Cartel de los pañales para bebé, sancionado con $209.000 millones

Luego de que se establecieran responsabilidades en los carteles de los cuadernos y del papel higiénico por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), le llegó el turno para el de los pañales desechables para bebé, una trama anticompetitiva que duró 11 años (2001-2012) en un mercado que alcanza los 600.000 millones de pesos al año.

Esta vez fueron sancionadas las firmas Tecnoquímicas (Winny) y otras dos viejas conocidas en estas lides: Kimberly (Huggies) y Familia (Pequeñin), por haber incurrido “en una conducta concertada, continuada y coordinada” para fijar artificialmente los precios de sus productos. Se incluyeron, además, 16 directivos de estas empresas. Las multas llegan, en total, a los 209.000 millones de pesos.

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La investigación de la SIC se inició en el 2013 y contó con la colaboración de Kimberly y de Familia, como empresas delatoras, quienes confesaron su participación en el cartel, reconocieron su responsabilidad, aportaron documentos, correos electrónicos y declaraciones de sus funcionarios y exfuncionarios.

Ello significa también, que dentro del programa de colaboración de la SIC, ambas empresas recibieron beneficios. Kimberly fue exonerada del 100 % del valor de la multa, por su condición de primer delator, mientras que a Familia le rebajaron el 50 % como segundo delator.

Por su parte, a Tecnoquímicas le fue impuesta la multa máxima permitida dentro de la legislación colombiana, es decir, alrededor de 69.000 millones de pesos. Se trata de la empresa que mayor parte del mercado nacional de pañales desechables para bebé tiene, con el 45 %. Las tres firmas, en conjunto, manejan el 85 %.

Entre los directivos sancionados se destacan el presidente de Tecnoquímicas Francisco Barbieri, que fue multado con 417 millones de pesos, así como Darío Rey Mora (344 millones de pesos), expresidente de Familia; y Felipe Alvira Escobar (241 millones de pesos), exdirectivo de Kimberly. Por cuenta del ‘efecto sombrilla’ los últimos dos obtienen los beneficios alcanzados por sus empresas.

Entretanto, las investigaciones contra otras dos firmas involucradas, Drypers Andina y Tecnosur, fueron archivadas. En el caso de la primera, la SIC encontró que si bien hizo parte de la cartelización de precios, dejó dicha práctica en el 2006, con lo que esos actos caducaron para el efecto de cualquier sanción. La segunda empresa es únicamente fabricante de pañales y no participa en la comercialización y mercadeo, labor de la que se encargaba Tecnoquímicas.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló que estas prácticas anticompetitivas “hacían parte del ADN empresarial” de los sancionados, sobre quienes se impusieron las máximas sanciones que existen en la normatividad vigente.

Acerca de los beneficios entregados a Kimberly y a Familia, el alto funcionario recordó que este modelo de delación ha dejado beneficios al Estado y a los consumidores colombianos, en especial aquellos de escasos recursos económicos.

Es más, según estudios de la OCDE, el club de buenas prácticas al que aspira ingresar Colombia, los carteles empresariales que fijan artificialmente los precios en el mercado de los productos, generan sobre precios de entre el 15 % y el 60 % por encima del precio de competencia.