Así ven los abogados los cambios propuestos en la tributaria de Petro

Un día después de ocupar la Casa de Nariño, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria con el que busca recursos adicionales para las arcas públicas, en principio, por 25 billones de pesos que permitan fortalecer el financiamiento para los programas sociales, buscando la igualdad y la justicia social, así como consolidar el ajuste fiscal.

El proyecto plantea la eliminación de cerca de 60 beneficios tributarios para las personas con ingresos superiores a los 10 millones de pesos y les pone un límite a otros 20. Unifica todas las rentas y el contribuyente, si es aprobada la iniciativa, deberá pagar de la misma forma por ganancias ocasionales y dividendos como hoy lo hace por ingresos laborales.

Igualmente, establece un impuesto a los patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos para las personas naturales, será permanente y con un esquema de tarifas marginales. Adicional, y en línea con el propósito de pasar gradualmente de un modelo económico extractivista a uno de desarrollo productivo y sustentable, la iniciativa plantea un impuesto a las exportaciones extraordinarias de petróleo y carbón, cuando el precio del bien supere cierto rango.

Establece otra serie de medidas y cambios que tocan a las zonas francas, a los alimentos procesados y bebidas azucaradas para desincentivar su consumo, entre otros varios ajustes.

Y mientras en el Congreso se discute esta iniciativa, los cuestionamientos, como con cualquier otro proyecto tributario, no se han hecho esperar y hay serias preocupaciones desde diferentes sectores productivos por los altos impuestos que, vía eliminación de beneficios, habría si se da su aprobación. Alertan desde diferentes esquinas sobre el desincentivo que significa para la inversión en el país este proyecto de ley.

Es más, una encuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señala que para el 68,5 por ciento de las empresas el clima de negocios en el país es incierto por esta iniciativa.

Tributaria, reto para los abogados

En medio de este panorama, las firmas de abogados se preparan, incluso desde la presentación de la iniciativa, para asesorar y plantearles el mejor de los escenarios a sus clientes. Se trata de un periodo en el que la demanda por los servicios que ellas prestan aumenta, pues los contribuyentes buscan prepararse de la mejor manera posible para asumir los cambios que se avecinan, e incluso anticiparse en la toma de decisiones como, por ejemplo, un cambio en el perfil de los negocios. Mauricio Piñeros Perdomo, socio de la firma Gómez-Pinzón, señala que desde el momento en que una reforma tributaria se presenta a consideración del Congreso, para los abogados implica la necesidad de prever todas las consecuencias posibles que la propuesta pueda traer para sus clientes.“

La reforma no solamente toca a los más pudientes. Por varios de sus efectos y consecuencias, puede afectar de manera general a todas las personas y empresas. No se trata, precisamente, de una reforma que estimule el ahorro de las personas y la inversión de las empresas”, señala.

Seguimiento estricto a los cambios que se van introduciendo a la iniciativa; análisis a fondo de la normatividad; conocimiento profundo de los contribuyentes, sus negocios y sus expectativas; definición de las alternativas más favorables para los clientes y acompañamiento permanente en la implementación, son algunos de los retos que les plantea la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro.

“Para los asesores tributarios, la reforma implica importantes desafíos y oportunidades. El reto de analizar, medir y tratar de mitigar los impactos asociados a una tributación excesiva para las empresas, para los inversionistas y, en general, para las personas naturales. Y se presenta como la oportunidad de apoyar a nuestros clientes a mejorar su posición fiscal dentro del estricto cumplimiento de la ley y la equidad tributaria”, explica Juan Guillermo Ruiz, socio de la firma Posse Herrera Ruiz. También implica para el sector legal plantear a sus clientes soluciones innovadoras, de tal manera que afecten lo menos posible la situación económica de las personas naturales y los planes y proyectos de las empresas. Pero, al tiempo, que sigan manteniendo a Colombia como un destino atractivo para nuevas inversiones.

“La presión tributaria sobre las compañías, los inversionistas, los emprendedores y las personas va en aumento, y estamos llamados a poner sobre la mesa de nuestros asesorados soluciones y alternativas creativas dentro de un marco ético y legal, alineadas con las necesidades de cada uno”, explicó Luis Orlando Sánchez, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY Colombia.

Cambios constantes

Las necesidades fiscales que constantemente enfrenta un país como Colombia, así como la obligación de atender gastos, entre ellos muchos inflexibles, que van desde el funcionamiento del aparato estatal hasta programas de inversión social con los que se busca atender a la población menos favorecida, hacen que el Gobierno de turno eche mano de los impuestos para obtener más recursos.

Analistas hablan de que en las últimas tres décadas el país ha tramitado 21 reformas tributarias, en promedio una cada 18 meses. Y justamente esos cambios constantes en la legislación dificultan la asesoría a los clientes. “Las normas tributarias, por lo general, tienen una muy deficiente concepción y redacción, lo cual genera gran incertidumbre e inseguridad en la correcta y cumplida aplicación de las reformas. Además, se dificulta enormemente la asesoría por la imposibilidad de planear”, señala Piñeros Perdomo.

Para el experto tributarista Horacio Ayala, si bien existe una evidente necesidad de recursos fiscales adicionales, “la maraña de disposiciones que contiene el mal llamado Estatuto Tributario hace difícil modificarlo sin el riesgo de crear inconsistencias entre esa selva de disposiciones”.

