Arrancó la campaña por la reactivación

El paro nacional, la minga, los llamados de los gremios a concertar con el Gobierno y hasta la controversia en redes sociales de las últimas semanas entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro parecen noticias aisladas. No obstante, incluyen un denominador común: la preocupación por la economía. Esto da una buena pista de lo que marcará el debate político en los próximos meses, de cara a las elecciones de 2022.

No es para menos. El aparato productivo ha recibido un golpe devastador por la pandemia. El Dane reveló esta semana que la reactivación se frenó en agosto y que en lo corrido del año la economía cae cerca del 8,1 por ciento. Por tanto, es claro que el desplome en 2020 será de entre 7 y 8 por ciento, y no del 5,5 por ciento estimado por el Gobierno. Esas décimas en una recesión de este tamaño implican una pérdida para la economía superior a los 100 billones de pesos.

La tasa nacional de desempleo se ubica alrededor del 17,1 por ciento, lo que representa una cifra superior a los 4 millones de desempleados, sin contar más de 2 millones de personas nuevas en la inactividad. En varias ciudades, la desocupación supera el 20 por ciento, una tasa similar a la que registran segmentos como las mujeres y los jóvenes.

Algunos analistas han advertido que entre 4 y 5 millones de personas caerán nuevamente en la pobreza, y que esta volvería a niveles cercanos al 49 por ciento. Eso implica que el país perderá casi una década de avances sociales.

Esta semana, también se reveló un descenso en el nivel de utilidades de las empresas del 67 por ciento durante el primer semestre del año. Y los sectores más restringidos para volver a operar tienen una situación aún más crítica.

Ante este complicado panorama económico y social, no es raro que la contienda electoral haya comenzado a calentar motores con propuestas en este frente.

Sergio Fajardo y un grupo de expertos, encabezado por el exministro José Antonio Ocampo, lanzaron hace dos semanas una propuesta titulada ‘Empleo de emergencia ya’. Recomiendan un programa masivo de obras en todo el país. Incluye desde vías y vivienda de interés social hasta proyectos que cubran las necesidades de los Gobiernos locales, que tendrían un rol más protagónico.

El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, tildó la iniciativa de Fajardo de “keynesianismo infantil”. Planteó un programa de protección a la industria y la agricultura mediante una tasa impositiva a las importaciones, acorde con el grado de emisiones de gases de efecto invernadero que produzcan.

También, las marchas encabezadas esta semana por la minga indígena y el paro nacional tuvieron un toque económico. En sus banderas incluían el rechazo al abuso de las Fuerzas Militares y el asesinato de líderes sociales, pero sus reclamos más concretos se centran en temas económicos ante la crisis. A los 104 puntos que presentó el Comité del Paro el año pasado, las centrales obreras y sectores de la oposición sumaron un “pliego de emergencia”.

Este busca mejorar el sistema de salud, matrícula educativa cero y una renta básica para 9 millones de hogares (30 millones de personas) de un salario mínimo. Asimismo, piden mayores subsidios a la nómina para las mipymes y derogar el piso de protección social, entre otros temas. Las solicitudes son enormes y no hay cómo financiarlas. Y se da por descontado que rechazarán nuevos impuestos.

Sin duda, el país deberá discutir quién pagará la cuenta de ese pliego y del endeudamiento que dejará esta pandemia. La oposición asegura que es posible financiar estas peticiones con emisión de moneda, mediante las reservas internacionales o con mayor deuda.

Sin embargo, cada opción genera su propio problema. Emitir puede traducirse en inflación, el mayor impuesto para los pobres. Más deuda ayuda, pero hay que pagarla algún día. Y nadie quiere hablar de las reformas inevitables.

Una es la tributaria que tiene que hacer el país en los próximos meses e incluye revisar las grandes exenciones. Otra, la pensional para evitar que el régimen público siga gastando billones de pesos en los más privilegiados. Ni qué decir de una laboral, a fin de generar empleo, formalizarlo y responder al nuevo mundo del trabajo.

Pero curiosamente las demandas en las protestas incluyen “abstenerse de tramitar una reforma pensional o una reforma laboral hasta no estatizar completamente Ecopetrol y no vender activos o empresas con participación del Estado, prohibir el ‘fracking’”, entre otras.

El Gobierno presentó un Conpes de reactivación que esbozaba algunas propuestas en el frente laboral. Pero tuvo que echarse para atrás muy pronto ante la presión de las centrales obreras, que las calificó de reforma laboral disfrazada.

Muchos interpretan estos episodios como la cuota inicial de una campaña que capitaliza el descontento social y encuentra espacio en la falta de liderazgo del Gobierno para manejar la agenda económica y las reformas pendientes.

Y revela que este sigue respondiendo tímidamente a las duras consecuencias económicas. Medidas como los subsidios a la nómina y las líneas de crédito garantizadas han resultado apropiadas y van por el camino correcto, aunque les falta velocidad y profundidad. Además, en su reglamentación dejaron por fuera a muchas empresas.

Precisamente, el Gobierno lanzó esta semana un paquete de medidas para flexibilizar los mecanismos actuales y crear otros instrumentos de financiación. Se trata de un paquete para movilizar alrededor de 20 billones de pesos hacia el sector empresarial.

Para que este nuevo programa tenga éxito, requerirá mucha pedagogía y una mayor acción de la banca comercial. Algo que para muchos fue un error.

Una crisis debería ofrecer la oportunidad de crear consensos y sacar adelante las grandes reformas que el país necesita. Lo peor que puede pasar es que las grandes tensiones políticas y la agitación social frenen las medidas, con el gran riesgo de llegar al populismo.

Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial, emitió un llamado a los organizadores del paro para que tengan conciencia de la actual coyuntura y prioricen el diálogo. Así, se evitan impactos negativos de las marchas sobre la salud pública, la reactivación económica y el empleo.

La pandemia llevará al país a una recesión y generaría un retroceso de décadas en desempleo, pobreza y desigualdad. Sin duda, el caldo de cultivo perfecto para que explote el descontento social y gane espacio el populismo. Por ahora, el Gobierno ha priorizado enfrentar la crisis de salud. Pero tendrá que prestarles atención a las reformas y cambios requeridos para encarar las secuelas económicas de la pandemia. n