Colombia es un país cada vez más litigioso y esta es la explicación

Resultado de factores como la inestabilidad económica, los anuncios del Gobierno y algunos cambios normativos, Colombia ha registrado un incremento en la complejidad y cantidad de litigios.

El país ha experimentado una tendencia creciente hacia la judicialización de disputas en áreas como contratos, conflictos societarios, asuntos laborales y cuestiones fiscales.

Al analizar los sectores en los que más han aumentado las controversias jurídicas, expertos como Juan Sebastián Monsalve, abogado supervisor de KPMG Law en Colombia, expresan que los renglones de infraestructura, energía y tecnología han reportado un incremento significativo en materia de controversias jurídicas.

Señala que, en infraestructura, por ejemplo, los proyectos de gran envergadura suelen enfrentar conflictos contractuales y de cumplimiento normativo, con lo cual coincide Rafael Rincón, de la firma Rincón Castro Abogados, quien agrega que los litigios generados por controversias derivadas de contratos de concesión de vías 4G han crecido.

En el renglón de energía, por su lado, las disputas están ligadas a la transición hacia energías renovables y los cambios en regulaciones, mientras que, en materia de tecnología, las controversias se centran en la protección de datos y ciberseguridad, afirma Monsalve, de KPMG Law.

Además de la inestabilidad y desaceleración económica, el aumento de la litigiosidad en estos sectores es consecuencia de las dificultades políticas y de la incertidumbre que enfrenta el país, dice Carolina Posada, socia de Posse Herrera Ruiz, quien señala que otro renglón en el que han crecido los litigios es el de salud, también reportado por Rincón, de Rincón Castro Abogados.

Controversias laborales

Los litigios en materia laboral han aumentado, según expresa Saida Quintero, socia de Quintero y Quintero y especialista en derecho laboral y relaciones industriales. En este sentido, comenta que el incremento de procesos laborales que actualmente se está viviendo en el ámbito nacional se origina, en gran parte, por la protección o garantía del fuero de estabilidad laboral reforzada por salud.

Para Quintero, si bien algunos trabajadores acuden en primera instancia a acciones de tutela buscando una protección inmediata, cuando se genera un fallo favorable al accionante basado en debilidad manifiesta por razones de salud, la orden de reintegro en muchos casos se da de manera transitoria y se ordena al trabajador iniciar un proceso judicial con el fin de que la justicia ordinaria en su especialidad laboral sea la que decida de manera definitiva si es procedente o no esta protección especial.

Es así como se ha experimentado un incremento importante en el número de tutelas de carácter laboral, pero también de procesos laborales. Sostiene, a su vez, que uno de los temas que desde hace unos años viene generando una gran congestión de los juzgados laborales tiene que ver con los miles de demandas que presentan los afiliados al sistema de pensiones pidiendo que se declare la nulidad de su traslado a un fondo de pensiones y que se les permita regresar a Colpensiones.

“Se habla de más de 40.000 procesos de este tipo, muchos de los cuales tendrían que desaparecer dada la alternativa prevista por la recién expedida reforma pensional, consistente en una ‘ventana’ de tiempo de dos años para que los afiliados que estén en régimen de transición y que les falten menos de diez años para pensionarse puedan solicitar su regreso a Colpensiones sin necesidad de demandar”, asegura Quintero.

Precisa que indudablemente el sector industrial es uno de los más golpeados por las controversias jurídicas originadas en asuntos laborales y que esto se explica porque este renglón es uno de los que más aporta trabajadores en el país. En este sentido, y refiriéndose nuevamente a la estabilidad reforzada por salud, destaca que las enfermedades más comunes que se desarrollan en el ámbito del trabajo son, por ejemplo, el túnel carpiano o el manguito rotador, que se generan por la realización de movimientos repetitivos y que son frecuentes en las actividades operativas de las empresas industriales, razón por la que este sector es uno de los más afectados por las tutelas y los procesos laborales relacionados precisamente con estabilidad reforzada por salud.

Seguridad jurídica

La seguridad jurídica es uno de los temas cruciales en el país. Los expertos opinan que si bien el país ha avanzado en la creación de un marco legal más estable, la percepción de incertidumbre persiste debido a la interpretación variable de las normas y la falta de celeridad en la resolución de disputas.

