Claro y Movistar: Las dos caras de un fallo

Una condena histórica en favor del Estado colombiano. Ni más ni menos eso es el fallo de un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que obliga a los operadores Claro y Movistar a pagarle a la Nación 4,8 billones de pesos por cuenta de la reversión de activos.  Pero aunque la decisión se ve como un gran triunfo judicial para el país, acostumbrado a perder en los tribunales, el fallo tiene otra cara que le podría generar más de un dolor de cabeza al gobierno. La razón está en los efectos que podría tener sobre el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, la inversión extranjera y los propios usuarios.

Este fallo, que le podrá representar al gobierno un ingreso equivalente a la mitad de lo que recauda por una reforma tributaria, llega en un muy mal momento para el sector de telecomunicaciones, que ya venía resintiéndose. Tras la decisión del tribunal, Claro tendría que pagar 3,2 billones de pesos y Telefónica-Movistar 1,6 billones de pesos. Esto significa un golpe para las finanzas de los dos principales operadores y para un sector que, como la telefonía móvil, requiere grandes inversiones para seguir ampliando su cobertura, calidad y servicios.

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Para Claro, el pago representaría casi cuatro veces las utilidades logradas el año anterior, que fueron de 843.465 millones de pesos. Y ni qué hablar para Telefónica-Movistar, que el año pasado perdió 341.265 millones de pesos.

Con esto, las dos empresas podrían abstenerse de participar en la subasta del espectro de banda baja (700 MHz) que el gobierno tenía planeado realizar antes de finalizar este año, y que resulta clave para mejorar la calidad y el servicio de telecomunicaciones en el país ante la creciente demanda de datos.

El caso de Telefónica-Movistar es aún más complicado, no solo por las pérdidas netas, sino porque la Nación tiene una participación del 32,5 por ciento en dicha compañía. De hecho, el gobierno se comprometió a inyectarle 1,2 billones de pesos dentro de un proceso de capitalización que la multinacional realiza por 4,4 billones de pesos y que ha despertado una gran controversia.  Si tras este fallo la española replantea su capitalización, al gobierno le quedará muy difícil sacar cerca de medio billón de pesos adicionales que le corresponderían por la reversión al ser socio de la compañía.

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Claro ya interpuso una demanda en una corte de arbitraje internacional por este tema y se espera que Movistar haga lo mismo, pues ambos operadores consideran que hubo cambio en las reglas de juego. Estiman que, en las últimas dos décadas, han invertido millones de dólares en la red de infraestructura. Y para ellas, la devolución de los activos debe aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico de acuerdo con las normas que para el efecto expidió el Congreso (Leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009). Por ello el fallo no afecta a UNE y a Tigo, pues firmaron sus contratos después de promulgadas estas leyes.

Para el Ministerio de las TIC el tribunal hizo respetar la cláusula de reversión de activos pactada en los contratos originales celebrados en 1994, y sostiene que los 4,8 billones de pesos sirven de compensación por los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado a la fecha de finalización de los contratos en noviembre de 2013.

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Los operadores ya solicitaron una audiencia de aclaración para revisar los alcances del fallo y entender, por ejemplo, de dónde sale la cifra de la compensación, qué activos y cómo se están remunerando, entre otros aspectos. Y podrían pedir un recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado.

El fallo pone al gobierno en una encrucijada, pues si bien se anota una victoria judicial histórica, esto podría afectar las futuras inversiones que requiere el sector de las telecomunicaciones para seguir en el proceso de ampliar su cobertura y mejorar la calidad del servicio.