Cobros acumulados de lo que se congeló en el pasado podrían calentar las protestas sociales en el primer trimestre de 2024

Gasolina y diésel

Decisiones gubernamentales, tanto de esta como de anteriores administraciones, les han pasado duras cuentas de cobro a los colombianos y ahora se juntan, precisamente, en una coyuntura de alto costo de vida e inversión a la baja.

En 2007, cuando el barril de petróleo llegó a 100 dólares, en Colombia se aprobó la Ley 1151, que creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Su propósito sonaba loable, pues buscaba atenuar en el mercado interno el impacto de la fluctuación en los precios internacionales. Eso implicó que durante todos esos años, hasta 2022, la gasolina solo tuvo incrementos bajos, de apenas centavos, mientras que en el mundo se trepaba.

La fórmula prevista implicaba llenar el fondo cuando el precio internacional bajaba, pues acá se mantenían los cobros por galón como si nada estuviera sucediendo afuera.

Por el contrario, si subía el precio en el mundo, acá se subsidiaba, supuestamente, con los ahorros guardados. Pero no resultó según lo previsto. El Fepc se fue secando y fue impactado durante la pandemia, cuando los precios no se tocaron por la crisis sanitaria y económica. El fondo llegó así a un estado deficitario de 36 billones de pesos al cierre de 2022.

Tanto es así que ni con los 12 incrementos graduales aplicados hasta ahora en el precio de la gasolina se da por concluido el ciclo alcista, pues el precio por galón debería llegar a 16.000 pesos, como en Estados Unidos. Después seguirá el diésel, que representa el 77 por ciento del déficit, el cual hasta el momento no ha subido para evitar mayores afectaciones en la inflación.

Estudios del Banco de la República estiman que un choque del 10 por ciento en los precios de la gasolina y del diésel aumenta el índice de precios al consumidor en 1,3 por ciento. Hasta ahora, la gasolina ha subido 5.041 pesos desde los 9.523 que costaba cuando empezaron las alzas.

Durante el foro económico del Centro de Penasmiento -Anif- el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, vaticinó que el primer trimestre de 2024 podría ser caliente en materia de protestas sociales. El sector de los camioneros sería uno de los primeros en salir y así lo han anunciado ya en otras ocasiones, pues, son los principales usuarios del diésel.

Y los ciudadanos del resto de actividades económicas no escaparían a las protestas, pues, al subir este combustible, se crearia un efecto dominó en el costo de todos los demás bienes y servicios.

Tarifas de energía

Ningún sector ha estado más en ascuas que el de energía, pero uno de los riesgos latentes es el del llamado apagón financiero, debido a la falta de liquidez de las comercializadoras para adquirir más energía a futuro en medio de un incremento en el consumo del servicio, en parte, por el fenómeno de El Niño.

Durante la pandemia, desde abril de 2020, en el país se activó el mecanismo conocido como opción tarifaria, que buscaba aliviar el bolsillo de los hogares, permitiendo a los comercializadores congelar los cobros del servicio en el momento de la crisis sanitaria y económica, pero con la expectativa de recuperar la plata después. La medida alivió en el momento, aunque llegó la hora de cobrar y el deudor era el usuario, lo que motivó una crítica del presidente Gustavo Petro a su antecesor, Iván Duque.

El mandatario reclamaba el hecho de haber acudido a una medida que bajaba las tarifas de energía eléctrica a los colombianos, pero no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino con una deuda puesta en hombros de los usuarios, la cual se acumuló y llegó a los 5 billones de pesos, según las cuentas presentadas por la Asociación de Distribuidores de Energía (Asocodis). Como todo costo congelado tiene que descongelarse y alguien lo tiene que asumir, la salida inicial parecía ser la del aumento de las tarifas, lo que a todas luces no sonó viable en medio de una carestía que agobia.

En el contexto del reclamo de las comercializadoras, el Gobierno planteó un salvavidas: activó un crédito de hasta un billón de pesos en recursos disponibles, irrigados a través de Findeter, lo que les dará liquidez mientras se aplica una solución definitiva que logre financiar y garantizar la recuperación del sistema energético.

El interrogante ahora es quién será el paganini cuando las distribuidoras tengan que cubrir el préstamo con todo y los costos que este implica. Nada es gratuito.

Peajes, por partida doble

El 15 de enero de 2023, luego de conatos de incendio social en distintas ciudades del país por el incremento en los peajes que se debe aplicar anualmente en Colombia con base en la cifra de inflación del año anterior, el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 50, que ordenó no incrementar las tarifas a los vehículos que cruzan por las 143 casetas a cargo de la ANI e Invías en las carreteras nacionales.