Otro aspecto que genera confusión en la legislación tributaria es la inadecuada integración entre las normas existentes y las nuevas que traen las reformas, lo cual puede llevar a diferentes interpretaciones frente a una misma situación y conducir así a futuros litigios. Ruiz, de Posse Herrera Ruiz, explica que si bien los cambios normativos en ocasiones son necesarios, en muchos casos los ajustes no son lo suficientemente claros, lo que se exacerba con la expedición tardía de los decretos reglamentarios. “No existen adecuados precedentes jurisprudenciales y la doctrina tributaria frecuentemente resulta insuficiente. La claridad y ortodoxia fiscal de los asesores es fundamental para sortear todas estas dificultades”, advierte.

Y Ayala agrega que incluso la misma administración tributaria, es decir, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), resulta afectada con los muchos cambios en las normas porque dificulta a sus funcionarios precisar los alcances y el cumplimiento de la multiplicidad de requisitos y obligaciones que contienen las normas.

Un ejemplo de la incertidumbre que origina la variación de normas lo plantea Sánchez, de EY Colombia. “Si bien la reforma actual señala de manera general que se respetarán las situaciones jurídicas consolidadas (situaciones que han quedado en firme), en la práctica la discusión radicará en cuándo debe aplicar y cuándo no. Este será un tema de debate en no pocas situaciones”, puntualiza.

Una reforma lejos de ser estructural

Cada vez que arranca un Gobierno se plantea la necesidad de una reforma tributaria y, por supuesto, el de Gustavo Petro no es la excepción. Y cuando esta necesidad se pone sobre la mesa, los analistas y expertos plantean que sería el momento oportuno para proponer una reforma estructural que garantice recursos permanentes y normas más estables. Esto no ha ocurrido, y la presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tampoco es estructural.

Horacio Ayala, experto tributarista, explica que se mantienen los mismos problemas que registra la tributación en Colombia. “El gran problema que tenemos es que no hay una estructura, no hay un código tributario armónico, fácil de consultar, que les solucione la vida a las personas y a las empresas, o que permita encontrar las respuestas a los inconvenientes o dudas que surgen. Lo que se hace cada vez es complicar más el régimen tributario, como he venido insistiendo, eso no solo afecta a los contribuyentes, sino a la propia administración”, señala.

Precisamente Mauricio Piñeros, socio de la firma Gómez-Pinzón, asegura que al no garantizar estabilidad ni claridad en las reglas del juego para los contribuyentes, no es una reforma estructural. “Anticipo que no será la única reforma de este Gobierno y que se necesitarán más reformas para corregir los efectos indeseados de esta”, dice Piñeros.

Se trata de una iniciativa que apunta únicamente al recaudo, sin tener en cuenta el impacto que genera en la inversión o en la equidad tributaria, lo que la hace una reforma coyuntural.

Juan Guillermo Ruiz, de Posse Herrera Ruiz, explica que no se trata de la propuesta que requiere el sistema tributario colombiano en este momento, cuando uno de los objetivos del Ejecutivo es lograr la auténtica equidad social. “Genera incertidumbre por la sobreimposición y doble tributación de sociedad e inversionista. Eleva de manera sustancial y súbita la tributación de personas naturales, a través de múltiples instrumentos, que esperamos sean modulados en el proceso de aprobación legislativa”, afirma. De otra parte, los abogados expertos coinciden: este proyecto desestimula la inversión y podría traer discusiones sobre si incumple normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o si conlleva a la expropiación.

Piñeros considera que esta es una reforma antiinversión y que especialmente en el sector minero-energético habría que hacer el análisis sobre si, mediante algunas medidas, lleva a la expropiación. “Creo que en la industria minera y petrolera deben estar haciendo análisis sobre si la reforma puede ser considerada una medida de efecto equivalente a una expropiación. A esto hay que sumar las políticas de este Gobierno en materia de minería e hidrocarburos. Todos esos aspectos podrían dar lugar a la iniciación de arbitrajes de inversión”, dice Piñeros.

Parte de su argumento es compartido por Sánchez, de EY Colombia, quien advierte que se prevén discusiones en varios temas, y uno de ellos es la expropiación. “La tributación combinada para ciertos sectores podría llegar a ser una forma de expropiación indirecta. En otros países se ha llegado a considerar que una tributación combinada mayor al 50 por ciento es confiscatoria, y no es aceptable. Si la reforma es aprobada, se vislumbra que en muchas industrias se sobrepasaría este porcentaje de tributación combinada”, explica.

A esto sumará otro debate sobre si violan normas de la OMC al establecer montos de exportación para que las zonas francas tengan tasas de renta preferenciales. Ayala considera: “Cada país tiene sus características y sus ventajas y desventajas, y a menos que haya un cambio drástico en las tendencias de los gobiernos en donde se pone en peligro la decisión de invertir, esta se impactará. Pero yo no creo que hayamos llegado a ese punto”, señala.

¿Y con la reforma, las firmas de abogados qué?

Mauricio Piñeros Perdomo, socio de Gómez-Pinzón: “Es una propuesta que recae en todas las empresas y personas. El impacto a las firmas se dará por el efecto de la doble tributación que generará en la distribución de las utilidades. Implica una distorsión porque será menos gravoso prestar servicios de asesoría directamente por personas naturales que por firmas de abogados”.

Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz: “Con la reforma se impacta a los distintos niveles de las firmas de abogados. A las firmas en sí mismas, a los socios y profesionales y a los clientes, pues a cada uno se le incrementan los distintos impuestos”.

Luis Orlando Sánchez, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY Colombia: “Aunque en el corto plazo podrían generarse muchas oportunidades de asesoría, a mediano y largo plazo la pérdida de competitividad del país por la alta tributación podría reducir la inversión en Colombia y así una fuente importante de ingresos para asesores como nosotros y para el país en general”.