La SIC sanciona a las empresas involucradas en 'cartel de los cuadernos'

Desde el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puso el dedo en la llaga, cuando empezó a investigar el cartel empresarial de los principales productores de cuadernos en el país, que se habrían puesto de acuerdo desde hace más de 15 años para eliminar su competencia.

El 18 de agosto la SIC emitió la resolución 54.403, en la que impuso multas a Carvajal Educación S.A.S., Colombiana Kimberly Colpapel S. A. y Scribe Colombia S.A.S, empresas que habrían violado las normas de libre competencia.

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La SIC encontró que Carvajal y Kimberly, desde el 2001, y Cavajal y Scribe, después del 2011, acordaron el precio de los cuadernos, especialmente de segmentos premium.

Las sanciones fueron millonarias para las tres compañías, sin embargo, a dos de ellas les favoreció haber colaborado con la SIC en la investigación preliminar.

Se trata de Kimberly y Scribe, empresas que se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración, aceptaron su participación en conductas restrictivas de la competencia y aportaron pruebas.

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Carvajal, por su parte, no aceptó haber violado las normas de libre competencia, a pesar de que la SIC la señala de ser uno de los precursores del acuerdo anticompetitivo, además de participante activo durante todo ese período.

Así las cosas, la SIC sancionó a Kimberly con 29.645 millones de pesos; Carvajal con 14.823 millones de pesos y Scribe con 11.720 millones de pesos.

El cartel empresarial generó efectos perjudiciales en el mercado porque evitó que por más de 13 años (2001-2014) hubiera libre competencia. El cartel afectó principalmente a los estratos 0, 1 y 2 de la población.

En su defensa Carvajal aseguró que acudirá a las instancias que brinda la ley para demostrar que no perteneció al cartel.

“Contrariando los derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia, la Superintendencia ignoró más de 20 documentos, 31 testimonios e interrogatorios, dos dictámenes periciales de reputados economistas y decenas de horas de contra preguntas a los delatores que demostraban las debilidades e inconsistencias del caso”, argumentó Carvajal en un comunicado.

La resolución también castiga a las personas naturales vinculadas con las empresas que estuvieron involucradas en el cartel.