Así se está buscando destrabar los proyectos de energías limpias en La Guajira

Desde el pasado 26 de junio y por una semana, el Gobierno despacha desde La Guajira para atender sus problemas sociales y de infraestructura. También, uno clave no solo para la región, sino para Colombia: destrabar los proyectos de energías renovables no convencionales, que suman más de 2,5 gigavatios de energía solar y eólica, más las líneas de transmisión que conectarán la energía generada con el interior del país.

El proyecto del parque eólico Windpeshi, con una capacidad de 205 megavatios, fue suspendido indefinidamente por Enel ante los bloqueos y dificultades que ha tenido la compañía para su construcción. Además, a otros proyectos como Alpha y Beta, con capacidades superiores a los 400 megavatios, les archivaron la licencia ambiental. Entre los jugadores del sector, hay preocupación por los retrasos, que en muchos casos podrían terminar con demoras superiores a los tres años, mayores costos financieros, aumentos en el valor de los insumos y hasta en los compromisos de energía en firme.

Esta semana hubo dos buenas noticias. La primera: la línea Conectora, que lidera el Grupo Energía Bogotá (GEB), terminó sus procesos de consulta previa, que pasaron inicialmente de 120 a 235 comunidades. Según Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, se espera que hacia mediados de julio se esté radicando el estudio de impacto ambiental para que la respectiva licencia sea otorgada en unos seis meses y se inicie la construcción de la obra, que entraría en operación en 2025. Su fecha de entrada estaba prevista para 2022. La inversión de la obra, que cubre una línea de 475 kilómetros, supera los 240 millones de dólares, y las obligaciones socioambientales están cuatro veces por encima de lo presupuestado. Y la segunda: la firma de un pacto entre las empresas, el Gobierno y las comunidades para destrabar el desarrollo de los proyectos. Fortalecer el relacionamiento, la promoción de inversiones sociales, una mayor articulación interinstitucional y la participación de las comunidades en los proyectos son algunos de los puntos del acuerdo.

¿Estos hechos serán suficientes para convertir en realidad el potencial energético de La Guajira, darles seguridad a las empresas y, al mismo tiempo, solucionar las históricas dificultades de las comunidades? Las preocupaciones siguen siendo altas. Primero, porque es necesario contar con una oferta robusta de energía para el país que permita atender la demanda creciente; y, segundo, por el impacto en el modelo de negocio. “Toda la energía de La Guajira pudo haber bajado los precios en las tarifas de energía y aliviado las tensiones que produce el fenómeno de El Niño en la generación de energía. Pero nada de eso se va a dar. Es un gran costo para el país”, dijo un analista a SEMANA.

Por el lado del modelo de negocio, las alertas están encendidas. Los retrasos, por consultas previas, bloqueos y la imposibilidad de sacar la energía al sistema nacional, están pasando cuentas de cobro a los empresarios. “Cuando hay bloqueos, ni las autoridades, ni las alcaldías, ni la Gobernación ni el Gobierno nacional responden. Hay ausencia de autoridad. El trabajo se reduce a uno de cada tres días, pagando maquinaria, personal, equipos. Esto hace que el costo se triplique frente a lo presupuestado haciendo casi inviable la operación”, agrega un empresario del sector. Algunos ya decidieron suspender proyectos y otros que tienen obligaciones podrían seguir el camino que empezó el parque Windpeshi, incluso pagando las garantías. “Hay un riesgo: que el país se quede con línea, pero sin proyectos”.

Estas tensiones se empiezan a materializar. Según el índice global de transición energética del Foro Económico Mundial, Colombia bajó diez posiciones y quedó en el lugar 39 entre 120 países.

Acelerar el desarrollo de estos proyectos será fundamental no solo para la transición energética, sino para garantizar el abastecimiento de energía en el mediano plazo y alejar los fantasmas del apagón.