Se calienta polémica por posible impuesto a bebidas azucaradas

A pocas semanas de que el Gobierno presente al Congreso una nueva reforma tributaria, se encendió una gran polémica sobre el posible cobro de impuestos a uno de los productos que tiene una alta demanda en algunos sectores de la población colombiana. Ese es el caso de las gaseosas, jugos y té envasados y demás bebidas azucaradas, que son producidas industrialmente.

Pues bien, los opositores y defensores de estos gravámenes mostraron nuevos argumentos para rebatir la tesis de sus contradictores. La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) presentó un estudio realizado por la firma de análisis económico EConcept, en el que examina una muestra de cerca de 20 países que pusieron en marcha el cobro de impuestos al consumo de estas bebidas.

Le recomendamos: La paz se le atraviesa a Mauricio Cárdenas

Según las conclusiones de este estudio, presentadas por el analista y ex director de Planeación Nacional Mauricio Santamaría, no existe evidencia que demuestre correlación entre la obesidad y el consumo de estas bebidas, el argumento del Ministerio de Salud para justificar el cobro del nuevo tributo. Además, señala que si bien los mayores impuestos buscan desincentivar la demanda de estos productos y ayudar a financiar las políticas de salud para atacar problemas relacionados con la obesidad y la diabetes, la realidad indica que el recaudo tributario es muy bajo, y que en el mejor de los casos alcanza el 0,1 % del PIB.

Santamaría sostiene que en caso de que en el país se imponga una elevada tasa de tributación para esta clase de productos, el recaudo adicional efectivo no superaría los 500.000 millones de pesos, que es una cifra muy baja en comparación con lo esperado por el Gobierno, que se acerca a los 2 billones de pesos. “No entiendo de dónde van a salir los recursos adicionales si se tiene en cuenta que el sector de bebidas factura anualmente en el país 5,6 billones de pesos”, asegura.

El director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, Santiago López, señala que este impuesto tendría un efecto regresivo muy grave si se tiene en cuenta que el 20 % de los hogares de menores ingresos tienen una alta demanda de estos productos. Y como el impuesto se le traslada a los consumidores, estos son los que terminarán pagando más. “Los impuestos no educan a las personas a la hora de adquirir buenos hábitos”, dice López. Sostiene que lo que debe impulsar son programas para reducir el sedentarismo y hacer más ejercicio y deporte.

Aunque el Gobierno está estudiando qué nivel de impuesto al consumo se cobrará para esta clase de bebidas, en el sector dicen que podría ser del 5, 10 o máximo el 12 % que es el que se cobra en México, el país con mayor nivel de tributación sobre estos productos. Pero no se descarta que incluso se piense en un impuesto del 20 %.

Para Econcept sería más adecuado imponer un impuesto más general a alimentos muy ricos en calorías, destinando el recaudo específicamente al sector salud.

Sin embargo, en el Ministerio de Salud también tienen estudios que rebaten varios de los argumentos esgrimidos y que señalan que sí hay una correlación entre diabetes, obesidad y consumo de bebidas azucaradas. Según información científica los niños entre 2,5 a 4,5 años tienen más probabilidad de sufrir de sobrepeso si consumen bebidas azucaradas entre comidas. También hay evidencia de que las personas que consumen más estas bebidas tienen un riesgo mayor a presentar resistencia a la insulina, sufren de diabetes, gota y enfermedades cardiovasculares.

El Gobierno señala, además, que a nivel mundial se calculan alrededor de 184.000 muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas. Cita algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMC) y de la OCDE que abogan por crear impuestos dirigidos a productos que puedan contribuir a enfermedades.

El Ministerio recuerda que en el caso colombiano el 51 % de las personas entre 18 y 64 años presentan algún tipo de exceso de peso, siendo los departamentos más afectados San Andrés y Providencia, Guaviare, Guainía, Caquetá y Vichada.
Finalmente, el Gobierno sostiene que un impuesto al consumo calculado por gramos o mililitros del producto, se considera un mecanismo apropiado para incentivar a la industria a producir productos con bajo contenido calórico. Y frente a la regresividad del impuesto sostiene que si aumenta el precio de las bebidas azucaradas los hogares más pobres reducirían su consumo y esto se traduciría en beneficios para la salud de esta población que es la que se ve más afectada por la obesidad y la violencia.

El debate sobre este tema apenas comienza y las partes involucradas están dispuestas a dar la batalla para demostrar que tienen la razón.