La caja está pelada ¿con qué la llenaremos?

Ninguna propuesta resulta más popular en una campaña electoral que la de reducir impuestos. Les suena a música a los oídos de empresarios, políticos y ciudadanos de a pie, y pocos se resisten. Tiene su lógica, pues alivia el bolsillo de todos. Pero eso no significa que sea viable, recomendable o deseable para la economía, a menos que exista un plan serio de compensar el hueco que genera hacer una rebaja de impuestos o crear nuevos estímulos fiscales para impulsar determinados sectores.

La realidad fiscal es mucho más compleja: en el país solo 2,4 millones de personas naturales y 400.000 empresas son contribuyentes, y el año pasado pagaron 136,5 billones de pesos, es decir, el 13,8 por ciento del producto interno bruto, por debajo de lo esperado por el gobierno y las calificadoras internacionales. Por eso, tomar las decisiones correctas en el tema de los impuestos durante los próximos cuatro años será el gran reto del nuevo presidente.

En el amplio abanico de propuestas lanzadas durante esta campaña, se destacan las rebajas en el impuesto de renta, la eliminación de sobretasas y gravámenes a la riqueza, nuevas exenciones para impulsar sectores específicos e, incluso, varios días del año sin pagar el IVA. Como estas rebajas disminuirán el recaudo, los candidatos han propuesto compensar los faltantes con mayor gestión tributaria, o sea, cobro persuasivo y coactivo, que algunos tasan en más de 40 billones de pesos para los cuatro años, acelerar la adopción de la factura electrónica y más formalización empresarial.

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En teoría son iniciativas sensatas: por un lado, recortarán impuestos a quienes más han contribuido tradicionalmente para que impulsen de nuevo la economía; y, por el otro, apretarán a los evasores y a quienes permanecen por fuera del circuito formal, para que empiecen a contribuir con más recursos. Pero en la realidad las cifras no cuadran.

Pocos dicen, por ejemplo, que algunas de estas rebajas de impuestos están vigentes desde 2016. Entonces el gobierno aprobó la más reciente reforma tributaria y programó una reducción de 3 puntos en renta para este año, cuando pasará al 37 por ciento

–impuesto a la renta de 33 por ciento más 4 puntos de sobretasa–. Para 2019 bajará al 33 por ciento y ya no habrá sobretasa. Cada punto de rebaja implica menores ingresos por cerca de 1,1 billones de pesos.

A la reducción de los 3 puntos se suma que este año se acaban otras dos fuentes tributarias: el impuesto a la riqueza para las empresas, que el año pasado generó 1,6 billones de pesos; y la normalización tributaria, que produjo 1,5 billones de pesos y permitió que muchos declararan sus bienes en el exterior omitidos hasta ese momento. Esto implica que el fisco no recaudará este año alrededor de 6,6 billones de pesos.

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La preocupación crece porque todavía no es claro cómo se compensarán estos menores recursos derivados de la reforma de 2016. A esto se suma que algunos candidatos han prometido reducir aún más el impuesto de renta –hablan incluso de 8 puntos para bajar la tarifa del 33 por ciento al 25 por ciento–, por lo cual el escenario puede ser aún más crítico. No hay plata para tanto hueco.

Gestión, ¿una ilusión?

No solo preocupan las rebajas de impuestos. Las cuentas tampoco cuadran cuando los candidatos anuncian sus planes de aumentar la gestión tributaria. El año pasado, de los 136,5 billones de pesos que recaudó la Dian, 9,84 billones de pesos, es decir, el 7,2 por ciento del total provinieron de la gestión: las acciones de fiscalización, conciliaciones, visitas, embargos y jornadas de cobro, entre otras actividades, que adelantó la entidad.

La cifra obtenida en 2017 es la más alta de los tres últimos años, pues en 2016 la gestión tributaria generó 5,5 billones de pesos, es decir, 4,7 por ciento del total de impuestos recogidos, y en 2015 aportó 5,4 billones, el 4,4 por ciento del total.

Recobrar el dinero que dejan de pagar los morosos o evasores es una de las funciones claves de la entidad, pero implica desplegar un esfuerzo titánico. De hecho, solo el año pasado la Dian contabilizó unos 7 millones de acciones de todo tipo para conseguir este recaudo, de acuerdo con su director, Santiago Rojas. Pero la mayor preocupación está en que no es una fuente de recursos fácil ni infinita.

