Comisión de expertos de la Carf se pronuncia luego de propuesta del Gobierno de no cumplir la regla fiscal

Aunque ya se ha apaciguado del debate alrededor de la propuesta que lanzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el sentido de no cumplir la regla fiscal, que es la que le pone freno al gasto público desbordado para evitar agrandar el déficit fiscal, la Comisión de expertos conocida como Carf se pronunció finalmente al respecto.

El mandatario habló de flexibilizar la norma para poder hacer frente a la caída de la inversión, que es la que reactiva la economía. Más aún, en el escenario en el cual, la Corte Constitucional tumbó una importante fuente de ingresos que estaba en la reforma tributaria, proveniente de la prohibición a las empresas de la industria extractiva de deducir lo que pagan por regalías, cuando realizan la declaración de renta.

Para la mayoría de colombianos es claro que si 2023 ha sido un año complejo, el 2024 podría ser más retador. Para el Gobierno, los desafíos son de todo tipo, pero en particular, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (Carf) destaca el de la necesidad de cumplir con la Regla Fiscal, es decir, que las finanzas públicas no se descompensen y el país termine con más deuda.

El equipo de expertos estima que para evitar colapsos en las finanzas públicas, se requiere hacer ajustes al gasto, y no por poco monto.

El Gobierno tendría que reducir sus cuentas en 23 billones de pesos, lo que equivale a 1,4 % del PIB. Eso, si es que se quiere cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla (un balance primario neto estructural de -0,2 % del PIB), dice el documento.

Para los que vigilan que las finanzas públicas se lleven a buen puerto, el principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por 15 billones de pesos. Con ello, la Carf se refiere a la plata que tiene prevista recaudar la Dian, por cuenta de arbitramento de litigios. A sabiendas de las demoras que hay en el país con los procesos, tanto jurídicos como administrativos, dicha fuente de ingresos sería incierta.

El grupo de expertos en temas fiscales señala que “todo lo demás constante, el ingreso o no de los recursos por arbitramento de litigios no cambiaría las cifras de déficit fiscal primario neto estructural, sobre el cual opera la regla fiscal, sino únicamente la posición de caja de Gobierno y la financiación del déficit”.

Aumentará el déficit

Parece inevitable que el déficit fiscal aumente en 2024. Según la Comisión de Regla Fiscal, el escenario del próximo año implica un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB.

Esa circunstancia, que obedece a los múltiples compromisos de inversión que tiene el gobierno, “resulta preocupante”, para los expertos. Todo porque estaría echando reversa a la tendencia que se venía observando luego de ocurrida la pandemia de covid, pero en especial, a lo alcanzado en 2023.

“Una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo”, sostuvieron los integrantes de la Carf.

La regla fiscal es para proteger el manejo de las finanzas

En medio de los debates que se han suscitado en Colombia, inclusive promovidos por el propio presidente Gustavo Petro de levantar el freno que pone la regla fiscal al gasto, la Carf recordó que dicha ley se hizo para proteger el gasto programado del gobierno central. De hecho, es un manto protector en un caso como el recientemente ocurrido con el fallo de la Corte Constitucional, sobre la no deducibilidad de las regalías, con el cual, el ingreso se contrae.

“A pesar de la reducción de los ingresos, el ajuste en el ciclo petrolero y en las transacciones de única vez evitan que se deba ajustar el gasto en la misma proporción, protegiendo la economía de un sesgo de postura fiscal procíclica. Así, el ajuste de gasto estructural que se requiere ante los 6,8 billones de recaudo neto que se dejarían de recibir por el fallo de la Corte, sería de sólo 1,7 billones”, expresaron.