Bajar a pensionados aportes a salud es popular pero muy costoso

Los dos últimos gobiernos han prometido bajar los aportes en salud que pagan los pensionados, y el tema regresa al centro del debate económico. Lo abordará la mesa pensional instalada esta semana por la ministra del Trabajo, Alicia Arango, como parte de uno de los compromisos de la administración Duque durante el debate del salario mínimo, realizado a finales de 2018.

Aunque suena muy popular, el asunto tiene varios problemas. Pasar del actual 12 al 4 por ciento no solo resulta costoso, sino inequitativo si el descuento se aplica a las pensiones elevadas. Por eso esta propuesta levantó ampolla entre los principales analistas económicos, que no entienden cómo, en medio de la crítica situación fiscal que vive hoy el país, esta costosa iniciativa toma nueva vida.

Los primeros cálculos señalan que la medida costaría al año alrededor de 3,2 billones de pesos. Esto significa que el Gobierno tendría que asumir los 8 puntos adicionales que dejarían de pagar los pensionados por la salud. Y se sumarían a los 40 billones de pesos que hoy salen del presupuesto general para financiar, en buena medida, las pensiones de unos pocos privilegiados.

Aquí aparece la segunda gran crítica: como se trata de un gasto que solo beneficia a 2,1 millones de personas que hoy gozan de su pensión (de los cerca de 6 millones de personas que están en edad), solo consigue aumentar la desigualdad del gasto público.

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La propuesta tiene dos grandes inconvenientes según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Primero, no existe el espacio fiscal para acomodar un gasto adicional de 0,3 por ciento del PIB. Y, segundo, va en contravía de la necesidad de corregir el problema de regresividad y baja cobertura del sistema pensional. En opinión del experto, hay que enfocar los esfuerzos, y los gastos adicionales, en aumentar la muy baja cobertura del sistema pensional, de apenas el 24 por ciento. También, corregir los graves problemas de inequidades que aquejan al sistema.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la propuesta no tiene espacio fiscal y es regresiva. 

En este punto coincide Jorge Llano, director de Estudios Económicos de Asofondos. “Con esos 3,2 billones podrían sacar de la pobreza a más de 110.000 adultos mayores de 65 años, de forma vitalicia”, afirma.

La ministra del Trabajo sabe del gran costo que implica la medida. Sin embargo, sostiene que el Gobierno debe siempre honrar sus promesas: “Lo que se firma se cumple”. Pero, sin duda, esto podría generar un nuevo rifirrafe con su colega de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien debe ver de dónde saca la plata y qué efecto puede tener este tipo de medidas en la opinión de las calificadoras de riesgo.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrá que ver de dónde saldría la plata para cumplir la medida.  

Una vieja promesa

La propuesta de reducir el aporte en salud para los pensionados no es nueva. En 2013 la prometió en campaña el entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. Su Gobierno la planteó para aliviar las cargas a los pensionados de entre uno y dos salarios mínimos, pero el Congreso de la República, al aprobar el proyecto de ley 170 de 2016, le extendió la rebaja a todos los pensionados. Esto hizo inviable la iniciativa.

Por ese impase, el ministro de Hacienda de la época, Mauricio Cárdenas, se opuso por su alto impacto fiscal, ante la imposibilidad del Estado de asumir la reducción en el recaudo al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Con este alto costo anual, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) estima que el proyecto en un horizonte de 20 años tendría un valor presente neto de 100 billones de pesos a precios de 2018. Es claro que los efectos de la medida podrían comprometer las metas fiscales para los próximos años.

En su momento, la Corte Constitucional estuvo de acuerdo con las objeciones del Gobierno nacional contra la ley, al determinar que estas normas de carácter tributario deben pasar por una consulta con el Ejecutivo. Y, en efecto, la Corte declaró inconstitucional e inconveniente la propuesta, pues no siguió el trámite legislativo correspondiente y, además, no contó con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Este consideraba regresiva esa norma, pues afectaba los ingresos del sistema pensional al privarlo de recursos para financiar el Sistema General de Seguridad Social.

Centros de pensamiento, como Anif, comparten esta opinión. Consideran que las medidas de sostenibilidad financiera aplicadas al sector salud todavía lucen insuficientes.

Los caminos

Pero también hay quienes creen viable la propuesta del Gobierno. Por eso la estudiará un subcomité de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un espacio de diálogo tripartito entre el Gobierno, el sector empresarial y las centrales sindicales. En esta mesa tienen asiento no solo los ministerios de Trabajo y Hacienda, sino el presidente de Colpensiones, y un delegado por cada central sindical (CUT, CTC y CGT) y de las confederaciones de pensionados (CPC y CDP).

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“Valoramos la voluntad del Gobierno al empezar a analizar este acuerdo al que no se le ha dado cumplimiento y que se firmó desde 2013”, afirmó precisamente John Jairo Díaz Gaviria, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

La ministra Arango recordó que el propio presidente Duque ha dicho que sería mejor reducir este aporte gradualmente, así como tener en cuenta al comienzo los salarios más bajos y de ahí ir subiendo. Esa fórmula limitaría el impacto fiscal, pues centrar esta medida en las pensiones de un salario mínimo –la mayoría– podría costar alrededor de un billón de pesos.

“Este Gobierno cumple sus compromisos”, afirma Alicia Arango, ministra del Trabajo.

De acuerdo con la ministra, exploran hacerlo por etapas y comenzar por los salarios más bajos. “No sabemos hasta qué rango salarial podremos ir, pues eso es precisamente parte de la negociación con los pensionados, que se han mostrado muy comprensivos”, dice. E insiste en que esta medida busca equidad y que por esto no se debe extender a las pensiones altas.

Otras fuentes del Gobierno observan que habría que preguntarse no solo si la propuesta resulta viable fiscalmente, sino si los pensionados de bajos ingresos deben en justicia pagar lo mismo que un asalariado activo. El debate está sobre la mesa.

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Muchas veces lo importante no es lo que se promete, sino lo que se puede cumplir. Hoy están a prueba la responsabilidad fiscal del Gobierno, pero también la capacidad de las centrales obreras de pensar en lo mejor para todos los colombianos, y no solo para sus grupos de interés.

La necesidad de una reforma pensional se deriva precisamente de esta inequidad. No es posible hacerles promesas a los pensionados a costa del resto de los colombianos y de la viabilidad financiera del país. Porque el palo no está para cucharas.