ANI y Ruta del Sol 2 logran acuerdo para terminar el contrato

A las 5:30 pm de este miércoles 22 de febrero el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade por fin tuvo un respiro. Una victoria temprana. A esa hora estampilló su firma en un documento con el que se daba por terminado de mutuo acuerdo el contrato de concesión de la Ruta del Sol, sector 2.

El acuerdo de terminación del contrato -entre el concesionario Ruta del Sol S.A. y la ANI -incluye la reversión de la vía al gobierno y la liquidación de las deudas pendientes. “Es necesario precisar que la terminación como tal ya no tiene reversa y que a partir de la fecha ya no está vigente el contrato. Sin embargo, las cifras y las condiciones acordadas para la reversión de la obra y la liquidación, están sujetas a la aprobación de un juez”, explicó Andrade.

A la fecha se estudian dos instancias judiciales para avalar esas cifras. La primera es el Tribunal de Arbitramento y la otra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “Definiremos con la Procuraduría en los próximos días cuál de estas dos instancias es la mejor para avalar el acuerdo – insisto- en cuanto a los temas de reversión y liquidación, porque la terminación del contrato no requiere del visto bueno del juez”, dijo Andrade.

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Dinero le cuenta los números y condiciones del acuerdo. Las deudas con los bancos llegan a $2,4 billones, mientras que el saldo de liquidación -según la contabilidad es de $3,1 billones. Este saldo de liquidación se refiere a lo invertido y gastado a la fecha, restando lo ya pagado. La ANI aclaró que estas son las cifras iniciales y que desde ya se inicia un proceso de verificación kilómetro por kilómetro de la obra para verificar los gastos e inversiones que se aducen. Ese proceso podrá tardar de 4 a 6 meses teniendo en cuenta que también es necesario verificar las facturas y contabilidades que se entreguen por parte del concesionario. “En ese orden de ideas, es probable que los $3,1 billones disminuyan”, dijo Andrade.

¿Cómo serán los pagos de las acreencias?

El acuerdo suscrito hoy y conocido en exclusiva por Dinero, establece un monto de $100 mil millones para pagar a empleados del consorcio y proveedores, y otros $1,4 billones para el pago de parte de la deuda a los bancos. Esos 1,5 billones de pesos ya están en una fiducia y están disponibles de manera inmediata.

Sin embargo, quedan cuentas pendientes. Una vez girados estos cheques queda una deuda al sector financiero de un billón de pesos y cuentas por pagar a los accionistas de la concesión por otros $700 mil millones, por cuenta del saldo de liquidación. La ANI explicó que la deuda bancaria del billón de pesos se va pagar pero mediante una programación que hará el Ministerio de Hacienda y el Confis. Del mismo modo, se tiene previsto el pago de los $700 mil millones a los 3 accionistas del consorcio de la siguiente manera:

Odebrecht recibiría $441 mil millones, Episol (brazo de Corficolombiana) otros $235 mil millones y los Solarte $36 mil millones. Sin embargo, quedó muy claro y explícito en el acuerdo que solo podrán tener acceso a ese dinero dentro de 4 años, una vez se conozcan los resultados de algunas demandas en curso contra el mismo consorcio. En otras palabras, la ANI intenta blindarse y obliga a las 3 empresas a reservar ese dinero por 4 años hasta tanto se despeje el tema legal y jurídico del concesionario. Además, no estaría bien visto que Odebrecht, firma que reconoció sobornos para lograr el contrato, reciba este multimillonario pago de manera inmediata por parte del principal afectado, es decir, el gobierno. “Ese es uno de los principales pilares del acuerdo. Lo otro es que el consorcio desiste por completo de las demandas que instauró al Estado y cuyas reclamaciones rondaban los $700 mil millones. Eso ya no va”, dijo Andrade.

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Como dato anecdótico, Dinero supo que ningún representante de Odebrecht estuvo en la mesa de negociación y que la empresa brasileña le entregó tal responsabilidad a Corficolombiana.

En conclusión, se llega a un acuerdo para terminar el contrato y para liquidar las deudas. Otro proceso de forma paralela que sigue su marcha es la nulidad del contrato. ¿Por qué se insiste con este proceso si ya se terminó el contrato de común acuerdo? La ANI quiere blindar de todas las maneras posibles este tipo de acuerdos. Si en unos meses un juez declara nulo el contrato, le daría más solidez a la terminación que suscribieron las partes, al menos eso piensa el gobierno.

También es necesario mencionar que para la ANI Odebrecht ya está inhabilitada para seguir contratando con el Estado colombiano. Andrade dijo que esa empresa ya reconoció la irregularidad y que por ello es imposible que vuelva a contratar con el Estado.

¿Y el resto de la obra?

Según datos de la ANI, la obra está prácticamente paralizada y el consorcio solo alcanzó a ejecutar el 52% del proyecto. Así las cosas, el gobierno definió una hoja de ruta para concluir estas obras, claves para el transporte de mercancías y pasajeros en el país. En las próximas semanas se tiene previsto que el Invías abra 5 licitaciones de obra pública para ejecutar unos $600 mil millones y evitar así que se paralicen por completo las obras. Ese dinero saldrá del recaudo de peajes y las vigencias futuras ya programadas. La idea es pasar de una ejecución del 52% al 65% con estos dineros de acá al año 2018.

¿Qué pasaría con el 35% restante del volumen de obras? El gobierno tiene previsto abrir una nueva convocatoria de APP para que un nuevo concesionario termine lo que falta. Para esto se requieren inversiones por cerca de $1,7 billones. Según el cronograma del gobierno, esa adjudicación de APP se daría finalizando el presente año, pero solo habría inicio de obra un año más tarde, teniendo en cuenta el proceso de cierre financiero y preconstrucción.

En resumen, se esclarece un poco el oscuro panorama del sector, pero se reconoce que las obras tardarán mucho más de lo esperado. Son las otras consecuencias de semejante escándalo.