Claves para entender la ley de borrón y cuenta nueva

Los colombianos que están reportados negativamente en las centrales de riesgo, por cualquier razón, podrán salir de estas ‘listas negras‘ si se ponen al día con sus obligaciones.

Así lo aprobó este miércoles la plenaria de la Cámara de Representantes. Ahora, la iniciativa debe ser avalada en conciliación para pasar a sanción del presidente Iván Duque.

La norma les permitirá a los ciudadanos dejar de tener el reporte negativo, siempre y cuando paguen sus obligaciones en los 12 meses siguientes a la promulgación de esta ley.

Así las cosas, una vez las personas se pongan al día con sus deudas, comenzarán a contar 6 meses, tiempo en el cual su información negativa deberá salir de los bancos de datos.

Si se da el caso que una persona ya pagó, pero sigue reportada y ha pasado medio año desde que extinguió esa deuda se le deberá retirar el dato negativo de forma inmediata.

La Ley también ordena que las personas que tengan deudas de bajo monto -por debajo de $131.000- deben ser informados dos veces antes de poder ser reportados. Las notificaciones deben hacerse en días diferentes.

Asimismo, las personas que hayan sido víctimas de suplantación personal y estén reportadas por esta causa, podrán presentar una solicitud por escrito al banco, establecimiento de comercio o empresa de telefonía móvil indicando que fue víctima, aportando los documentos que tenga de prueba. El establecimiento tiene un plazo de 15 días de estudiarlo y así se reportará a la central de riesgo. 

Adicionalmente, establece que la consulta a la información crediticia debe ser gratuita y no debe afectar la calificación, y no se permitirá que esta sea consultada con fines laborales, por ejemplo, procesos de contratación.

Pese a que a primera vista es una gran noticia para los colombianos, varios centros de pensamiento económico como Fedesarrollo han alertado por la consecuencias negativas que traería la iniciativa.

En una sesión virtual que se llevó a cabo el pasado viernes Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que este tipo de medidas afectan la calidad de la información financiera, lo que puede encarecer los precios de los créditos pequeños, que en su mayoría son tomados por personas que no tienen altos ingresos.

Mejía explicó que una medida similar fue aplicada en Chile en el 2012. En ese caso, se eliminó la información de las centrales de riesgo por una sola vez para algunos consumidores, esto causó que un año después de la entrada en vigencia de la medida la tasa de interés para créditos de bajo monto aumentará 5,3 puntos porcentuales.

_{La La ley fija que las consultas de los reportes tendrán que ser gratuitos y no podrán reducir la calificación crediticia de los colombianos.}

Adicionalmente, indicó que en un mercado como el colombiano, donde existen altos niveles de concentración, se generarían barreras de entrada a nuevas instituciones financieras, esto porque los bancos ya establecidos contarán con mejor información crediticia que sus competidores nuevos.

Por su parte, la codirectora de Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca, explicó que la norma disminuiría la posibilidad de la población más vulnerable y los pequeños empresarios para acceder al crédito formal.

Esto, debido a que el historial crediticio es un activo de quienes no cuentan con garantías reales.  "Las personas que caen en manos del ‘gota gota’ lo hacen porque no tienen acceso al sistema formal", explicó Maiguashca.

En tanto, Sergio Clavijo, profesor de la Universidad de los Andes, agregó que si no hay información, el sector financiero se cubrirá al máximo y cobrará más por una mayor percepción del riesgo.

Pese a estos cuestionamientos, el senador David Barguil, coautor del proyecto, insiste en que la ley aportará a la reactivación económica pos-pandemia, porque le permitirá a cerca de 8 millones de personas, pequeñas y medianas empresas, acceder a un crédito formal.

Además, aclaró que se incentivará la buena cultura del pago, y mantendrá el historial positivo y negativo de cada persona. Y aseguró que el mercado crediticio colombiano cuenta con la suficiente información para seguir tomando decisiones frente a la colocación de créditos.

La norma va más allá de los bancos, pues aplica para todos los establecimientos que  otorgan créditos como cooperativas, pequeños comercios, almacenes de cadena y operadores de celulares, entre otros.