Así funciona el bitcoin en Salvador, país cuya banca dominan los colombianos

En apenas tres meses, El Salvador hizo uno de los cambios más sensibles en política monetaria, al convertirse en uno de los primeros países del mundo en tener a una criptomoneda –el bitcóin– como moneda de curso legal forzoso. Eso significa que entidades financieras, comercios y empresas se obligan a aceptar el bitcóin como forma de pago, aunque el dólar todavía sigue operando en el mercado.

Esta ha sido una de las polémicas del controvertido presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La obligatoriedad de recibir el bitcóin a las empresas empezó a regir desde el pasado 7 de septiembre. Para facilitar su adopción, el Gobierno creó una billetera digital que se llama Chivo. Y cuando un salvadoreño la abre encuentra el equivalente a 30 dólares en bitcoines. La decisión produjo en El Salvador una polarización: aunque tiene respaldo en una parte de la población, otra dice que no entiende cómo funciona, advierte que no la adoptará y persiste la incertidumbre. Incluso ha sido tal vez el único tema que ha golpeado con fuerza la popularidad de Bukele, a tal punto que se han generado manifestaciones en contra del bitcóin y de la determinación.

¿Por qué es relevante para Colombia esta decisión? Por dos razones fundamentales: la primera, es una señal de la velocidad con la que avanza el desarrollo de los criptoactivos en diferentes países para incorporarlos a su economía, de una manera regulada y vigilada.

Y la segunda, que el sector financiero en El Salvador tiene una gran presencia colombiana. De hecho, más de la mitad del mercado de bancos en ese país está en manos de los tres principales jugadores colombianos: Bancolombia tiene cerca de 27 por ciento del mercado, mientras que las participaciones de Davivienda y Banco de Bogotá superan, cada una, 12 por ciento.

Centroamérica se ha convertido en el mercado de expansión de la banca colombiana. Banco Agrícola es la entidad bancaria más importante de El Salvador y desde 2007 es una compañía del Grupo Bancolombia. Por su parte, en 2012, Davivienda adquirió las operaciones del HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador. Y el Banco de Bogotá, en 2010, compró BAC Credomatic, grupo financiero centroamericano con operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Ahora, los bancos colombianos tendrán que enfrentarse al reto de implementar el bitcóin en sus operaciones en El Salvador. Pero no arrancarán de cero. Ya van con una parte del camino recorrido: desde el año pasado iniciaron, en un ambiente controlado y liderado por la Superintendencia Financiera, las iniciativas para trabajar con criptoactivos.

De hecho, el superintendente financiero, Jorge Castaño, considera que las lecciones y aprendizajes en El Salvador van muy de la mano con lo que Colombia viene haciendo con el proyecto de criptoactivos. “Es un tema cultural, de riesgos y de gestionar un hecho que no solo pasa en Colombia, sino en el mundo: quién, cómo, cuándo y dónde se hacen las transacciones, quién responde por el riesgo operativo, qué tipo de valor o forma de determinar el precio se puede establecer”, dice.

La montaña rusa

Las criptomonedas se han caracterizado por dos hechos: uno, la profunda volatilidad en los precios, que hace que los riesgos aumenten. Y el segundo, su opacidad, pues se convirtieron, en muchos casos, en instrumentos para engañar a inversionistas incautos, producir pirámides y operar en medio de un escenario de poca claridad.

La volatilidad es tal vez la principal característica de las criptomonedas y el mejor ejemplo de ello es el bitcóin: su precio arrancó este año en un poco más de 29.000 dólares, bordeó los 45.000 y alcanzó a tocar techos cercanos a los 63.000. Aunque países como China consideran ‘ilegales’ las criptomonedas, otras naciones han entendido que esta es una tendencia innegable y en la cual es mejor estar preparados para enfrentarla e incorporarla en medio de unas reglas claras de mercado. A diferencia de hace unos años, cuando se miraban con prevención e incluso sospecha, hoy las criptomonedas están en el radar no solo de inversionistas, sino también de autoridades financieras de distintos países, que buscan mecanismos para facilitar sus transacciones, hacer legales y expeditas las operaciones y que esta nueva dinámica tome más ritmo.

