Colombia avanza a paso lento contra el soborno transnacional: Transparencia Internacional

En 2013, Colombia ratificó la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el club de buenas prácticas y de los países ricos. Por esa razón, hace parte de los 47 países evaluados por la ONG Transparencia Internacional frente a la implementación de dicho pacto para frenar el soborno transnacional o “el cohecho en las transacciones comerciales internacionales”.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, dijo que se halló que, "de 47 países analizados, solamente cuatro se encuentran en una categoría de implementación activa. Los demás hacen parte de categorías de implementación moderada, limitada o nula”.

Según Transparencia por Colombia, el capítulo de Transparencia Internacional en el país, hubo una mejora con respecto a la evaluación del año 2018, ya que pasó de la categoría “cumplimiento escaso o nulo” a la categoría de “cumplimiento limitado”. No obstante, al país todavía le falta trabajar bastante en su lucha contra el soborno transnacional.

Hernández explicó que “las razones que explican este paso están relacionadas con algunos avances normativos” como la inhabilidad para que personas jurídicas condenadas por cohecho en el extranjero contraten con el Estado o “una mejor regulación de los conflictos de interés de los funcionarios públicos”.

Por otro lado, aseguró que en el informe se identifican grandes esfuerzos para la formación de funcionarios, investigadores, jueces de la materia; la creación del grupo de investigación transnacional en la Superintendencia de Sociedades, “guías y canales que ha puesto también en marcha esta superintendencia y una gran cantidad de capacitaciones para empresarios en esta materia”.

Entre 2016 y 2019, Colombia abrió 20 investigaciones, comenzó dos casos y concluyó uno con sanciones. Por ejemplo, en 2018, la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), tuvo que pagar, por orden de la Superintendencia de Sociedades, una multa de alrededor de 1.8 millones de dólares por sobornar a dos oficiales ecuatorianos para que aceleraran pagos relacionados con contratos del Gobierno.

Además, en febrero de este año, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación a Avianca, después de que esta reportara a Estados Unidos que, quizás, había cometido soborno extranjero al dar tiquetes gratis y con descuentos a empleados de gobiernos de distintos países.

Sin embargo, con todo lo anterior, Colombia tiene que incorporar los mecanismos necesarios y efectivos “de protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción”, dice el comunicado de la ONG. Desde el 2018, Transparencia le hizo la recomendación al Gobierno para trabajar en ello y, a pesar de algunos esfuerzos del legislativo y el ejecutivo, todavía es escaso el sistema de denuncia y protección a los denunciantes, tanto en lo público como en lo privado.

Por otro lado, señala Transparencia por Colombia que “resulta necesario avanzar en la implementación del Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales creado por la Ley 2010 de 2016”, ya que se considera que la creación de ese tipo de registros podría contribuir efectivamente a la lucha efectiva contra el soborno transnacional.

Asimismo, el comunicado indica que Colombia debe definir líneas de acción claras con respecto a la manera de fortalecer el régimen de responsabilidad de personas jurídicas “mediante la incorporación de medidas de responsabilidad penal”. Lo anterior, teniendo en cuenta que entre 2018 y 2020 proyecto de ley que promovió el Gobierno, la Procuraduría y algunos congresistas han buscado impulsar medidas de este tipo, sin que se haya logrado su aprobación.

En el informe, la ONG destaca la importancia de que el Estado destine más recursos para la investigación efectiva del soborno transnacional, ya que “proceso de detección de implicados y recolección de pruebas para la investigación de este tipo de delito, requiere que las unidades investigativas cuenten con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos”.