Aliste la chequera

Los colombianos llevan tres meses levantándose todos los días con una reforma tributaria distinta. Han sido tantas las propuestas que se han ventilado en la discusión de este proyecto de ley, y tantos los cambios que el propio gobierno le introdujo, que a muchos los empezó a asaltar la ansiedad tributaria. Esto es, la sensación que tiene un contribuyente cuando está seguro de que le van a cobrar más impuestos pero no sabe de qué tamaño será el golpe ni de dónde vendrá.

El martes pasado, cuando las comisiones económicas del Congreso aprobaron el proyecto en primer debate, por fin empezó a quedar claro de qué calibre será la reforma. Ahora sólo restan las votaciones finales en las plenarias, previstas para fines de esta semana, en las cuales podría haber algunos cambios sorpresivos aunque es probable que se preserven las líneas generales del texto aprobado.

Lo primero que salta a la vista de la reforma tributaria es que el gobierno está cumpliendo apenas parcialmente los tres objetivos primordiales que se había planteado: recoger más dinero, ponerle IVA a más bienes y servicios y reducir las exenciones al impuesto de renta.

En lo que tiene ver con los recaudos, el proyecto original de reforma sufrió una peluqueada. El gobierno había propuesto que en el futuro los contribuyentes no pudieran deducir de su impuesto a la renta todos los tributos que pagan localmente como, por ejemplo, el predial. Pero la mayoría de los congresistas rechazó la proposición. Esto significa que, frente a las metas originales de recaudo fiscal, se recibirán cerca de 300.000 millones de pesos menos cada año.

Algo similar ocurrió con la cerveza. El gobierno quería subirle el IVA a este producto, con la oposición de Bavaria. En las votaciones finalmente se impuso el criterio de la empresa, lo cual le significará al fisco menores ingresos por cerca de 65.000 millones de pesos anuales frente a las proyecciones iniciales.



Puntos sensibles

El gobierno logró ampliar el número de productos con IVA, aunque no tanto como hubiera querido. La propuesta inicial consistía en dejar totalmente exentos unos pocos productos de alto impacto en el bolsillo de los consumidores, como arriendos de vivienda, educación, servicios públicos, medicamentos, carne, pollo y varios otros alimentos. El resto de bienes y servicios que hoy están excluidos del impuesto, como los arrendamientos comerciales, la medicina prepagada o los gimnasios, quedarían gravados con un IVA diferencial del 5 por ciento a partir del año entrante, que subiría al 8 por ciento en 2005.

En las discusiones con los congresistas se abrió paso la idea de ampliar el número de bienes exentos (ver recuadro), y para compensar estos menores ingresos se decidió que aquellos nuevos productos que sí quedarán gravados tendrán una tasa no ya del 5 por ciento sino del 7 por ciento, que subirá a 10 por ciento en 2005.

Pero el tema del IVA no paró ahí. Cuando la discusión parecía superada el gobierno acogió una propuesta de origen parlamentario para aplicarle, a partir de 2005, un IVA del 2 por ciento a absolutamente todos los bienes y servicios que aún estén excluidos o exentos de este impuesto. Esto cobijaría todos los productos de la canasta familiar.

El ministro de Hacienda, Roberto Junguito, argumentó que se trata de una tasa razonablemente baja y que se requiere este esfuerzo adicional para financiar los gastos de seguridad a partir de 2005, año en que las finanzas públicas empezarán a flaquear por el agotamiento del petróleo. Más allá de esto, los defensores de la propuesta también esgrimen argumentos técnicos y prácticos.

El IVA es un impuesto diseñado para aplicarse sin excepciones. La razón es que al IVA que se factura por el producto final se le debe restar el pagado por los insumos y materias primas. Cuando hay huecos se generan inequidades en las cadenas productivas. Es el caso, por ejemplo, de los productores agrícolas, que muchas veces pagan IVA por los insumos, como el abono. Pero como el producto final no paga IVA no pueden descontar el impuesto ya pagado por los insumos. Además, argumentan los técnicos, cuando el impuesto es universal se reduce dramáticamente la evasión puesto que los productores necesariamente tienen que declarar para poder descontar el IVA de las materias primas.

