¿Han servido 20 años de política social a favor de los pobres?

Hoy la discusión sobre la política a favor de las familias más vulnerables se ha centrado en una eventual “Renta Básica” que se les entregue a todas las personas de bajos ingresos del país.

La pandemia puso en evidencia que aún siguen siendo muchas las personas que viven al día y que una medida extrema como el confinamiento obligatorio las deja completamente expuestas a caer en la pobreza.

El gobierno Duque reaccionó creando el programa Ingreso Solidario, medida que se sumó al fortalecimiento de los giros ya tradicionales de los programas “en acción”.

El efecto ha sido innegable: según el propio Gobierno, estas acciones de compensación durante la pandemia han reemplazado entre el 37 y el 92 por ciento del ingreso perdido por los primeros cinco deciles de la población durante la pandemia. Los más favorecidos han sido los primeros deciles de la población.

La implementación del nuevo programa Ingreso Solidario y la consolidación de las estrategias ya existentes coinciden con la celebración de los 20 años del nacimiento de la Red de Apoyo Social (RAS), que nació en el año 2000 como respuesta a la grave crisis de finales del siglo pasado que dejó en la calle y sin posibilidad de generar ingresos a una buena parte de la población colombiana.

Como ocurre con cualquier proceso o estrategia, Colombia está hoy cosechando los frutos de una estrategia de largo aliento.

El economista Juan Carlos Echeverry, entonces subdirector de Planeación del gobierno Pastrana, recuerda que la estrategia de ajuste para enfrentar esa crisis estaba concentrada en los aspectos macro: impuestos, pensiones, salud, finanzas territoriales, sistema de transferencias, etc.

Según Echeverry esa era la agenda dentro del paquete de ajuste ideado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiría a Colombia mantener el flujo de recursos de la banca multilateral y de los mercados financieros.

Durante esas conversaciones, salió a relucir la necesidad de crear una red de apoyo social, porque desde el propio FMI se tenía el recuerdo de las tensiones sociales que derivaron en Venezuela en el “caracazo” a finales de la década de los 80, por cuenta de la insatisfacción ante las medidas de recortes presupuestarios y aumentos en los impuestos en ese país.

Así que se hizo evidente que el plan de ajuste no podía adelantarse sin garantizar a la población más vulnerable un esquema que les permitiera mantener su ingreso durante la crisis, logrando otros efectos derivados como mejores niveles de salud, educación y empleabilidad entre los más jóvenes.

“El FMI desde el ‘caracazo’ se dio cuenta que necesitaban programas sociales. El que mantenía esas reuniones era Carlos Felipe Jaramillo, que entonces era el viceministro de Hacienda. Yo era el subdirector de Planeación. Era el primer semestre de 2000”, recuerda Echeverry.

Apenas quedó planteada la inquietud, el entonces subdirector del DNP reunió a todos los expertos en temas sociales de esa institución.

“Eso empezó un sábado y nos reunimos desde la mañana y les dije: necesitamos una red de apoyo social”, recuerda el economista.

Revisaron todas las experiencias y las ideas que podrían expresar esa red de apoyo social, porque el primer obstáculo que enfrentaron era cómo identificar a los eventuales beneficiarios de los programas.

“En el diseño de redes sociales hay dos errores en los que se puede caer: están los errores tipo uno —darle al que no necesita— y los errores tipo dos —no darle al que sí lo necesita—. Lo difícil es identificar dónde están las personas a las que hay que darles. Todo programa debe ser focalizado, lo universal es un concepto equivocado”, comentó el hoy consultor radicado en Washington.

El proceso de análisis sobre los programas ideales para llevar ayudas a las personas que más lo necesitan dio como resultado el diseño de 10 iniciativas que fueron las que llevaron ante la banca multilateral para explicar la necesidad de recursos. Allá les dijeron: es necesario enfocarse en máximo tres programas, para ser más efectivos.

Así las cosas, quedaron sobre la mesa “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Empleo en Acción”.

Los tres programas entregaban recursos a familias vulnerables bajo condiciones específicas como mantener a los niños de un hogar en controles médicos y nutricionales y mantenerlos en los estudios. Además, uno de los aspectos clave es que las ayudas se entregaban a las mamás de cada familia.

El proceso de consolidación de las propuestas quedó a cargo del economista Mauricio Santamaría, hoy presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Todo quedó planteado en el documento Conpes 3081 que fue expedido el 28 de junio de 2000, donde se incluían las recomendaciones necesarias para sacar adelante esos tres programas. A Santamaría lo acompañó un grupo importante de economistas y expertos en asuntos sociales.

La red resultó realmente efectiva para impedir un deterioro en las condiciones de vida de las personas más vulnerables y para mejorar las capacidades de las familias de generar ingresos, porque los niños de esos hogares tuvieron unos mayores niveles educativos y gozaron de mejores condiciones de salud y alimentación gracias a los controles.

Además, la RAS se convirtió en un activo de la gestión pública. Según Echeverry, ello queda demostrado en el hecho de que el presidente Álvaro Uribe fortaleció esos programas y los llevó a 2 millones de familias y el presidente Juan Manuel Santos le dio carácter supraministerial con la creación del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (DPS).

“De la crisis de finales del siglo pasado salió la RAS, salió la ley de vivienda y un nuevo sistema hipotecario, salió el Sistema General de Participaciones, se hizo la reforma de salud, de educación y la reforma pensional. Fue un gran paquete no solo de salvamento social, económico y de empleo, sino de reconstrucción total de la economía del país”, aseguró Echeverry, también exministro de Hacienda.

Para el economista, el país está atravesando hoy una coyuntura muy parecida a la de fin de siglo.

“En ese periodo se dio una amplia gama de reformas sociales, financieras y económicas. Hoy creo que se debe obrar igual: hay que ayudar a todo el que lo necesite porque esas ayudas se las devuelve la economía con crecimiento, recaudo de impuestos, más empleo y más contribuciones de seguridad social. El Gobierno no debe tener miedo. Debe ser más lanzado, porque si no, además, se juega el equilibrio político”.

Aunque reconoce que es un gran logro montar un programa como Ingreso Solidario, que llega a tres millones de familias, sugirió que se suba el monto de recursos. Para él, las ayudas deberían ser al menos del 60 por ciento del salario mínimo, porque considera que la gente no solo necesita ingreso para cubrir alimentación, sino todas las otras necesidades como arriendo, servicios y aseo.

El país, como casi todo el planeta, enfrenta enormes desafíos por cuenta de la peor pandemia en la historia de la humanidad. Aun así, los programas desarrollados para ayudar a la población más vulnerable se han convertido en un verdadero activo de la política pública en el país. En ese frente siempre será necesario “construir sobre lo construido”.