Cemex: La piedra del escándalo

Una planta de cemento, ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, que sería la segunda más grande del mundo de la multinacional mexicana Cemex, se convirtió en una piedra del escándalo que involucra a altos directivos en Colombia.

El lío estalló el viernes 23 de septiembre, cuando Cemex Latam Holdings informó a la Superintendencia Financiera que había suspendido de sus cargos al vicepresidente de Planeación de Cemex Latam y Cemex Colombia, Édgar Ramírez Martínez, y al abogado general de la compañía y representante legal, Camilo González Téllez. De inmediato presentó su renuncia Carlos Jacks, director ejecutivo de Cemex Latam Holding y de Cemex Colombia.

La noticia causó gran revuelo, pues de un plumazo despidieron directivos de alto rango y le costó la cabeza al jefe máximo. El ruido con la cementera hizo que la acción se descolgara más del 10 por ciento en la Bolsa de Valores de Bogotá. Divulgada la noticia, en el mundo empresarial todos se preguntaban qué había provocado la salida tan abrupta de estos altos ejecutivos.

Pues bien, los pormenores de este escándalo empresarial comenzaron a conocerse ese mismo viernes, cuando en una reunión realizada en la casa matriz de México, varios ejecutivos entregaron los resultados de una auditoría interna relacionada con un importante proyecto en Colombia. Este incluía la compra de unos terrenos de propiedad de la firma C.I. Calizas y Minerales y los derechos sobre una mina de caliza y una zona franca, en inmediaciones del municipio de Maceo, Magdalena Medio antioqueño, una zona en la que en el pasado reciente actuaron grupos paramilitares. Estos activos tenían un valor de 22,2 millones de dólares.

El objetivo de Cemex era construir una nueva planta de cemento, en cerca de 400 hectáreas, capaz de producir un millón de toneladas, lo que encajaba en los planes de expansión de la multinacional. A los directivos mexicanos les llamó la atención que en todo el desarrollo del negocio se hubieran hecho pagos sin ceñirse a los protocolos establecidos por Cemex sobre gobierno corporativo y código de ética.

Este escándalo se remonta a 2011, cuando Eugenio Correa Díaz, de Cartago, Valle, y quien dice que tiene negocios en diversos sectores, recibió la propuesta de unos empresarios antioqueños para ayudarles a vender unos terrenos y una mina de caliza que tenían en Maceo. Entre los 12 accionistas de estas propiedades se encontraban miembros de la familia Ochoa Restrepo, empresarios de Bello, que tienen negocios de ferreterías y de construcción en este municipio, y quienes fueron autorizados en 2009 por la Gobernación de Antioquia para explotar esas minas. Estos accionistas le dieron mandato a Correa para hacer la negociación. 

Correa comenzó a buscar un comprador para los terrenos, la mina y la zona franca, y en un viaje a México le presentó el proyecto a Francisco Garza, en ese momento miembro del Comité Ejecutivo de la casa matriz de Cemex. Correa llegó a este alto directivo mexicano por intermedio de la reconocida presentadora de televisión azteca Monserrat Oliver, cercana a Garza, a quien había conocido por casualidad unos días antes.

A Garza le sonó la propuesta pues consideró que podría tener un gran potencial para Cemex y por ello se comunicó con Carlos Jacks, director ejecutivo de Cemex Colombia. El tema despertó gran interés en la filial colombiana, a tal punto que, a los pocos días, el vicepresidente de Planeación, Édgar Ramírez, contactó a Eugenio Correa para conocer el proyecto que les estaba ofreciendo.

Después de que funcionarios de Cemex Colombia visitaron Maceo, firmaron un acuerdo de confidencialidad y comenzaron el proceso de debida diligencia, con la intención de hacer una propuesta en firme (ver facsímil). En 2012 se concretó la negociación que incluía la licencia de la mina por 11 millones de dólares, la zona franca por 7 millones y los terrenos por 4,6 millones de dólares, de propiedad de C.I. Calizas.

Aparecen los líos

Cemex Colombia firmó un primer memorando de entendimiento con Correa para la compra de los terrenos, y le giró un anticipo por 12.831 millones de pesos (equivalentes a 7 millones de dólares de la época) por concepto de intermediación de asuntos mineros.

Pero comenzaron a aparecer los enredos. Uno de ellos tiene que ver con una medida precautelativa de 2012 sobre los predios del negocio. La razón es que la Fiscalía General había iniciado un proceso de extinción de dominio de los terrenos de C.I. Calizas, dado que uno de los socios había sido José Aldemar Moncada, uno de los cerebros del desfalco a la Dian por recobros por exportaciones falsas de chatarra. Moncada fue socio de James Francisco Arias, conocido como el Zar de la Chatarra, quien está actualmente detenido.

