Colombianos, a pagar cotizaciones a pensión que se dejaron de aportar por la pandemia

Lo que empezó como una buena idea para aliviar el bolsillo de los colombianos durante la parte más dura de la pandemia, terminará poniéndoles una carga adicional a los trabajadores en los años venideros.

Se trata de los aportes a pensión que dejaron de hacer los colombianos, tras un decreto emitido por el Gobierno, de manera que durante abril y mayo de este año, se pudieran aplazar los porcentajes de pago que hacen las empresas y los empleados por su seguridad social en pensiones.

La medida fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, en una sentencia de julio pasado, con el argumento, entre otros, de que los temas pensionales se debaten y deciden en el Congreso de la República.

Alberto Rojas Ríos, presidente del alto tribunal, dijo en su momento que “la sentencia tiene efectos retroactivos, es decir, todo vuelve al estado en que se encontraba antes de la expedición del Decreto”. En plata blanca, esto dejaba en el limbo unos 2,5 billones de pesos que se dejaron de pagarse, así como las ocho semanas de cotización que no hicieron los trabajadores y que le restan a su acumulado para alcanzar la jubilación.

Ahora, el Gobierno tuvo que diseñar un sistema para que los empleados, independientes y empresas que se atrasaron, con el propósito de contar con esos recursos dejados de pagar, en un momento crudo de la crisis, ahora se pongan al día. Se trata de dineros que se le adeudan al Sistema General de Pensiones, es decir, lo más sagrado que debe resguardar un Estado, pues se trata del ‘seguro’ económico para la vejez de su población.

Según un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo, el plazo máximo para hacer estos pagos será de tres años.

“Los empleadores del sector público y privado, y los trabajadores dependientes que hayan hecho uso del mecanismo (...) contarán con 36 meses, contados a partir del 1.º de diciembre de 2020 para efectuar el pago de la cotización faltante por cada uno de sus trabajadores, sin que haya lugar al pago de los intereses de mora”, dice el documento.

Y aclara que para aquellas personas que se encuentre a dos años o menos de la edad de pensión, el plazo para que los empleadores efectúen el pago pendiente no debe exceder los 6 meses, es decir, debe realizarse como máximo hasta mediados del próximo año.

En cualquiera de los casos, la responsabilidad será compartida. El 75 por ciento la pondrá el empleador y el 25 restante el trabajador, aunque el primero podría asumir el 100 por ciento, si así lo desea. Los independientes, por su parte, sí tendrán que asumir la totalidad del pago pendiente.

Lo anterior revela que, a partir de diciembre de este año y durante tres vigencias, los colombianos tendrán que meterse la mano al dril para hacer los giros faltantes. Los pagos restantes corresponden, cada mes, al 13 por ciento de la cotización mensual, pues se descuenta el 3 por ciento que sí se giró en abril y mayo.

Tomando como ejemplo una persona que gana 2 millones de pesos, su cotización regular a pensión, según las normas vigentes, es del 16 por ciento de su ingreso, es decir, 320.000 pesos. De esta cifra, 240.000 los pone el empleador y 80.000 el trabajador. No obstante, como el aplazamiento decretado, el pago a pensión se redujo al 3 por ciento. En consecuencia, los giros pasaron a ser, respectivamente, de 45.000 y 15.000 pesos.

Es así como, el pago faltante por trabajador es de 260.000 pesos (correspondiente al 13 por ciento). En este orden de ideas, el 75 por ciento (195.000) será de responsabilidad del empleador y el 25 restante (65.000) del trabajador.

Como las cotizaciones pendientes son de dos meses, los asalariados deberían pagar, en total, 130.000 pesos. Si esto se divide en los 36 meses que permitiría el Gobierno, al pago mensual de pensiones se le sumarían unos 3.600 pesos. En tanto, los empleadores tendrían que girarle al sistema 390.000 pesos, que divididos en 36 meses, quedarían en cuotas de 10.833 pesos.

SI bien las cifras mensuales no son tan elevadas, para muchos, cualquier peso hace la diferencia. Más ahora, que la pandemia le sigue pasando factura a los ingresos de los ciudadanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los recursos dejados de pagar fueron utilizados en un momento de dificultad, tanto para las empresas, como para los trabajadores.

La caída del decreto

La historia de este panorama que hay alrededor del aporte a las pensiones de los trabajadores comenzó a mediados de abril de este año, momento en el que más del 90 por ciento de los ciudadanos cumplía con el confinamiento estricto para mitigar la expansión del coronavirus. Esta situación los puso entre la espada y la pared, ya que millones de ciudadanos perdieron sus trabajos, les redujeron el sueldo o quedaron en licencias no remuneradas.

Eso sí, la registradora de la seguridad social les seguía facturando, lo cual los hacía responsables de hacer sus pagos obligatorios a salud y pensión, so pena de ser considerados evasores y quedar inmersos en sanciones.

El Gobierno, con facultades de expedir normas con fuerza de ley (durante la primera emergencia económica), firmó el Decreto 558 de 2020, que les permitió a los trabajadores y empleadores pagar menos aportes a pensión y a algunos no realizar sus aportes al fondo de solidaridad pensional. En la norma se estableció que, en el caso del trabajador, los meses dejados de pagar podría aportarlos ampliando su vida laboral después de cumplir con el tiempo reglamentario. Es decir, las mujeres se pensionarían a los 57 años y dos meses de edad, y los hombres, a los 62 años y dos meses.

Esto, con el fin de que tuvieran un mayor flujo de caja, durante abril y mayo, pues el decreto avalaba que, en el caso de los trabajadores independientes, se acogieran de manera voluntaria, y en el caso de los empleados con contrato formal, las empresas tomaran la decisión. Hasta ahí, todos contentos. El problema llegó dos meses después, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la norma. Ahora, sobrevino el momento de pagar.