Alarma de apagón: los distribuidores de energía alertan sobre problemas financieros que pueden desembocar en un racionamiento. Pero no es la única preocupación

Asocodis, gremio que agrupa a los distribuidores y comercializadores de energía, envió una carta esta semana al Gobierno que despertó, nuevamente, los fantasmas del racionamiento que vivió el país hace 30 años. La misiva alerta sobre un grave problema de recursos que tienen sus afiliados, los cuales atienden casi a la totalidad del mercado colombiano.

Este ha sido un nuevo elemento de la tormenta eléctrica que vive el sector por las preocupaciones originadas en las dificultades para el desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales de La Guajira. Inicialmente, por tensiones sociales y ambientales, luego por problemas técnicos en las líneas de transmisión que podrían obligar a cortes preventivos en algunas regiones del país y recientemente por los impactos que pueden tener los decretos de emergencia económica en La Guajira. A todo esto, se suma el nuevo aplazamiento en la subasta de energía para garantizar la oferta en cuatro años. Esto sin contar las presiones en las tarifas de energía y los golpes que pueda dejar el fenómeno de El Niño.

El más reciente capítulo de los distribuidores y comercializadores deja en evidencia lo apretado de sus cuentas. Por un lado, los recursos de los subsidios que a julio les adeudaba el Gobierno de 1,19 billones de pesos. Estos jugadores de la cadena de energía pagan los subsidios a la espera de que el Gobierno les desembolse, pero el modelo tiene tres problemas: uno de caja para las empresas, otro de tiempos en los giros y uno más que en ocasiones, como ahora, no están apropiados los recursos en el presupuesto general de la nación. De hecho, según la comunicación de Asocodis, a pesar de la adición presupuestal, aún existen recursos sin apropiar por 1,2 billones de pesos.

De otro lado, las deudas de usuarios constitucionalmente protegidos –como cárceles y hospitales– y alumbrado público suman 911.000 millones de pesos. Un problema adicional, y tal vez el más complejo, ha sido la aplicación de la opción tarifaria, que permite diferir los aumentos de precios en el tiempo, pero que con la pandemia tuvo un punto de quiebre, a lo que se sumaron las medidas del pacto tarifario del año anterior. Esto ha representado una acumulación de saldos que a corte del 31 de julio de este año ascendía a 4,9 billones de pesos.

Además, hay preocupación por las implicaciones de los decretos de emergencia económica para La Guajira –en revisión de la Corte Constitucional–, entre los que está la suspensión temporal de la obligación de suministro de energía de los contratos suscritos en las subastas, asociados a los proyectos de ese departamento. Para el gremio, esto llevaría a que las empresas comercializadoras tengan que adquirir la energía no despachada en estos contratos en la bolsa de energía, “incrementando significativamente los precios de compra”.

Esta situación llega cuando el fenómeno de El Niño toca la puerta y no solo amenaza el agua de los embalses para la generación en los próximos meses. Ya los precios de la energía en la bolsa superan los 800 pesos por kilovatio, comprometiendo la liquidez de algunos comercializadores. Según Asocodis, algunas empresas ya tienen niveles de exposición a bolsa cercanos al 50 por ciento o incluso superiores.

Los cálculos del gremio advierten que el valor de ese apagón financiero en la actualidad se acerca a 7,2 billones de pesos, que equivalen a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización de todas sus empresas afiliadas. Si las condiciones continúan hasta diciembre de 2023, los saldos por recuperar de la opción tarifaria pasarían de 4,9 billones de pesos a cerca de 7 billones para diciembre de este año, que sumados al tema de subsidios y otras deudas, podrían ser cercanos a 10,5 billones de pesos.

El Ministerio de Minas y Energía respondió con créditos de Findeter, que se calculan en un billón de pesos, y, además, el giro de hasta medio billón de pesos de subsidios “para garantizar que las empresas tengan recursos” y hacer frente a la llegada del fenómeno de El Niño, dijo el ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, en un debate en la Comisión Quinta del Senado. Y aseguró que el Gobierno no permitirá que el país enfrente problemas en el suministro de energía.

No se trata solo de un “apagón financiero”. Algunas empresas quedarían inviables por insolvencia, “originando un riesgo sistémico con potencial afectación a la prestación del servicio de energía para todos los colombianos, ya que cesarían los pagos a los demás eslabones de la cadena (...) y ante un escenario de escasez hídrica nos enfrentaremos a un apagón no por temas energéticos, sino por temas financieros”, dice el gremio.

La carta aparece unas semanas después de una advertencia de XM, la administradora del mercado. Debido al incremento en la demanda de energía, las redes de transmisión regional presentan agotamientos en múltiples zonas del país, en especial en seis departamentos de la costa atlántica y Chocó. “Sin la oportuna ejecución de las obras de transmisión y distribución (propuestas, planeadas y en ejecución), serán necesarios cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, dijo XM.

También el Consejo Nacional de Operación llamó la atención del Ministerio de Ambiente sobre la necesidad de destrabar el proyecto de transmisión de Virginia-Nueva Esperanza, clave para el centro del país y evitar así racionamientos en Cundinamarca, Meta y Bogotá. De igual manera, ha hecho advertencias sobre dificultades en otras regiones.

Además, en La Guajira hay cerca de 22 proyectos de renovables no convencionales que tienen retrasos de entre dos y tres años, por las tensiones sociales y ambientales con las comunidades, que han dificultado el desarrollo de los cerca de 2.500 megavatios programados. Ya uno de los proyectos, de Enel, quedó suspendido y otros están en el congelador.

El hecho más reciente fue la decisión de un nuevo aplazamiento de la subasta del cargo por confiabilidad que iría para febrero del año entrante. Muchos inversionistas están a la expectativa de las propuestas que se incluyan en la reforma de la ley de servicios públicos que ha anunciado el Gobierno y en las señales que generen tranquilidad para la inversión.

El cambio de cronograma no ha tenido una explicación profunda del Gobierno. Sin embargo, distintos analistas consultados por SEMANA coincidieron en que esta determinación estaría relacionada con los decretos de emergencia económica de La Guajira y la posibilidad, contemplada en ellos, de que Ecopetrol entre a participar en los proyectos de energías renovables no convencionales, situación que hoy no permite la ley, pues no autoriza una operación integrada de generación con transmisión y la estatal petrolera –con la adquisición de ISA– quedó bloqueada para entrar al negocio de generación.

Aunque en los decretos se establece que los proyectos que se hagan en esa región se benefician del cargo por confiabilidad, algunos de los que están hoy ya tienen asignaciones entregadas en 2019, pero se vencen en los próximos meses.

En ese escenario, la situación obligaría a que se ejecuten las garantías y, como el proceso de subasta se corre unos meses, estos proyectos podrían volver a participar de la subasta, pero incluso con un nuevo dueño, Ecopetrol, que entraría a competir por algunos de esos proyectos.

Por ahora, la tensión sigue en su punto más alto a la espera de que los vientos de la tormenta empiezan a calmarse.