En abril de este año, cuando transitaba por Envigado, Moncada fue acribillado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Su testimonio se consideraba vital en el proceso que se le llevaba al conocido Zar de la Chatarra. La historia es aún más truculenta, pues 20 días antes de su muerte su hermana Luz Mery Moncada y su esposo, Ramón Eduardo Rodríguez, fueron encontrados asfixiados en el sauna de un conjunto residencial. Los móviles del hecho no se conocen.

Varios de estos sucesos, denunciados por el periódico El Tiempo, comenzaron a encender las primeras alertas en la casa matriz de Cemex en México, que, al parecer, no tenía claro cómo ni con quién se estaba haciendo este negocio en Colombia.

Tras la medida de la Fiscalía, los terrenos de C.I. Calizas pasaron a custodia de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). A pesar de que los predios tenían un enredo jurídico y de que olían muy mal los antecedentes con la DNE, un abogado de Cemex le recomendó a la empresa hacer un contrato de arriendo con esta entidad. Lo increíble es que por predios por cerca de 400 hectáreas y una zona franca se pagó un arriendo por un millón de pesos mensuales, con el fin de seguir adelante con el proyecto mientras se resolvía el tema penal. Según dijo un alto ejecutivo de Cemex, como la empresa se consideraba un comprador de buena fe no vio inconveniente en seguir adelante con la inversión. Además, en caso de un fallo adverso de la Fiscalía tendría la primera opción de compra.

Sin embargo, surgió otro inconveniente porque sobre los terrenos también pesaban varios embargos. La compañía autorizó un segundo anticipo a Correa por 5.800 millones de pesos (equivalentes a 3 millones de dólares) con el fin de levantarlos. Esos dos pagos fueron notificados a la Fiscalía.

A pesar de estos tropiezos el proyecto de la planta de cemento en Maceo siguió adelante. La empresa hizo millonarias inversiones y construyó una carretera para facilitar la movilización de personas y materiales. En total, la compañía tenía previsto invertir 340 millones de dólares en las obras.

El desenlace

Cuando todo hacía suponer que los mayores escollos habían quedado atrás, comenzaron a aparecer rumores y anónimos sobre las actuaciones de quienes estaban al frente del proyecto y sobre el manejo de los recursos. Esto hizo sonar nuevamente las alarmas de la multinacional.

Se inició entonces una auditoría para el caso. Los reflectores se dirigieron sobre el vicepresidente de Planeación, Édgar Ramírez, el abogado Camilo González y Eugenio Correa. Las auditorías investigaron posibles incrementos patrimoniales injustificados, cuantiosos movimientos bancarios y gastos elevados de tarjetas de crédito, actuaciones irregulares y violación al código de ética de la multinacional.

Además salió a relucir un tercer giro de recursos a Correa por el equivalente en pesos de 4,5 millones de dólares, entre 2014 y 2015, que según funcionarios de Cemex no tenía el debido soporte.

Sin embargo, llama la atención que unas semanas antes de estallar este escándalo Carlos Jacks y Eugenio Correa se desplazaron a China en un viaje de turismo, con sus respectivas parejas. Para Cemex este viaje resulta inexplicable, porque al directivo mexicano se le había advertido no hacerlo, pues Correa estaba bajo investigación.

Cuando regresaron del Oriente, Jacks fue citado a una reunión y se enteró de que la compañía desde México contrató al penalista Jaime Granados y que la auditoría de la casa matriz estaba muy avanzada. Hace una semana, de México llegaron altos directivos para hablar con los involucrados. Jacks se enteró de algunas cosas de las que no estaba al tanto –el tercer giro a Eugenio Correa-, y de una supuesta carta enviada por algunos socios de C.I. Calizas donde afirmaban no haber recibido un solo peso del negocio. Pero en una carta enviada el viernes pasado a Cemex por Adolfo León Ochoa Restrepo, uno de los accionistas de C.I. Calizas, afirma que “soporta cargos por pagos realizados por el mandatario Eugenio Correa, utilizados para mantener sana financieramente a la sociedad y para el proceso en curso”.

En ese momento se produjo la desvinculación de los altos funcionarios, mientras que Carlos Jacks renunció con el fin de facilitar la investigación. La compañía anunció que Jaime Muguiro Domínguez, actual presidente del Consejo de Administración de Cemex Latam, es el nuevo director ejecutivo de Cemex Latam y Cemex Colombia.

Como sabe que el escándalo es de marca mayor, la multinacional afirma que “si se presentan acciones legales o administrativas en contra de Cemex Latam y estas en última instancia resultan de manera desfavorable podrían tener un impacto material adverso en los resultados de operación, liquidez y situación financiera de Cemex Latam”.

