Ley de financiamiento: ¡Qué chicharrón tributario!

La Ley de Financiamiento del gobierno de Iván Duque se ha mantenido en las últimas semanas como un equilibrista sobre una cuerda floja. Pero a pesar de las fuertes críticas que ha recibido y del desgaste para la imagen del gobierno, se mantiene en pie con la meta de recaudar los 14 billones de pesos que le faltan para financiar el presupuesto de 2019. Hoy se ve poco probable que pueda recoger esta cifra, aunque el fisco podría obtener entre 7 y 9 billones de pesos que hoy no tiene. Todo dependerá de la negociación del gobierno con un Congreso nuevo y con poca experiencia en temas tributarios, que además tendrá que medir muy bien el impacto de las decisiones sobre el consumo y la recuperación de la economía.

Desde el comienzo, esta iniciativa tuvo tropiezos. Primero, fue la moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que lo dejó desgastado. Luego, vinieron los fuertes ataques a la ampliación del cobro del IVA a más productos de la canasta familiar, con la que el gobierno buscaba recaudar 11 de los 14 billones de pesos. Después, recibió una de las estocadas más fuertes esta semana cuando el Congreso le quitó el apoyo a esta ampliación del IVA. ¿Cuáles son las alternativas de la Ley de Financiamiento para sobrevivir?

En varias reuniones con el equipo económico del gobierno los congresistas dejaron claro que no apoyarían gravar más productos de la canasta básica. Se trata de una de las medidas más impopulares que incluso no apoyó el partido de gobierno, el Centro Democrático.

Tras haberle aprobado un presupuesto desfinanciado al gobierno, el Congreso carga también con la responsabilidad de garantizar los recursos para solucionar el problema. Al cabo de varias discusiones, el miércoles pasado los congresistas confrontaron al ministro de Hacienda y le anunciaron que no estaban dispuestos a asumir ese costo político.

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En ese momento, el ministro anunció que sería necesario “rebarajar” el proyecto para buscar iniciativas que permitan recaudar lo que le hace falta para completar el presupuesto del próximo año. Y los congresistas, que se necesitará recortes o aplazar gastos.

Lo cierto es que la caída de la ampliación del IVA ha generado un caos por la aparición de todo tipo de propuestas que están armando un gran lío en la opinión. En la búsqueda de soluciones han surgido todo tipo de sugerencias, muchas enfocadas en gastar más en lugar de generar nuevos recursos. De las casi 500 iniciativas radicadas hasta la semana anterior, más de dos terceras partes pedían exenciones, exclusiones o eliminar gravámenes.

Una nueva comisión que se conformó el jueves empezó a estudiar las alternativas y los congresistas anunciaron nuevas opciones para conseguir más ingresos. Las cuentas iniciales indican que han identificado recursos por más de 8 billones de pesos. Pero hasta que se conozca la ponencia definitiva, este martes, no hay nada en firme.

Algunas de las propuestas vienen de la iniciativa de Carrasquilla, pero otras nuevas que han planteado los congresistas han encendido las alarmas. El ajuste en la renta a personas naturales, a través del mayor recaudo por la unificación de cédulas tributarias y el pago de renta a las pensiones de más de 9,8 millones, sigue firme y le dejaría al gobierno 1,2 billones de pesos en recaudo. Otra revive el impuesto a patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, con una tarifa del 1,5 por ciento y dejaría 1,2 billones más. También está la normalización de activos en el exterior, con una tasa del 13 por ciento, y con la cual la Dian espera recibir 1 billón de pesos.

Aunque algunos congresistas creen que la Ley de Financiamiento del ministro Alberto Carrasquilla es clave para mejorar la competitividad y la equidad, consideran que tiene temas complejos que llegan en mal momento para la economía del país.