Para empezar, implica entablar contra las grandes empresas evasoras pleitos que pueden tardar hasta diez años mientras generan un gran desgaste interno por la cantidad de recursos humanos que requieren, todo para obtener resultados muchas veces inferiores a los previstos. Esto ocurre porque muchas veces la justicia favorece a los investigados, porque las cifras recogidas al final son irrisorias o porque los empresarios prefieren irse a liquidación para no pagar, asegura el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega, uno de los funcionarios que ha registrado mejores cifras de gestión.

Por eso, resulta poco realista pensar que la gestión tributaria seguirá creciendo indefinidamente y dará los resultados que el país necesita en el corto plazo, para compensar la disminución de ingresos generados por la reducción de los impuestos. Toda una encrucijada.

A esto se suma que en casos como la evasión de impuestos como el IVA, calculada en 20 por ciento frente al recaudo actual, resulta difícil –según algunos expertos hasta imposible– recuperar estos recursos por la enorme informalidad de varios sectores y negocios. Algunos exdirectores de la Dian calculan que la evasión en el caso de la ganadería podría llegar a 14 billones al año, pues casi 85 por ciento de la carne en el país se vende informalmente; mientras que en plazas de mercado y centrales de abastos puede ser hasta de 80 billones de pesos.

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Otra de las propuestas de los candidatos para cerrar las venas rotas es la facturación electrónica, que entrará a operar en todo el país en 2019. En este caso, las preocupaciones provienen de las dificultades internas que ha enfrentado la Dian con su sistema informático, que después de ocho años no ha podido solucionar del todo. De tiempo atrás ha tenido dificultades con el sistema Muisca, que permitió que hace unos años algunos funcionarios venales pudieran manipularlo para lograr devoluciones de IVA o borrar deudas tributarias. Esto ha encendido las alarmas frente a la operatividad que tendrá a partir de su puesta en marcha.

Aunque Juan Ricardo Ortega reconoce que el sistema ha tenido mucho éxito en otros países, considera que todavía es pronto para saber cómo funcionará y qué tantos huecos podrá tapar en un sistema tributario que tiene aún muchas grietas. Además, si la facturación electrónica comienza en 2019, sus resultados se verán después de 2020.

Acuerdo de voluntades

El escenario fiscal luce complejo para el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. De una parte, porque muchas de las propuestas planteadas en campaña no logran compensar los menores recursos que recibirá el Estado a partir de este año. Además, porque se necesitarán soluciones prontas para evitar que el hueco del menor recaudo obligue al país a endeudarse más allá de lo conveniente. ¿Qué opciones existen entonces? Solo dos alternativas: aumentar los recaudos o reducir los gastos.

Desde el punto de vista de un aumento en el recaudo, Juan Ricardo Ortega asegura que el nuevo presidente estará en una encrucijada y que su único camino consistirá en lograr, como ocurre en otros países del mundo, que las personas naturales más ricas acepten pagar lo que les corresponde, pues hoy muchas de ellas no lo hacen. En Colombia, el 80 por ciento de los impuestos recaudados provienen de las empresas y solo el 20 por ciento de las personas naturales, cuando en el mundo ocurre todo lo contrario.

Por eso, cree necesario lograr “un gran acuerdo político de muy alto nivel, en el que todas las partes, incluidos los asesores tributarios y contadores, se comprometan a hacer lo correcto y a pagar lo que deben”. En otras palabras, que dejen de usar tanta ‘planeación tributaria’ para incumplir sus obligaciones y no sigan evadiendo su responsabilidad. Hoy muchas personas naturales, ponen todos sus bienes, vehículos, yates e incluso el pago del colegio o la universidad de sus hijos a cargo de sociedades, con el fin de pagarle menos de lo que deben al fisco.

También, desde el lado del gasto hay propuestas. Para el abogado tributarista Juan Guillermo Ruiz, de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, parte del problema es que la estructura tributaria se basa en las necesidades de gasto que tiene el gobierno, dejando a un lado la competitividad de las empresas. Por eso, asegura que el nuevo gobierno tendrá que hacer un mayor esfuerzo para controlar el gasto y lograr que las cargas tributarias de las empresas les permitan competir internacionalmente y, además, atraigan capitales internacionales, dos temas que se han deteriorado por la estrategia fiscalista que han tenido las últimas reformas tributarias.

Replantear el sistema tributario es un imperativo para el nuevo gobierno si quiere que la economía retome su senda de crecimiento y mantenga un nivel de ingresos adecuado para compensar sus gastos, sin acudir a más deuda. Por tanto, el nuevo presidente tendrá que lograr los equilibrios que le permitan cerrar las venas rotas de la evasión, sin estrangular al sector productivo. No puede evadir ese reto.