Alerta de apagón en Colombia: SEMANA revela cuáles son los factores que tienen en riesgo la seguridad energética del país y que pueden dejar sin luz a los colombianos

Es la suma de todos los males. Precios altos, la inminencia de un fenómeno de El Niño intenso y duradero; cambios en la regulación que generarían transformaciones en las reglas del juego; bloqueos que ponen en jaque las centrales de generación; preocupaciones de los inversionistas locales e internacionales; profundas dificultades entre los distribuidores, un eslabón clave en la cadena; y los proyectos de energías renovables que todavía no despegan con fuerza. Esta mezcla se convirtió en una tormenta perfecta que revive el fantasma del apagón que golpeó a Colombia hace 30 años.

El riesgo de un racionamiento existe, es real. Todo dependerá de cómo maniobre el presidente Gustavo Petro para evitar que Colombia quede en la oscuridad. Pensar que un corte eléctrico pueda presentarse en el país enciende todas las alarmas, especialmente porque el aparato productivo se vería gravemente afectado en un momento en que los colombianos aún no se recuperan por completo de los estragos de la pandemia y afrontan los coletazos de una economía mundial en problemas.

No es una advertencia nueva y algunos factores ya se habían empezado a develar. XM, la firma que administra el mercado de energía, señaló, por ejemplo, las dificultades en las redes de distribución en algunas regiones del país, especialmente en la costa Caribe y el Chocó, que podrían forzar racionamientos de energía.

De hecho, un empresario del sector eléctrico en la costa Caribe le confirmó a SEMANA que ya se están programando cortes puntuales en algunas zonas por las dificultades en estas redes.

Alejandro Castañeda, director de Andeg, gremio de los generadores del sector térmico, dijo que están preparados para enfrentar el fenómeno de El Niño, pero reconoció que hay dificultades en la red de distribución en algunos departamentos.

Funcionarios que incluso pasaron por el mismo Gobierno ya habían encendido las alarmas. Belizza Ruiz, quien fuera viceministra de Energía en esta administración, advirtió de un posible apagón en Bogotá por dificultades en el desarrollo de proyectos y obras en las redes de transmisión y subestaciones que alimentan a la capital. “Imaginemos a Bogotá sin energía eléctrica, muy grave. Yo solo recibí la alerta y creo que son asuntos que hay que atender”, le dijo Ruiz a SEMANA tras salir de su cargo.

Otros han sido reiterativos y han estado vigilantes frente a la posibilidad de un racionamiento que reviva los fantasmas de tres décadas atrás. Uno de ellos es el senador de Cambio Radical David Luna, quien ha advertido sobre la amenaza de un apagón en el país, en especial, por los retrasos que muestran los parques eólicos y solares, que ponen en riesgo la suficiencia energética nacional. “Ojo con el apagón”, ha dicho.

El exministro Diego Mesa reconoce que la situación del sector eléctrico se torna más compleja, a la que se suman restricciones en el suministro de gas en el Caribe, generando preocupaciones en el mediano plazo. Destaca que durante su gestión en el gobierno pasado se hizo una subasta de cargo por confiabilidad en los primeros seis meses y dos subastas de renovables para diversificar la matriz energética. Llamó la atención que, ante la coyuntura actual y las complejidades propias del sector, es urgente una gestión eficiente y técnica desde la política pública y la regulación.

Estas son las variables críticas que atraviesa el país y que han producido en el sector eléctrico un verdadero cortocircuito.

Sequía hasta abril

El fenómeno de El Niño en Colombia sería muy fuerte. La probabilidad de que la sequía azote es del 71 por ciento, según la más reciente declaración de la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, entidad desde la cual se monitorea el evento climático.

Las altas temperaturas se intensificarán entre noviembre y enero y crece cada vez más la posibilidad de que El Niño se prolongue hasta abril, dijo el Ideam.

Un informe de la calificadora Moody’s advirtió que las naciones de América Latina tienen menos fuerza financiera para hacer frente al fenómeno meteorológico en comparación con el ocurrido en 2016, la última vez que se hizo presente. Ahora, después del choque de la crisis sanitaria de hace un par de años, hay bajo crecimiento de las economías, acumulación de deuda y pago de esta con intereses más altos, por lo que el coletazo puede ser mayor.

