¿Cómo reemplazar a Electricaribe?

La prestación del servicio de energía en la costa Caribe colombiana ha sido un dolor de cabeza. Hace 18 años, cuando se privatizó Electricaribe (que era la suma de varias electrificadoras públicas) se pensó que el modelo privado acabaría con los males que padecían los costeños y que por fin comenzarían a recibir un servicio de más alta calidad.

Y la verdad es que hubo algunas mejoras y se hicieron inversiones, pero la fórmula no funcionó como se esperaba. Para empezar, en casi dos décadas, esta compañía ha tenido tres inversionistas extranjeros: el consorcio Houston Industries y Electricidad de Caracas, Unión Fenosa y Gas Natural, lo cual muestra que algo no funciona bien.

Pues ahora que comienza la búsqueda de un nuevo operador para reemplazar a Electricaribe, tras la intervención por la Superintendencia de Sociedades, se ha abierto el debate sobre cuál debería ser el modelo para definir el futuro de la distribución de energía eléctrica en la costa Atlántica: si debe quedar en manos de una compañía o de varias; si debe ser un inversionista local o extranjero, o un operador público o privado.

Se trata de una decisión donde están en juego la calidad del servicio para más de 2,5 millones de usuarios –que representan un 25 por ciento de la demanda de energía de Colombia– y la competitividad de la región Caribe, la industria y el país. El gobierno acaba de decidir que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) lidere la estructuración y el proceso de búsqueda del nuevo operador.

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Un reciente informe de la Superintendencia de Servicios Públicos evidencia la brecha que tiene la costa frente a otras regiones del país, en calidad del servicio de energía eléctrica. En 2016 esa región sufrió alrededor de 100 horas acumuladas de cortes de energía por usuario al año, niveles similares a los de países del norte del África subsahariana. En Bogotá, las interrupciones acumuladas de energía alcanzan las ocho horas.

Esto es preocupante dada la fuerte relación que tiene el suministro confiable de energía eléctrica sobre la productividad industrial y el bienestar de la población. Es por eso que los costeños y el país no aguantan otro fracaso más.

Debate de kilovatios

El primer tema que ha surgido en el debate es si ante el gran tamaño del mercado que atiende hoy Electricaribe –es la encargada de la distribución y comercialización de energía en siete departamentos– esta debería fraccionarse. Es decir, si es mejor seleccionar varios operadores, dada la diversidad y heterogeneidad de estos mercados.

Según los expertos, hay zonas tan buenas como Barranquilla donde hay una industria muy desarrollada; regiones ganaderas de Córdoba hasta mercados como La Guajira o zonas agrícolas de La Mojana con altos niveles de pobreza. Además, consideran que ante complejidades como los problemas de cartera, cultura de no pago y conexiones ilegales, entre otros, la cercanía del operador es un factor clave para la gestión del negocio, el control de pérdidas y el recaudo.

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Estos argumentos respaldan la posición de quienes sostienen que es necesario fraccionar el mercado para entregárselo a operadores locales, que conocen estas complejidades. “No se puede manejar el mercado de La Guajira desde Barranquilla”, afirma Eva María Uribe, exsuperintendente de Servicios Públicos. “Manejar un sistema de mercado unificado tan grande no ha dado resultado, hagamos algo distinto. Se podría manejar un sistema dividido en tres empresas autosostenibles y autónomas, que tenga en cuenta las particularidades de mercados tan complejos”, agrega.

Algo muy distinto consideran otros expertos como Dean White, CEO de Tetra Tech, compañía global que ha asesorado al gobierno en el proceso de intervención de Electricaribe, para quien si bien esta es una compañía grande –al tener cerca de una cuarta parte del mercado colombiano–, opera un negocio relativamente pequeño para estándares internacionales que manejan economías de escala para lograr mayores eficiencias. Es decir, este analista sería partidario de una compañía con un gran músculo financiero para hacer grandes inversiones.

Sin embargo, esta tesis tiene contradictores. Ante el fracaso de la multinacional Gas Natural Fenosa y todas las demás que han estado, ya han comenzado a surgir voces en la región que piden volver al esquema de compañías públicas. Pero hay que recordar que este esquema, de los noventa, también fracasó, y fue precisamente la politización, burocratización, corrupción y la crisis financiera y de sobreendeudamiento de este modelo lo que llevó a la privatización y creación de Electricaribe.

En materia de servicios públicos –especialmente en el tema de energía– la experiencia en Colombia muestra que no hay un modelo que garantice el éxito.

