo cual acentuó las desigualdades y el crecimiento no ha beneficiado a toda la población.

Una propuesta para mejorar este gasto debería orientarse a focalizar mejor los subsidios, evitar que lleguen a personas pudientes y controlar a los colados que le hacen trampa al sistema. Aunque los subsidios pueden resultar perversos porque en algunas ocasiones acostumbran mal a la gente, sí han ayudado a que la tasa de pobreza multidimensional baje en Colombia. En cuanto al gasto, el desafío también está en lograr que el Estado sea más austero. Hay quienes dicen que con mayor eficiencia los ministerios podrían fácilmente reducir sus gastos en un 20 por ciento. Se trata de hacer lo mismo con menor presupuesto.

Un cuarto asunto que amerita atención urgente, pues genera ruidos adversos, tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana (consultas populares). A este asunto hay que encontrarle una salida rápida. Colombia está en una nueva etapa en la que necesitará millonarios recursos para apoyar el desarrollo y hacer sostenible la paz. Las consultas previas y ciudadanas han causado una gran incertidumbre jurídica en el sector privado. Al detener proyectos minero-energéticos, de infraestructura, carreteras, agroindustriales y puertos están ahuyentando a los inversionistas que el país necesita.

En el sector privado esperan escuchar la posición de los candidatos frente a este delicado, pero crucial tema. Porque hay que equilibrar la protección al medioambiente, los derechos de las comunidades y el aprovechamiento de la riqueza del subsuelo.