Alerta por decreto que da poderes exorbitantes al Ministerio de Ambiente. El gremio minero cuenta en SEMANA sus peligros

SEMANA: ¿El gobierno firmó, el pasado 30 de enero, un decreto que levantó alarma en su sector. ¿De qué se trata?

Juan Camilo Nariño: El decreto fija los lineamientos para que el Ministerio de Ambiente, basándose en criterios amplios y ambiguos, sin contar con la participación efectiva y real de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) o las autoridades territoriales, sin la realización de estudios técnicos y académicos rigurosos, declare zonas de reserva ambiental temporal en cualquier parte del país y al ser declaradas, suspender las actividades mineras en esa parte del territorio colombiano.

El decreto no cuenta con los elementos para que estas decisiones sean objetivas y rigurosas, sino que, por el contrario, premia la subjetividad a la hora de tomar decisiones públicas y va en contra de la descentralización en los asuntos ambientales, económicos y del ordenamiento del territorio. Subjetividad que afectará a miles de familias en todo el país. Pequeños mineros, medianos y grandes.

De tal manera que el decreto lo que dice, en últimas, es que por un periodo de hasta de diez años el Ministerio en Bogotá, puede decretar áreas de reserva ambiental temporal, en las cuales se suspenderían las actividades mineras. Tiempo en el cual, ahí sí se deben adelantar los estudios necesarios, se solicitará la participación efectiva de los entes territoriales y se determinará si, efectivamente, esa área determinada diez años atrás de manera subjetiva y sin criterios específicos, debe tener un carácter real de protección ambiental o no.

SEMANA: ¿Ustedes participaron con sus comentarios en el decreto? ¿Fueron escuchados?

Juan Camilo Nariño: Sí enviamos comentarios, y no solo nosotros, el Ministerio recibió más de 400 comentarios (incluso de entes de control, con fuertes llamados de atención), que sugerían una revisión rigurosa del tema, pero no fueron acogidos.

Tampoco se generaron espacios de diálogo ni participación, a pesar de las solicitudes que le hicimos al Ministerio de Ambiente. Yo le hago un llamado al Gobierno para que las decisiones vía decreto que afectan el futuro de miles de familias colombianas sean debatidas ampliamente, de manera transparente y con un diálogo efectivo. Este decreto afecta el futuro de miles de pequeños mineros, muchos de ellos enviaron comentarios, nosotros recogimos muchas de esas preocupaciones a través de la Cámara de Pequeña Minería de la Asociación. Ninguno de esos comentarios, ni preocupaciones, fueron tenidos en cuenta. Esta decisión implica un retroceso para los procesos de formalización minera y el futuro de la pequeña minería en el país.

SEMANA: La ministra dice que el decreto lo que hace es cumplir con una sentencia del Consejo de Estado...

Juan Camilo Nariño: Este decreto desborda la orden del Consejo de Estado, ya que lo que ordenó ese fallo es aplicar el Decreto 1374 de 2013 y el art. 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, y no expedir una nueva regulación con criterios distintos, efectos más gravosos y generando más incertidumbre e inestabilidad.

El artículo 47 es claro en relación con el respeto a los derechos adquiridos, este decreto, por el contrario, los desconoce. El acto expedido por el Gobierno, le da un alcance mayor y distinto a las normas a las que se refiere el fallo.

SEMANA: ¿Cuáles son las preocupaciones?

Juan Camilo Nariño: Que este decreto da carta blanca para que, como expliqué anteriormente, sin rigor, ni participación efectiva de las comunidades involucradas, el Ministerio de acá en adelante, por los años que vienen, pueda decretar áreas de reserva ambiental y suspender la actividad minera en cualquiera de sus fases: exploración y/o producción, desconociendo los derechos adquiridos y el ordenamiento jurídico actual.

Por otra parte, aleja la inversión extranjera, compromete la generación de empleo, afecta el dinamismo económico y social en los municipios mineros y aumentará la extracción ilícita de minerales que financia a bandas criminales y usa mercurio, sustancia que la minería formal no usa hace varias décadas.

Este decreto va además en contra vía de las políticas del presidente Petro, en relación con el cambio climático y el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Los paneles solares, la generación eólica, las baterías de los carros eléctricos, entre otras cosas, necesitan más minerales.

Una de las principales restricciones que existen hoy en día para cumplir con los compromisos mundiales de reducción de las emisiones de gases efecto invernadero es el abastecimiento de minerales críticos y estratégicos. Debido a esta escasez, los países productores de minerales están emitiendo nueva reglamentación que permita dar mayor seguridad a las inversiones mineras y, por el contrario, acá se está haciendo todo lo opuesto.

SEMANA: ¿El decreto afecta a más sectores además del minero?

Juan Camilo Nariño: El decreto solo afecta y restringe las actividades mineras en el país. Ningún otro sector económico.

SEMANA: ¿Qué implica el decreto para los proyectos mineros en curso?

Juan Camilo Nariño: Una profunda incertidumbre respecto a sus derechos adquiridos y a la estabilidad de sus operaciones, ya que el decreto dice que si se determina un área de reserva temporal (nada menos que por 10 años), las autoridades ambientales no pueden otorgar ningún tipo de permisos ni licencias. Todos los proyectos mineros en producción y exploración deben permanentemente solicitar permisos a las autoridades para cumplir sus compromisos y así mantener sus operaciones.

SEMANA: ¿Qué van a hacer frente al decreto?

Juan Camilo Nariño: Vamos a evaluar todas las opciones posibles e insistiremos en que este tipo de medidas deben ajustarse al ordenamiento jurídico y, sobre todo, a los principios de participación efectiva y de la descentralización administrativa.