Por ejemplo, hay compañías públicas muy buenas con gobierno corporativo, gestión de calidad y excelentes resultados financieros como Empresas Públicas de Medellín (EPM). Pero también hay firmas públicas en mercados atractivos que no han dado los resultados esperados como Emcali.

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En lo privado pasa igual. Se encuentran experiencias no gratas como Gas Natural manejando Electricaribe, pero también casos de éxito como Epsa, hermana de Electricaribe. Epsa, que fue vendida por Gas Natural a Celsia y presta un excelente servicio en el Cauca, que tiene unos niveles de pobreza y fraude similares a los de la costa.

También está la opción de una compañía mixta. Un ejemplo relevante es el de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), donde el Distrito tiene el 51 por ciento de Emgesa y Codensa, pero el control lo tiene la chilena Endesa. Este modelo público-privado le ha permitido a la EEB consolidarse como uno de los grupos de energía más fuertes y con ganancias en los últimos 20 años.

Para expertos, lo relevante no es si es local o extranjera, pública o privada, sino que tenga la capacidad de hacer las inversiones que se requieren para garantizar la calidad y continuidad en el servicio y, además, que cuente con experiencia en la gestión de este tipo de mercados. Electricaribe requiere inversiones por 1,5 billones de pesos en los próximos cuatro años para el cambio de redes de alto voltaje, que son antiquísimas, las redes de transmisión local y los planes de mantenimiento. Sin embargo, una buena gestión también es necesaria, pues por cada 100 pesos Electricaribe perdía 35, no solo por el deterioro de la red, sino por el fraude y la cartera morosa.

Interesados con potencia

Aunque el proceso apenas despega, se sabe que alrededor de ocho empresas entre nacionales y extranjeras han mostrado interés en Electricaribe. Cabe recordar que el Caribe es la región que más crece en demanda eléctrica del país y que precisamente los bajos niveles de gestión hacen que existan muchas oportunidades de mejora.

Promigás fue una de las primeras compañías que expresó interés. Esta empresa tiene una experiencia exitosa en la distribución y comercialización de energía eléctrica en el departamento del Cauca, una zona compleja con problemas muy similares a los que hay en la costa. “Tenemos cifras similares en materia de usuarios, por lo cual tiene sentido darle una mirada pensando siempre las mejores opciones para la región Caribe. No obstante, las inversiones necesarias para rescatar el servicio y la reputación son significativas”, aseguró en un comunicado Antonio Celia, presidente de Promigás.

También habría interés del Grupo EPM y de Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, dos gigantes nacionales con una experiencia exitosa en términos de calidad. No obstante, uno de los inconvenientes para la participación de EPM es que según regulación ninguna empresa puede tener más del 25 por ciento del mercado de comercialización de energía, EPM tiene el 22 por ciento. Sin embargo, la Creg ya anunció que estudia la eliminación de dichos topes, pues lo que hay que evitar es el abuso de una posición de dominio, pero no castigar per se una alta participación del mercado.

En las últimas semanas, se rumora que otro jugador que podría estar interesado es el Grupo Ethuss, con intereses en el sector de la infraestructura y servicios públicos, propiedad del empresario William Vélez. Dentro de las compañías internacionales que han estado indagando estaría la chilena Enel –dueña de Codensa y Engesa– y la compañía estatal china de distribución de energía Grid, la segunda del mundo por ingresos en este sector. También habrían mostrado interés fondos de capital privado como el canadiense Brookfield –que compró a Isagén– y Actis, un fondo británico especializado en rescatar compañías en problemas. Este último fondo habría comprado recientemente una electrificadora en Guatemala, después de que Gas Natural Fenosa no pudiera seguir con la operación, algo muy similar a lo que ocurrió en nuestro país.

Con la intervención de Electricaribe se evitó un apagón en la costa Atlántica y un posible contagio sobre el sistema energético nacional y la economía. Incluso se protegió al sistema financiero nacional. Hay que recordar que de los 2,4 billones a que ascienden las deudas de Electricaribe, 1,8 billones de ellas son con algunas de las principales entidades del sector financiero. De hecho, los bancos han aceptado su reestructuración y se han activado mecanismos financieros para poder mantener el servicio.

Ahora que la intervención marcha bien, es necesario avanzar rápidamente en la definición del nuevo modelo y de los operadores que se requieren, para garantizar no solo el mejor precio, sino un servicio de calidad para la costa. Con esto, no solo se protegerá a los acreedores, sino a los usuarios. Como han advertido los empresarios de la región, solucionar la incertidumbre respecto a los servicios públicos en la costa es crucial para reactivar de forma dinámica la inversión industrial en la costa y en el país.