La protesta se calmó, pero la deuda quedó viva y es la que ahora está en capilla para ser cobrada en algún momento. La factura se iba a poner al día entre diciembre y enero de acuerdo con un borrador de decreto que emitió el Ministerio de Transporte. Pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no se aplicarán dos cobros seguidos.

Cuando se congeló el alza de los peajes, el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, alertó que dicho aplazamiento, que ascendía a un billón de pesos que los usuarios de las vías dejarían de pagar, generaría un impacto fiscal, pues es dinero con el que contaban los concesionarios que invirtieron en las obras para seguir operando.

En el Ministerio de Transporte apropiaron 500.000 millones de pesos, la mitad del costo anual, para pagarles a los constructores de carreteras, pues ellos tienen contratos firmados que deben ser cumplidos. Con el congelamiento de los peajes se buscó mitigar el efecto de la inflación, la cual subió 13,12 por ciento en 2022. Pero el esfuerzo parece haber sido en vano. Fedesarrollo hizo el cálculo y, “si el Gobierno hubiera aumentado los peajes en ese 13,12 por ciento en enero de este año, la inflación hoy solo sería 0,01 por ciento más alta”.

Rezago en el predial

Otra factura que tendrán que asumir los colombianos es la que deja el rezago en la actualización del avalúo catastral. El Gobierno radicó un proyecto de ley para poner un tope, de hasta 300 por ciento, en el incremento del impuesto, lo que causó una polémica en el país aun sin que la iniciativa sea incluida en la agenda del Congreso.

La propuesta fue calificada por el Ministerio de Hacienda como un alivio, puesto que es tal el atraso en los avalúos que en muchos lugares los ajustes requerirían aumentos de hasta el 1.000 por ciento. En el país, desde hace varios años, se adelanta el catastro multipropósito, que busca poner al día el valor real de los predios, pues hay unos –principalmente en el sector rural– que en el pasado fueron pastizales, pero ahora son condominios que pagan sumas irrisorias.

Según el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), la actualización del catastro va en 9,6 por ciento. En el cuatrienio, la meta es completar 660 municipios con los avalúos puestos al día. En hectáreas de tierra, el país tiene actualizadas 10 millones y se aspira a llegar a 30 millones.

El problema es que la medida llega en un momento en el que la vivienda está de capa caída.

El sector de la construcción fue el que más se desplomó en el tercer trimestre de 2023. Y las ventas de unidades habitacionales llevan 16 meses en picada, lo que hace temer a Guillermo Herrera, presidente de Camacol, que una eventual subida del predial llegue a impactar aún más al sector. A juicio del directivo gremial, esos saltos tan grandes para poner al día lo que no se hizo a tiempo agudizarían la crisis en la comercialización de viviendas y afectarían el precio de los arriendos.

Cuidado con el salario mínimo

Todos los cobros aplazados, que deben ponerse al día ahora, suman y pondrán mayor presión en los ciudadanos, cargados ya con una elevada carestía. Por ello, la definición del incremento en el salario mínimo debe hacerse con pinzas, según recomienda Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Aunque un aumento generoso haría sonreír a los trabajadores, también podría impactar negativamente la meta de reducir la inflación, el peor impuesto para la gente.

El 28 de noviembre será el primer encuentro de los integrantes de la mesa tripartita, de la que forman parte trabajadores, empresarios y Gobiernos. En esa fecha, empezará la puja por el aumento que aplicará en 2024, un año que desde ya se vislumbra complejo en materia económica.Por ello, Mejía dice que le preocupa el aumento que se acuerde para el salario mínimo.

“El año pasado, cuando se incrementó tanto (16 por ciento), dijimos con anticipación: ojo con un alza muy grande, porque, si bien es percibido como muy bueno que los hogares formales tengan más plata en su bolsillo, es algo que presiona los precios, pues, además, sube la demanda agregada”, dijo el economista.

Por el momento, son varias las apuestas que se barajan, y, en todo caso, el incremento sería de al menos un 10 por ciento. También se destapó una propuesta del Observatorio Fiscal, de la Universidad Javeriana: elevarlo a 2 millones de pesos, pero sin pago de primas.

La definición tendrá que ser con la técnica necesaria para no impactar más la economía. Al decir de Mejía, “si en este momento el Gobierno toma una decisión de subir mucho el salario mínimo, generará aumentos adicionales de la inflación del próximo año. Eso podría cambiar la ecuación al provocar cierta pausa del Banco de la República en la reducción de las tasas de interés y llevar a los empleadores a frenar la generación de empleo”.

Así que el mensaje del director de Fedesarrollo es tener en cuenta que “el palo no está pa’ cucharas”.