Atentos: ¿en cuánto subirá el salario mínimo para el 2024? Esto es lo que usted debe saber

Con frecuencia se sostiene que Colombia es uno de los países donde se trabaja más, pero se produce menos. De hecho, esta teoría fue uno de los fundamentos que respaldaron la decisión de reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales entre 2023 y 2026.

No obstante, esa tesis de que los colombianos son poco productivos no le cuadra al cotero que levanta bultos en las centrales de abastos, al que pega ladrillos sin parar en una construcción, ni al contador que completa lo del mes llevándoles los balances a varias compañías. Es difícil entender por qué el país es tan poco productivo, en especial desde la perspectiva de quienes trabajan de sol a sol y, en muchos casos, sin siquiera ganarse el salario mínimo, hoy en 1.160.000 pesos.

Esa dificultad para medir la baja productividad laboral la comparten los expertos al no contar con herramientas precisas para analizar este indicador. Generalmente, se calcula como la relación entre la producción de bienes y servicios y el esfuerzo o tiempo empleado para producirlos, pero eso varía por sectores y regiones, lo que hace difícil tener una medición nacional de este indicador, que es fundamental para calcular el ajuste anual del salario mínimo.

“La productividad laboral ha registrado históricamente variaciones grandes que podrían ir en contra de los trabajadores si era muy baja o en contra de los empleadores si era muy alta, por eso, tradicionalmente, se ha preferido usar la productividad total de los factores (PTF) en las negociaciones del mínimo”, explica Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado.

La PTF mide cómo se combina y utiliza de manera eficiente el conjunto completo de factores de producción de un país, lo que incluye capital, trabajo y tecnología, entre otras cosas. Por eso, Farné comparte la queja de los sindicatos en cuanto a que, al negociar el salario mínimo, cuyo ajuste depende principalmente de la inflación del año inmediatamente anterior y de la productividad, lo lógico es que no se tenga en cuenta la PTF, sino la productividad laboral, aunque el lío estaría en la medición de esta última. “Lo que sí no puede ser es que cada una de las partes use la cifra de productividad como más les convenga para la negociación. Es una cifra y es lo que es”, precisa el académico.

Según el Dane, la PTF, en el tercer trimestre de 2023, fue negativa (cifra más reciente que se tiene para negociar el mínimo de 2024), con -1 %, mientras que la productividad laboral por horas trabajadas fue de 0,76 % y la laboral por persona de -0,7 %.

Farné señala que esta discusión técnica no se da en muchos países, pues el patrón preponderante es que los Gobiernos suben los salarios cuando lo consideran necesario y no lo hacen de manera anual, sino cuando se requiere. “Acá no solo es una obligación para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, sino que principalmente es una decisión política, en la que lo más importante es el poder de negociación, más que los datos de inflación y productividad”, explica, y agrega que tradicionalmente los sindicatos habían sido la parte de débil de la negociación, pero que bajo el Gobierno actual han adquirido más respaldo en la mesa.

Fabio Arias, presidente de la CUT, insiste en que históricamente se ha usado la PTF, pues han sido Gobiernos proempresa, pero que se necesita usar la productividad laboral. “Economistas de la Nacional han venido haciéndole seguimiento a este tema y encontraron que entre 2006 y 2023 la productividad laboral ha sido 20 puntos más alta que la PTF, es decir, que esa platica nos la deben”, subraya.

Ante esto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indica que es normal que en un país con crecimiento muy bajo o hasta negativo se reduzca la PTF y la productividad del trabajo. “En todos los años anteriores se ha tenido en cuenta la productividad cuando ha sido positiva para la definición de salario mínimo. La gran inflación, el desempleo y el decrecimiento en la actividad económica son, sin duda, factores que deberán ser tenidos en cuenta al momento de definir el nuevo salario”, subraya.

Haciéndose pasito

Uno de los temas que más se ha discutido sobre proceso de negociación del salario mínimo de 2024, y que comenzó el pasado 28 de noviembre, ha sido su posible impacto en la inflación, que muchos temen que sea bastante elevado debido a que cuando se negocia ese ajuste, también se negocia el valor de costos como las multas de tránsito o el de las cuotas moderadoras de las EPS. Es decir, con el ajuste del mínimo hay un efecto cascada que se replica en muchos otros ítems de la economía, pese a que el Gobierno ha intentado desligar ese ajuste de los demás.

De hecho, la consultora Oxford Economics considera que uno de los riesgos para que la inflación no baje en 2024 al ritmo que requiere el país es el ajuste del salario mínimo, el cual, en la década previa a la pandemia, subió en promedio 1,6 % real (descontado la inflación) y después de la crisis sanitaria ha tenido un alza real de 3,4 %.

El temor de mayores presiones inflacionarias también lo tendrían en el mismo Gobierno y por eso se rumora que desde el Ministerio de Hacienda les han pedido a sus colegas de Trabajo que no se les vaya a ir la mano con el aumento.

Por ahora, ninguna de las tres partes en negociación (Gobierno, trabajadores y empresarios) han destapado sus cartas concretas en cuanto al ajuste al que aspiran, pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha insistido en que por lo general el alza ha sido de la inflación más un punto adicional. Si el nivel de precios cierra este año alrededor de 10 %, como pronostican los expertos, y se agrega un punto, el ajuste sería del 11 %, lo que equivale a 127.600 pesos. Cifra que comparten economistas como los de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, quienes creen que subir 11 % sería prudente y podría dejar satisfechos a las centrales obreras y a los empresarios.

Si se llega a restar el tema de la productividad o la inflación de 2023 da señales de quedar más baja, el aumento sería inferior, pero la apuesta es que el piso del ajuste sea el 10 por ciento, que serían 116.000 pesos. No obstante, solo hasta el 12 de diciembre las partes presentarán sus propuestas, mientras académicos como los del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana advierten que cuando se habla de subir la remuneración mínima se debe tener en cuenta que esta no solo implica ajustar la cifra nominal actual de 1.160.000 pesos, sino también los demás gastos que la acompañan como auxilio de transporte, cotización a pensiones, a cajas de compensación y a riesgos laborales. “Estos elementos afectan la dinámica empresarial y la toma de decisiones. La carga para el empleador frente a un trabajador que gana el mínimo no se limita a 1.160.000 pesos, sino que asciende a 1.803.561”, indican en el Observatorio.

Desde Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, consideran fundamental evitar aumentos salariales que excedan las correcciones necesarias para preservar el poder adquisitivo. “Un incremento por encima de dichas correcciones podría traer consigo problemas macroeconómicos como una alta inflación al presionar los precios al alza, aumentar los costos de producción para las empresas y afectar su competitividad a nivel internacional. Encontrar un equilibrio entre los incrementos salariales y la estabilidad macroeconómica es crucial para asegurar un crecimiento económico sostenible y evitar impactos adversos en la economía”, indican.

Igualmente, Charles Chapman, socio fundador de Chapman Wilches y especializado en derecho laboral, añade que se debe tener en cuenta que, con la reducción de la semana laboral, cada hora trabajada cuesta más. “Antes de julio de este año eran 240 horas al mes y ahora son 210, así cada hora ya tuvo este año un aumento de 14 %, en un proceso que va a continuar hasta 2026. Esta debe ser una discusión técnica, no romántica”, enfatiza.