Pero las alarmas se empiezan a encender para empresas y personas naturales con otras iniciativas. Una es la creación de una tarifa del 15 por ciento a los dividendos superiores a los 10,2 millones de pesos y una tarifa del 7,5 por ciento al giro de utilidades al exterior, que permitirían un recaudo de 820.000 millones de pesos. Así mismo, el impuesto plurifásico a cervezas y gaseosas –es decir, en varias etapas de la distribución y venta final– con el cual recogerían 960.000 millones ha recibido protestas de compañías como Bavaria, Postobón y Coca-Cola.

Además, una sobretasa al IVA, que le generaría 3,1 billones de pesos al gobierno y que se cobraría a las 2,8 millones de personas que pagan renta y hacen parte del decil salarial más rico, crea una nueva carga a quienes siempre aportan.

La iniciativa tiene cosas positivas, dice Catalina Ortiz, del Partido Verde, quien destaca el régimen simple y los beneficios a la economía naranja. Pero criticó la ampliación del IVA. 

Por el lado del recorte también hay propuestas. Ya se habla de que habrá que aplazar la reducción del impuesto de renta a las empresas –se mantendría en 33 por ciento para 2019– y de tumbar varias exenciones, entre ellas al sector financiero. Sin embargo, continuaría la deducción del IVA para activos productivos y el descuento en renta por impuestos como el ICA y el 4 por 1.000.

Para personas naturales solo quedarían los beneficios a las cuentas AFC para promover la construcción y el ahorro en los fondos voluntarios de pensiones. También se mantendrían las exenciones para la vivienda de interés social. Por eso, hay quienes creen que, para esta reforma, el camino es culebrero.

La coyuntura fiscal luce muy compleja. Por un lado, hay quienes creen que fracasó la estrategia tipo encerrona de aprobar una reforma fiscal argumentando que había que tapar el hueco de un presupuesto desfinanciado. También, parecería equivocado pensar que el capital político del ministro Carrasquilla era suficiente para hacer aprobar una reforma con cambios tan dramáticos y, peor aún, sin haberla socializado suficientemente. Además, no contaban con que congresistas, gremios y organizaciones sociales, a sabiendas de las enormes necesidades fiscales, mantuvieran la presión para garantizar sus intereses.

Para el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, aprobar la ampliación del IVA no solo afectaría el bolsillo de los colombianos, sino que, de paso, podría generar problemas para la recuperación de la economía y de la confianza del consumidor.

Algunos cálculos políticos tampoco están saliendo como esperaba el gobierno. La decisión de trabajar sin ‘mermelada’ y sin la participación de los partidos políticos que apoyan al gobierno lo está dejando con poco oxígeno para sacar adelante las iniciativas. legislativas. Sin embargo, hay que destacar que se trata de una decisión valiente, que va en línea con lo prometido por Duque durante su campaña y con lo que reclama el país: buscar una nueva forma de gobernar. Por eso, aunque por ahora parece difícil, podría ser exitosa.

Pero no todos creen que la caída de la ampliación del IVA sea una derrota. Quienes ven el vaso medio lleno aseguran que para el gobierno es ganancia si se aprueban 7, 8 o 9 billones de pesos que hoy no tiene el fisco. Sin embargo, se perdió una oportunidad de mejorar la formalización y crear una cultura de pago de impuestos entre muchos colombianos que hoy no aportan.

Tradicionalmente, los congresistas han sido muy responsables en materia fiscal y, esta vez, con un Legislativo renovado en un 60 por ciento, deberían mantener esa tradición. El Congreso conoce el riesgo de no aprobar una reforma que genere nuevos recursos al fisco y que de paso mejore la competitividad empresarial y el crecimiento de la economía. Y el país espera que actúe en consecuencia.

Pero aunque en el Congreso han hecho anuncios con alternativas, el ministro de Hacienda insistió en que nada está definido “hasta que haya una ponencia definitiva para primer debate”. Además, señaló que estas propuestas requieren un análisis técnico muy riguroso de sus posibles efectos y contar con el aval del gobierno.