Con las facturas del servicio de energía no habría escapatoria. En ellas se vería reflejado el efecto de la sequía, ya que aumentan los costos de producir electricidad. Todo, porque la energía más barata es la hidroeléctrica, que, además, es la principal fuente del país y al disminuir los niveles de agua también se reduce la generación, necesitando así echar mano de la energía térmica, mucho más costosa de producir.

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, le pidió al Gobierno revisar las condiciones de intercambio de energía eléctrica con Ecuador dada la actual coyuntura energética del país. “Aunque hasta ahora tenemos energía suficiente para superar el fenómeno de El Niño, debemos cuidar nuestros recursos (agua y gas) por lo que pueda presentarse en los próximos meses”.

Destacó que las lluvias en septiembre fueron de 55,87 por ciento, “lo que representa el peor registro de un mes de septiembre en la historia”, dijo Gutiérrez en su cuenta en X.

Y agregó: “No podemos predecir el impacto de El Niño sobre la disponibilidad de nuestros recursos, pero la realidad es que nos estamos gastando el agua de los embalses a mayor velocidad de lo que se están llenando. Por eso, nuestra prioridad debe ser garantizar el abastecimiento desde hoy y durante los próximos meses, en los cuales se sentirá con mayor intensidad el fenómeno de El Niño”.

Distribuidoras, maniatadas

El sector eléctrico colombiano está en cortocircuito. Los distribuidores, el eslabón de la cadena que les brinda el servicio a los hogares, atraviesan dificultades financieras por cuenta de la llamada opción tarifaria, un mecanismo activado durante la pandemia a fin de que los usuarios sin recursos para pagar la factura pudieran continuar con el servicio, con el compromiso de amortizar la deuda en el futuro.

Sin embargo, no cumplieron. Hay un saldo pendiente superior a los 5 billones de pesos, lo que puso contra las cuerdas a los comercializadores, quienes tienen que comprar la energía, lo que pueden hacer de dos maneras: por contratos de largo plazo con las generadoras o en bolsa, donde el precio es más alto.

Pero al que no tiene plata no le fían, y justo el déficit en las comercializadoras de energía se presenta en el momento en el que se viene un fenómeno de El Niño, que amenaza con ser agresivo en términos de sequía, lo que ya ha venido incrementando el consumo. Se ha activado una línea de crédito de Findeter para entregar recursos de manera directa y con subsidio a la tasa de interés únicamente para las empresas que se hayan acogido al programa de la opción tarifaria.

El lío es que, mientras se adelantan los trámites, el precio de la energía sigue subiendo. De hecho, XM, que opera el sistema interconectado nacional, informó que el 5 de octubre el precio en bolsa llegó a 1.051 pesos/kilovatio hora, lo que implica que sobrepasó el denominado precio de escasez, que es de 1.047,65 pesos/kWh.

Para los expertos, ya se habría llegado a una situación crítica en el sistema eléctrico, mientras se mantiene el atraso en el plan de expansión.

Alrededor del apagón financiero de las comercializadoras de energía, la Superintendencia de Servicios Públicos confirmó que 20 empresas incumplieron sus obligaciones, por lo que ya se empieza a hablar de restricciones en la prestación del servicio.

Entre tanto, XM divulgó un informe con el cual lanzó una alerta, pues al menos 17 comercializadores tendrían problemas de liquidez, lo que se llevaría por delante, por efecto dominó, al menos a una treintena de compañías de la cadena de energía.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ante el informe de XM y las dificultades de las empresas distribuidoras, el apagón financiero y el efecto dominó que se pueda generar, dijo en La W: “El informe de XM lo conocemos desde hace mes y medio y es un análisis de escenarios para prepararnos, tener la planeación suficiente y tomar medidas (…) hemos estado girando los subsidios a las comercializadoras para que tengan la caja suficiente que les permita tener mínimas condiciones”.

Agregó que en términos de energía los datos muestran que el país tiene el cubrimiento suficiente, “así que el tema más importante que estamos atendiendo es el financiero para que las empresas puedan superar el fenómeno de El Niño. Nosotros no estamos viendo un apagón en términos de energía, estamos viendo unas dificultades económicas y financieras de las empresas frente a las cuales estamos desarrollando un paquete de medidas que nos permita ofrecerle al país la garantía de no tener ninguna afectación”, dijo.

Renovables, sin corriente

La francesa EDF Renewables renunció a su proyecto solar de 50 megavatios en el centro del país por los retrasos en los permisos y en licencias ambientales, así como por los cambios regulatorios e impositivos. La firma siguió el mismo camino que Enel Green Power, que hace unos meses suspendió el proyecto Windpeshi, en La Guajira.