La propuesta, sin embargo, tiene un inconveniente y es que implica gravar el consumo de bienes de primera necesidad, lo cual afecta a los estratos de menores ingresos. Por eso la discusión en las comisiones del Congreso no fue fácil y no hubo una decisión al respecto. En todo caso el presidente Alvaro Uribe anunció que esta semana insistirá en la propuesta del IVA universal del 2 por ciento en las plenarias.



Los privilegios

El otro gran capítulo de la reforma es el del impuesto de renta. Se acordó que la tasa subirá del 35 al 38,5 por ciento por un año, y después quedará en 36,75 por ciento en forma permanente. Más allá de la tasa, la discusión se ha centrado en el desmonte de los múltiples beneficios y exenciones al impuesto de renta que existen en la actualidad para muchos sectores.

Cuando se habla en términos generales de eliminar beneficios tributarios todo el mundo suele estar de acuerdo. Pero cuando empiezan a considerarse los casos particulares la cosa se complica. Para empezar, hay que tener en cuenta que la exención principal es a los salarios del trabajador. Hoy en día se calcula el monto del impuesto a la renta a pagar sobre el 70 por ciento del salario del trabajador; el otro 30 por ciento está exento. Según lo aprobado en las comisiones del Congreso, este porcentaje bajará a 25 por ciento.

El gobierno también había propuesto un tope de un millón de pesos para este beneficio tributario. De esta manera una persona que gane cuatro millones de pesos mensuales tendría su exención de 25 por ciento (un millón). Pero si gana 10 millones, por ejemplo, sólo podría deducir el mismo millón de pesos, que en este caso equivale al 10 por ciento únicamente. Esta medida, dirigida a sacarles más plata a las personas con salarios altos, fue modificada por los congresistas, quienes subieron el tope de uno a cuatro millones. Con este tope más alto sólo se afectarán quienes ganen más de 16 millones de pesos mensuales. Entre los más beneficiados con el cambio están los propios congresistas, que ganan 14 millones al mes.

La reforma también contempla el desmonte gradual de otros 16 beneficios tributarios, para cosas que van desde la utilidad en venta de acciones, hasta los terneros nacidos y vendidos dentro de un mismo año. Quedan intactos, no obstante, los incentivos de la ley Quimbaya, la ley Paez, las zonas exportadoras especiales y la ley del libro, entre otros.

El debate sobre este tema ha sido enredado por la posición contradictoria del gobierno, que al mismo tiempo que plantea la eliminación de unos beneficios tributarios quiere crear otros nuevos para incentivar actividades como el turismo y la reforestación, que fueron promesas de campaña de Uribe. El Congreso accedió a aprobar en primer debate estos incentivos. En algunos casos, como el de la exención a la actividad hotelera, se concedieron plazos exageradamente largos que podrían revisarse en las plenarias. Según el texto aprobado en comisiones quedarían exentos de renta los servicios de los hoteles que se construyan en el país durante los próximos 15 años, por un término de 30 años a partir del inicio de operaciones.



Otras cositas?

La reforma tributaria también incluye disposiciones en muchas otras áreas. Sube la sobretasa de la gasolina del 20 al 25 por ciento, modifica los impuestos a los licores y unifica gradualmente el IVA de los carros nacionales e importados. También introduce la figura de la actualización patrimonial, que es una especie de amnistía temporal para quienes tengan bienes sin declarar para que los incluyan en su patrimonio y paguen los impuestos correspondientes. No menos importantes son las nuevas medidas antievasión. Quien ingrese ilegalmente al país más de 10 galones de gasolina tendrá cárcel de tres a cinco años, una pena similar a la que tendrán los evasores de impuestos comunes y corrientes y los funcionarios públicos que faciliten la defraudación al fisco.

Como está saliendo, la reforma genera los ingresos necesarios para mantener estables las finanzas públicas en los años que vienen. Claro está que para que las cuentas terminen de cuadrar tendrían que ser aprobados los ahorros incluidos en el referendo. En cuanto a la simplicidad y transparencia del sistema tributario la reforma es un avance parcial. Habrá menos beneficios tributarios injustificados, pero sigue habiendo muchos.