Hasta el momento, así va el desarrollo de una operación que le permitiría a Cemex Colombia aumentar su producción anual de cemento de 4,5 millones de toneladas a 5,5 millones, pero que se convirtió en una pesadilla mientras deja muchos interrogantes. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, planteó varios de ellos en una columna en la revista Dinero. Sostiene que “el país no puede tolerar que Cemex quede enredada con una de las estructuras de lavado de activos con mayor cobertura nacional, como la del chatarrero James Fernando Arias, y la Justicia se haga la de la vista gorda”.

En este capítulo todavía hay mucha tela de donde cortar. Pocos creen en la ingenuidad de que realizar inversiones por millones de dólares en predios enredados, violando el gobierno corporativo y el código de ética, podría resolverse sin mayores problemas. Las autoridades tendrán que investigar si hubo lavado de activos o corrupción en este proceso.

Ojalá la justicia aclare lo que pasó y que la planta cementera pueda entrar a operar para el progreso de la región y del departamento de Antioquia.

Habla el protagonista

Eugenio Correa, apoderado de los socios de C.I. Calizas, le dijo a SEMANA que tiene toda la documentación que demuestra que su actuación se ciñó a lo acordado con Cemex Colombia.

En medio de este escándalo, Eugenio Correa decidió explicar muchas de las cosas que se están diciendo de él y de su participación en esta negociación. En diálogo con SEMANA dijo que no es cierto que no les haya girado a los inversionistas antioqueños los recursos del anticipo que le dieron en Cemex. Enfatizó que tiene toda la documentación para comprobar dichos pagos y para demostrar que su actuación fue adecuada y se ciñó al mandato que le dieron los socios de C.I. Calizas.

“Estoy dispuesto a presentar toda la documentación ante las autoridades. En los últimos días he tratado de reunirme con el señor Muguiro o con los directivos de Cemex para explicarles todo el proceso, pero no me han atendido”, dice Correa, quien indica cuál fue el destino de los anticipos: de los dos primeros que recibió, les giró a los socios alrededor de 11.000 millones de pesos y usó lo demás para pagar los embargos de los terrenos. Y el tercero, por cerca de 20.000 millones de pesos, corresponde a tierras de su propiedad y de terceras personas, diferentes a los de C.I. Calizas, que le vendió a Cemex Colombia y que no hacen parte del negocio por los 22 millones de dólares.

Dice que está sorprendido porque algunos medios han dado a entender que Cemex hizo pagos a un desconocido cuando desde el comienzo la misma empresa realizó todos los acuerdos con él. “En los últimos cinco años he ido en múltiples ocasiones a Cemex, he hablado con todos los funcionarios, he estado en los terrenos de Maceo y hemos tenido reuniones con dirigentes políticos, como el gobernador de Antioquia, Luis Pérez”, quien conocía el proyecto. Correa explica que sus recursos provienen de los negocios de su familia, que durante generaciones han realizado inversiones en el agro, en el sector inmobiliario y en residuos sólidos.

Cemex dice que el contrato de arriendo en Maceo es por 5 años

En una información enviada por Cemex Colombia el sábado a la Superintendencia Financiera, la empresa señaló que una decisión adversa en materia de extinción de dominio o una terminación del contrato de arrendamiento del proyecto de Maceo tendría serias consecuencias financieras para la empresa.

Según la multinacional, Cemex Colombia esta´ autorizado para usar y usufructuar el inmueble, los derechos mineros en Maceo y continuar con los trabajos necesarios para la construccio´n de la planta cementera. Sobre el contrato de arriendo sostiene que este tiene una vigencia de cinco años y que fue suscrito como una solución temporal mientras se resuelve el proceso legal que afecta a la sociedad vendedora.
"Este arrendamiento se firmo´ en el an~o 2013 y esta´ vigente hasta julio del an~o 2018, salvo que se termine anticipadamente el arrendamiento por parte de la correspondiente entidad del gobierno de Colombia", afirma.

Además sostiene que el proyecto Maceo es crucial para la continuidad econo´mica y el desarrollo de Antioquia, especialmente en el marco del actual acuerdo de paz. Por lo tanto, espera que la planta Maceo este´ operando en su total capacidad durante los primeros meses del an~o 2017. Sujeto a que se resuelva el proceso legal en curso, CEMEX Colombia planea negociar una extensio´n del te´rmino del arrendamiento.
La multinacional reconoció que suscribió un memorando de entendimiento con el representante de la sociedad vendedora de las tierras, la zona franca y el título minero del proyecto y afirma que ha realizado anticipos por el equivalente a 20,5 millones de dólares a esta persona.
Sin embargo insiste en que los pagos realizados para la compra de estos activos fueron hechos violando las poli´ticas internas de Cemex, S.A.B. Cemex Latam y, probablemente, la ley colombiana. Por eso trasladaron el asunto a la Fiscali´a General de la Nacio´n, para que sea esta entidad la que tome las acciones que considere pertinentes.