Además de la decisión de El Salvador, en otros países como Ucrania también avanzan en habilitar las criptomonedas como medio de pago, y en Chile están perfeccionando el modelo para regular los servicios de intercambio de criptomonedas. Colombia no se ha quedado atrás y la Superfinanciera avanza desde finales del año pasado en la estructuración de un sandbox (arenera), para que en un ambiente controlado se puedan definir los parámetros con los que va a operar. La idea es permitir que se pueda usar el sistema financiero para comprar o vender un criptoactivo, en procesos de cash in –volver dinero en criptoactivos– o cash out –tener criptoactivos y convertirlos a pesos–. Y también apareció el interés de jugadores como los exchanges en operar en el país directamente. Son proveedores de servicios de activos virtuales que realizan actividades de intercambio, transferencia, custodia o administración.

Entidades como Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda y Sedpes como Movii, Powwi y Coink, al igual que exchanges como Binance o Buda, iniciaron pruebas que se extenderán hasta finales de año y en las cuales ya se han realizado más de un millar de operaciones.

La operación

Bancolombia, que lidera el sector bancario en El Salvador con el Banco Agrícola, tuvo que ajustar rápidamente su operación para atender las exigencias del Gobierno de ese país para incorporar el bitcóin en la economía.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, explica que habilitaron, por medio de la app del Banco Agrícola, la posibilidad para que los clientes de la entidad financiera puedan pagar con bitcoines sus obligaciones y también para que otros de sus clientes que tienen la obligatoriedad de recibir esa moneda lo puedan hacer mediante la plataforma del banco.

“En Colombia teníamos un equipo de unas 140 personas que venía trabajando en el estudio de las criptomonedas y también con la Superintendencia Financiera en el proceso de la ‘arenera’. Ese equipo se tuvo que volcar a apoyar a El Salvador para desarrollar muy rápido la app. Finalmente, llegamos a la última semana de agosto y las autoridades no encontraron objeciones en los servicios que estábamos presentando”, agrega Mora.

Y, además, explica: “El Salvador se movió muy rápido y dio un paso muy grande para volver el bitcóin una moneda de curso legal que sirva para pago. Pero toda la experiencia y el conocimiento que tenemos y que habíamos desarrollado en Colombia nos sirvió muchísimo para implementarlo: ya conocíamos proveedores, ya sabíamos con quién conectarnos. También creo que lo que está sucediendo en El Salvador nos va a servir para ver cómo avanzamos en Colombia porque lo que acá era un experimento controlado allá se volvió una realidad aplicada, y vamos a tener muchos aprendizajes de cosas que van a funcionar y otras que van a tener que corregirse”.

Desde la aplicación, los clientes del banco en El Salvador se registran y hacen sus transacciones en bitcoines, con una tasa de cambio que –dada la volatilidad del activo– está vigente por un periodo entre 15 minutos y una hora. Se recibe a esa tasa, se convierte a dólares y se aplica el pago al crédito, al tiempo que se debita de la billetera digital.

Algunos expertos aseguran que todavía hay muchas cosas por ajustar. Uno de ellos considera que existen dos temas prioritarios. El primero es de corto plazo y se refiere a una preocupación en el sector financiero, pues una de las obligaciones de los bancos es conocer a sus clientes, y tradicionalmente detrás de los criptoactivos el anonimato es muy alto. Y el segundo, una discusión más profunda, es qué sucederá con la política monetaria. Qué pasa con el monopolio de la emisión de dinero y el respaldo que hoy tienen las monedas en los países (que no se da en El Salvador, pues está dolarizado). Es un tema fundamental en el control de las tasas de interés y su impacto en la actividad productiva. Un debate que apenas está empezando.