En este sentido, Monsalve, de KPMG Law, sostiene que es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de arbitraje y mediación para garantizar una mayor confianza en el sistema legal y promover la inversión.

A su vez, Posada, de Posse Herrera Ruiz, afirma que “la seguridad jurídica parece que empieza a ponerse en riesgo. Las pocas decisiones que adoptan las entidades estatales no solo son tardías, en algunos casos, sino que, en otros, desconocen principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como puede ser el respeto y la observancia de los derechos adquiridos en materia de inversión, contractual o regulatorio”.

Agrega que es de esperarse que las decisiones de carácter estatal que perjudiquen a los particulares o a los inversionistas en general, sean objeto de reclamos ante los tribunales nacionales o internacionales que salvaguardan la inversión.

“Las cortes son las encargadas de velar por el respeto de los derechos, de la estabilidad y de las reglas jurídicas, y es de esperarse que continúen cumpliendo con dicha función, como hasta ahora lo han hecho”, puntualiza.

Por su parte, Saida Quintero asegura que en el campo laboral el país se enfrenta a diferentes escenarios de inseguridad jurídica que se generan por el hecho de que los jueces no comparten unos mismos lineamientos de interpretación de las normas al momento de adoptar sus decisiones.

Al respecto, dice que es común encontrar que cada juez tiene su propio criterio, incluso apartándose en ocasiones del precedente desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que es el máximo órgano dentro de esta jurisdicción.

“A modo de ejemplo, podemos encontrarnos con procesos relacionados con un mismo asunto, con idénticos supuestos fácticos y pretensiones y, sin embargo, se presentan decisiones judiciales en diferente sentido, cuando las mismas deberían ser uniformes”, añade.

También destaca el denominado choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que en varios temas tienen posiciones diferentes y que terminan poniendo al juez de tutela o al juez laboral en la disyuntiva de cuál posición adoptar, y, por lo tanto, generando inseguridad jurídica para todos los actores de las relaciones laborales.

También preocupa la inseguridad jurídica que se origina en los diferentes proyectos de reforma laboral presentados al Congreso en los últimos dos años, los cuales pretenden cambios estructurales en las relaciones laborales individuales y colectivas, que terminan afectando la inversión nacional y extranjera, y, en consecuencia, la generación de empleo formal en el país.

Otro escenario de inseguridad jurídica en materia laboral se da por los múltiples y controversiales pronunciamientos del Ministerio del Trabajo mediante circulares, resoluciones, memorandos internos y hasta borradores de decretos cuyo contenido, en algunos casos, podría terminar extralimitando las funciones y facultades de sus funcionarios.

Frente al tema, Ernesto Rondón Ojeda, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, asegura que en últimas la seguridad jurídica es una de las garantías que debe materializar el Estado, ya que es su función social y constitucional, comprendiéndolo como la superficie de los derechos y su representación de superioridad sobre los sistemas jurídicos.

“Observo en ocasiones la inapetencia de las personas para acudir a la justicia, precisamente, por cuanto no encuentran garantías dentro del órgano judicial”, concluye.

Cuestión de presupuesto

Enrique Gómez-Pinzón, partner en Holland & Knight, sostiene que los jueces en Colombia tienen un volumen de trabajo que les impide atender con celeridad los distintos procesos a su cargo y que esto se presenta en todas las ramas judiciales.

En este sentido, dice que la justicia necesita un presupuesto más robusto para poder ampliar sus capacidades y atender la demanda de la ciudadanía. “Los centros de arbitraje siguen atendiendo casos que les someten los particulares, pero aquellos que generan costos inmediatos para las partes han disminuido. Los procesos arbitrales sociales, que no generan costo alguno para las partes y que tienen que llevarlos a cabo quienes sean designados árbitros de manera gratuita, por el contrario, han crecido, ya que presentan una solución más oportuna a las controversias que las que hoy en día podrían dar los jueces, dada la congestión judicial abrumadora. Los arbitramentos internacionales de inversión siguen aumentando”.