La agenda económica para el año legislativo que comienza

La pelea por las regalías

Tras lograr la aprobación en primera vuelta de la reforma al sistema de regalías, una de las prioridades de la próxima legislatura será lograr que se den los cuatro debates que necesita para convertirse en ley de la república. Esta iniciativa busca aumentar el giro de recursos por concepto de regalías que generan el petróleo, gas y minerales, para las regiones productoras y al mismo tiempo mejorar su ejecución a nivel nacional. El objetivo central es disminuir el creciente rechazo que hay en los territorios hacia la industria minera y petrolera y lograr que esos recursos se traduzcan en proyectos de mayor envergadura pues “es la forma de garantizar que se produzcan más regalías”, según ha dicho la ministra de Minas, María Fernanda Suárez.

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Las regiones productoras van a pasar de recibir 11 por ciento a tener al menos 25 por ciento y, según el Ministerio de Minas, este cambio no implicará una caída en el resto de territorios, que mantendrán su participación, sino que se disminuirá el nivel de ahorro. Por ahora, el Gobierno asegura que hay un buen ‘colchón’ de ahorro, de entre 12 a 14 billones de pesos para 2020.

Capitales para todos

El próximo 20 de agosto el Gobierno dará a conocer los resultados de una misión que convocó a comienzos de la administración para estudiar una nueva hoja de ruta que permita reactivar y potenciar el desarrollo de un mercado de capitales, de manera que responda con el tamaño y necesidades de financiamiento de la economía. En la actualidad, hay pocas empresas listadas en la Bolsa de Valores y la capitalización bursátil alcanza tan solo el 34 por ciento del PIB, nivel inferior al promedio histórico y al de otros países.

El objetivo de la administración Duque es comenzar a implementar las recomendaciones surgidas de dicha misión. Un mercado de capitales más dinámico es bueno para todos pues significa más opciones de financiamiento y expansión para las empresas, así como más posibilidades de inversión para las personas y fondos. Sin duda, robustecer el mercado de capitales es un complemento para la banca tradicional y un factor que potenciaría el desarrollo, la competitividad y la innovación en el país.

Protección a la vejez 

Aunque las pensiones son uno de los mayores gastos que hace el Estado –alrededor de 41 billones en 2019– estas tan solo benefician a cerca de 2,1 millones de personas, es decir tan solo una tercera parte de los más de 6 millones de colombianos que están hoy en edad de jubilación. Más grave aún es que dichas pensiones estatales terminan favoreciendo mayoritariamente a los que más tienen, una paradoja porque este gasto termina convirtiéndose en una de las mayores fuentes de inequidad en el país.

Ante esta baja cobertura, inequidad y alto costo para el Estado del sistema pensional, el Gobierno creó una Comisión de Reforma de Protección a la Vejez que está recogiendo los puntos de vista, preocupaciones y propuestas de los distintos grupos de interés (sindicatos, pensionados, gremios, centros de investigación, la academia, entidades multilaterales, jueces y partidos políticos). El objetivo es llevar una reforma al Congreso lo más concertada posible. El Gobierno puso algunas líneas rojas como que no aumentará la edad y se respetarán los derechos adquiridos.

Presupuesto 2020

La distribución del Presupuesto General de la Nación siempre es uno de los temas más controversiales y su discusión se convierte en una verdadera “batalla” por los recursos, siempre con quejas desde distintos sectores que ven recortadas sus pretensiones o anhelos. El presupuesto del 2020 no será la excepción. La discusión podría ser mucho mayor este año puesto que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya ha anunciado que proseguirá con su estrategia de ajuste del Gasto Público. El presupuesto del 2018 fue de 235,6 billones de pesos y el aprobado para 2019, que todavía está en ejecución, es de 258,9 billones. Como ya se habla de grandes recortes, es previsible que el presupuesto de 2020 sea muy similar –o incluso por debajo en términos reales– al de este año.

Anticorrupción

La caída de las normas anticorrupción como la eliminación del beneficio de prisión domiciliaria a servidores públicos corruptos, impulsadas en la Consulta anticorrupción que obtuvo más de 11,7 millones de votos –aunque no quedó aprobada–, desataron una gran polémica y fue considerado uno de los mayores fracasos de la anterior legislatura. Por esto, una vez se cayeron por algunos absurdos errores de procedimiento durante la conciliación, el Gobierno se apresuró a anunciar que presentaría de nuevo una reforma anticorrupción. Sin duda, el tema de la lucha contra este flagelo es uno de los que más le “duele” a la ciudadanía porque golpea directamente el bolsillo de todos los colombianos.

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