Colombia pierde laudo arbitral internacional contra Telefónica: el Estado fue condenado a pagar cerca de 380 millones de dólares

En información relevante al mercado en España, Telefónica informó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en un laudo arbitral del 12 de noviembre, condenó al Estado colombiano a pagar 379,8 millones de dólares (unos 1,7 billones de pesos), porque Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica.

La historia se remonta a la década pasada, cuando el Estado colombiano argumentó que los contratos iniciales para la prestación del servicio de telefonía celular en 1994— en ese momento con cerca de seis operadores— tenían una duración de diez años, prorrogables por otros diez y que terminarían en 2014, y los activos revertirían al Estado.

A principios de 1998 se expidió la Ley 422 que determinó que, en los contratos de concesión de telefonía móvil celular, solamente se revertirían al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas, es decir, el espectro.

Esto generó una disputa entre el Estado colombiano y Movistar (Telefónica) y Claro (en su momento, Comcel). En febrero de 2017, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) convocó a un tribunal de arbitramento en Colombia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica).

El fallo, en esa oportunidad, fue a favor del Estado colombiano y dejó en firme una condena de pago de alrededor de $ 4,7 billones a Telefónica y Claro por reversión de activos. Esto llevó a que las dos empresas tuvieran que pagar 4,7 billones de pesos (de los cuales a Claro le correspondería a pagar $ 3,1 billones) a la Nación.

De acuerdo con la publicación de Telefónica en España, el 2 de febrero de 2018, Telefónica S.A. inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de la República de Colombia ante el CIADI. En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado que afectaron las inversiones de Telefónica en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), en donde Telefónica tiene participación mayoritaria. Cabe recordar que en Coltel el Estado colombiano tiene una participación de 32,5 %.

“La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. Como consecuencia de dichas medidas, Telefónica se vio forzada a pagar al Estado la cantidad de 379.804.275.55 USD en 2017. Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a dicho pago, incluyendo por parte de la Corte Constitucional colombiana y otras entidades, fueron implementadas en violación del APPRI. Para resolver la disputa, se constituyó un tribunal arbitral internacional compuesto por un panel de tres miembros”, señala la comunicación.

Agrega la información relevante que después de agotarse todo el procedimiento arbitral, el día 12 de noviembre de 2024, el CIADI notificó a Telefónica el laudo del Tribunal relativo a esta disputa.

“El Tribunal ha considerado que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica de acuerdo con el artículo 2(3) del APPRI, y le ha condenado a pagar la cantidad de 379.804.275,55 USD (aproximadamente 357.631.302 euros al tipo de cambio de 12 de noviembre de 2024) más intereses compuestos a una tasa del 5% por concepto de compensación por los daños ocasionados, es decir, la totalidad del monto principal y de intereses reclamados por la empresa. Además, el Tribunal condenó a Colombia al pago de honorarios de los abogados utilizados por Telefónica durante el procedimiento arbitral, junto con los intereses correspondientes”, concluye la información.

América Móvil (Claro) también demandó en tribunales internacionales a Colombia por haber violado las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con México y del derecho internacional al expropiar sin compensación el derecho de propiedad de Comcel sobre los activos afectados al Contrato de Concesión y acusó en su momento al MinTIC de ser “inconsistente con la Sentencia C-555 de la Corte Constitucional que ordena excluir de la reversión los activos incorporados voluntariamente por Comcel, Occel y Celcaribe, es decir, las inversiones realizadas por encima del Plan Mínimo de Expansión”.

En mayo de 2021, el tribunal internacional se pronunció a favor del Estado colombiano en la demanda de Claro por 1.286 millones de dólares, que pedía la empresa por la disputa de la reversión de activos.

Tras conocerse el fallo, Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), se pronunció a través de su cuenta de X y señaló: “En el año 2018, Colombia fue demandada internacionalmente por Telefónica S.A. (BellSouth Colombia) por considerar que la sentencia C555 de 2013 sobre reversión, y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el año 2014 fundamentadas en ese fallo, violaban el tratado de inversión celebrado entre Colombia y España. La CIADI falla en contra de Colombia y condena a pagar una billonaria suma (US$375 millones)”.

Lizcano pidió que se revise el fallo y se interponga un recurso, y advirtió que no está en firme. “Pediré a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como responsable de este proceso y quien lideró la defensa, las explicaciones del caso y la revisión de la información aportada. Sin embargo, le informo al país, que a nuestro juicio este fallo aún no está en firme porque procede el recurso de anulación. Le pido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que se interponga este recurso lo más pronto posible”, señaló.

El panorama

Esta es una de las pocas victorias que han tenido demandantes internacionales contra el Estado colombiano. En una reciente entrevista con Dinero, César Palomino, presidente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, aseguró que de los 12 casos en los que el Estado colombiano ha recibido laudo, se han ganado ocho. La victoria en estos casos ha representado un ahorro por 5.430 millones de dólares y recuperación en costas 5,16 millones de dólares.

Afirmó que a pesar de las 22 demandas internacionales de inversión que ha tenido el país y los 5,6 billones de pesos en reclamos, con corte al mes de agosto, Colombia solo había sido condenada a pagar 33 millones de dólares.

Y agregó que en lo que respecta al panorama de las demandas internacionales de inversión contra el Estado, actualmente Colombia cuenta con 15 controversias de inversión en etapa arbitral.

“Actualmente, estamos viendo una tendencia creciente de los inversionistas de presentar demandas que atacan las medidas que tomamos como Estado para combatir las consecuencias del cambio climático. En el pasado, los reclamos presentados se centraban en medidas del Ejecutivo, pero hoy en día los inversionistas están cuestionando decisiones estructurales adoptadas por la Corte Constitucional que buscan, entre otros, la reparación por impactos ambientales producidos a comunidades indígenas. Adicionalmente, estamos observando la presentación de demandas asociadas con la decisión del Estado de no criminalizar la protesta social, y buscar soluciones a problemas arraigados a la minería ilegal y el derecho a la salud. Estos son temas tan importantes para el Estado colombiano que deben enfrentarse con equipos de abogados robustos, y con el acompañamiento de las mejores firmas internacionales que el Estado pueda contratar”, puntualizó en ese momento.