El panorama de los proyectos de energías renovables no convencionales es complejo. Un reciente análisis de SER Colombia, el gremio que agrupa a las empresas de este sector, advierte que, de un poco más de 4.000 megavatios que deberían entrar en operación a más tardar en el primer trimestre del año entrante, apenas lo harán cerca de 1.000 megavatios y gran parte de los restantes se irán hacia 2025. Este es el panorama de 85 proyectos que están mapeados, pero entrarían apenas 15. Hoy hay 473 megavatios de capacidad instalada operando, de los cuales 200 entraron este año.

Sin embargo, estas cuentas no incluyen los proyectos de La Guajira, que suman cerca de 2.000 megavatios adicionales, pero cuyas operaciones entrarán más allá de 2025. La línea Colectora apenas terminó sus consultas previas y faltan las fases de licencia ambiental y la de construcción. Y las empresas tienen también retrasos, pero tampoco se justifica avanzar en la obra si no hay línea disponible.

“Seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo por llegar a la primera giga de renovables (1.000 megavatios). Pero el camino es largo, las cifras oficiales del Gobierno indican la inminente necesidad de que antes de 2027 crezca la capacidad de generación de energía eléctrica para atender las necesidades de consumo de los colombianos”, dijo Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia.

Ella agregó que las renovables son una excelente opción para atender esa necesidad porque cumplen tres grandes requisitos: bajas emisiones, costos competitivos para los usuarios y tiempos de construcción relativamente cortos. “Pero los tiempos de trámites excesivamente largos versus la complejidad técnica de los proyectos están demorando la materialización de esta alternativa energética”, agregó Hernández.

Precio de energía en bolsa, un corrientazo

Según XM, esta semana el precio de energía en Bolsa superó el llamado precio de escasez y tocó techos por encima de los 1.050 pesos por kilovatio hora. El impacto del fenómeno de El Niño se está sintiendo en las tarifas y en el futuro lo hará sobre los embalses.

Esto tiene un efecto complejo para los distribuidores y comercializadores que no están cubiertos con contratos de largo plazo y que tienen que atender su demanda comprando la energía en la Bolsa. En promedio, los distribuidores tienen un 80 por ciento de energía en contratos y el resto lo adquieren en la Bolsa.

Sin embargo, muchos de estos distribuidores, en especial del sector público, están expuestos a casi un 50 por ciento en Bolsa. A esto se suma el efecto de los atrasos en la entrada en operación de los proyectos de energías renovables. Los distribuidores y comercializadores no pueden trasladar estos incrementos a los clientes en un solo movimiento, sino en periodos de 18 meses, presionando aún más su operación financiera.

“Cuando el precio de la energía en Bolsa supera el llamado precio de escasez de activación, significa que el costo de la electricidad se ha elevado significativamente debido a la escasez de oferta o a una alta demanda, ya que el precio de escasez de activación es un umbral establecido para activar medidas de emergencia que garanticen el suministro eléctrico en momentos críticos”, explicó Esteban Quintana, CEO de la firma Klik Beyond Energy.

Bloqueos a la generación

Aunque la emergencia ya fue superada, las alertas están encendidas. Esta semana, EPM advirtió que la vida de más de 3.000 trabajadores y contratistas que laboran en Hidroituango y la seguridad energética del país estuvieron en riesgo por el bloqueo en las vías que llevan a la central hidroeléctrica.

Como medida de presión, un grupo de personas no permitió el acceso a la obra hasta que la empresa dispusiera de buzos en la búsqueda de dos personas que desaparecieron en la desembocadura del río San Andrés al embalse. EPM logró un acuerdo con la comunidad y se levantó el bloqueo.

Sin el mismo despliegue mediático, hace unos días las plantas térmicas de Gecelca en la costa Caribe también fueron bloqueadas durante cerca de cuatro días. Hace unos meses pasó lo mismo con la central de El Guavio y la comunidad protestaba por las vías de la región. Limitar el acceso a los proyectos de generación estratégicos podría poner en jaque los despachos de energía y la prestación del servicio.

Regulación: ¿En riesgo matriz energética?

Brookfield, una plataforma de inversión global, dueña en Colombia de Isagén, le envió una carta al ministro de Comercio, Industria y Turismo, advirtiendo una serie de preocupaciones sobre las modificaciones que se están dando al Mercado Mayorista de energía eléctrica y que, en su concepto, “resultarían contrarias a los estándares de protección de la inversión a los que se ha comprometido Colombia”.

Según la compañía, se emiten directrices de política pública que afectan la autonomía de las empresas para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa y en uno de los proyectos de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se anuncian medidas que privan, efectivamente, a los generadores del derecho a ser remunerados por la prestación del servicio de energía eléctrica.

“Estas medidas contravienen los postulados básicos del marco regulatorio colombiano y las expectativas legítimas bajo las cuales Brookfield realizó inversiones en la República de Colombia”, dice la misiva y advierte que “causarán cuantiosos perjuicios” y “podrían poner en riesgo la confiabilidad de la matriz energética”.

Para el exministro José Manuel Restrepo, la carta “tácitamente abre espacio a una reclamación en el marco del tratado de libre comercio”.

¿Y la Creg…?

El panorama para el sector de energía no es nada sencillo. Se requieren medidas urgentes y la comisión de regulación del sector se mantiene en interinidad, sin que se tomen decisiones definitivas sobre sus integrantes: hay tres en encargo y se les vence el periodo en este mes.

José Fernando Prada, quien era comisionado desde 2019 y asumió como director de la Creg en noviembre de 2022, renunció luego de concluir su periodo de cuatro años.

En septiembre de este año, a través de un decreto, se modificó el reglamento de la Creg para que el quorum decisorio se pueda conformar con cinco integrantes (con al menos uno de los tres puestos de funcionarios del Gobierno), pero en ningún caso se alcanzaría ese número, pues son tres expertos que no pueden volver a quedar en encargo y Prada se retira.

Las tarifas en el Caribe

Las tarifas de energía para los colombianos han sido un dolor de cabeza en los últimos meses, pero nada como en los departamentos de la costa Caribe, región en la que se estableció un régimen tarifario especial, aprobado en el Plan de Desarrollo de la administración anterior. Con base en esa normatividad, a las empresas Afinia y Air-e, que prestan el servicio en reemplazo de Electricaribe, les fueron autorizadas –por parte de la Creg– tarifas que incluían el cobro por la llamada pérdida eficiente, lo que incrementó el costo de la factura a los ciudadanos.

La medida, de carácter transitorio, tendría vigencia hasta 2025, con lo cual los usuarios asumen las pérdidas técnicas (relacionadas con la operación del sistema eléctrico) y las no técnicas, es decir, el robo y fraude para acceder al consumo. En otras palabras, pagan justos por pecadores.

Por supuesto, la norma fue demandada y el Consejo de Estado admitió los argumentos que pretenden declararla inconstitucional. En ese sentido, las pérdidas por robo no podrían ser trasladadas al usuario. La Corte Constitucional establece que el servicio de energía es esencial, pero su alto costo estaría impidiendo el acceso.

Por eso, el exministro de Minas Amylkar Acosta dijo que celebra que el Consejo de Estado haya admitido la demanda sobre lo que considera “un atropello contra el usuario. Auguramos que se haga justicia desmontando esta clavija”.

¿Subasta sin Apetito?

Mientras que la demanda viene creciendo, la oferta de energía no lo hace a la misma velocidad y ya los analistas prevén que para 2026, si no entran nuevos proyectos de generación, podría haber un descalce en las cuentas. La subasta que estaba programada en principio para este segundo semestre se fijó para el primer trimestre del año entrante.

Para muchos, el aplazamiento obedece al interés de permitirle a Ecopetrol que entre a participar del negocio de generación. Hoy no lo puede hacer, pues tiene en su portafolio a ISA, que es transmisora de energía, y la ley no permite la integración.

De hecho, en los decretos de emergencia económica de La Guajira se contemplaba esa posibilidad, pero no hay claridad aún sobre los alcances del fallo. Y se estima que en las próximas semanas se volverá a presentar en el Congreso un proyecto de ley autorizando la integración vertical para el caso de Ecopetrol.

La idea es que la petrolera vaya al rescate de los proyectos renovables, que se estarían quedando en el camino. Sin embargo, la preocupación es que, con los mensajes que está enviando el Gobierno en la modificación de las reglas del juego e, incluso, con la transformación de la ley de servicios públicos, el apetito por la subasta podría ser bajo y los inversionistas hoy parecen estar a la expectativa.