Cómo se repartirán las regalías en las regiones

Después de un trámite que comenzó el año pasado e incluyó un acto legislativo y una ley reglamentaria, esta semana quedó lista la última aprobación que faltaba para reformar el Sistema General de Regalías (SGR) que operaba en el país desde 2011.

Esta plantea corregir algunos problemas convertidos en piedra en el zapato para el sistema. Por un lado, evitar la baja ejecución de recursos para obras de desarrollo en las regiones debido a los excesivos controles. Por el otro, equilibrar las cargas en la distribución de los dineros. Y, en el fondo, lograr que los colombianos vean las obras hechas con las regalías, que en los últimos años han escaseado.

La reforma tenía un objetivo difícil de conciliar: dejar contentas a las regiones productoras y a los municipios no productores con una nueva estructura de repartición. Todo indica que lo logró.

Para esto, aumentó la bolsa general y disminuyó el porcentaje del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Es decir que habrá menos ahorro y más inversión en momentos en que la coyuntura del país exige aumentar la apuesta por el desarrollo.

Otro objetivo era eliminar la mayoría de los famosos Ocad (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), que hacían las asignaciones directas y las locales. Estas instancias de decisión habían nacido en 2011 para garantizar transparencia y en ellas participaban alcaldes, gobernadores y representantes del Gobierno nacional. Pero también hacían más complejos los trámites.

En la reforma recién aprobada, los 1.100 Ocad se convertirán en ocho. Para suplir estos órganos y garantizar el buen uso de los recursos, el Gobierno aseguró que activará mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección en los entes territoriales que hayan demostrado rangos críticos de gestión. Según el ministro de Minas, Diego Mesa, este aumento en los recursos de las regiones cumple una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque.

El anterior sistema buscó darles mayor participación de regalías a las regiones y aumentar los controles en el uso de estos dineros. La medida se justificaba luego de evidenciar la mala utilización de las billonarias asignaciones en municipios y departamentos. Pero el sistema se volvió tan complejo que congeló los recursos cuando más los necesitaban las regiones.

También les quitó plata a las zonas productoras. Cuando quedó aprobado ese ajuste en la administración anterior, los gobernadores y alcaldes afectados lo consideraron un raponazo a sus recursos. Eso los dejó sin incentivos para facilitar la explotación en sus territorios. Y algunos ciudadanos rechazaron la actividad minera y petrolera al no percibir sus beneficios.

El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, acuñó la famosa expresión según la cual la reforma se necesitaba para distribuir mejor la mermelada de las regalías en toda la tostada del territorio. Aunque logró impedir malos manejos, en la otro cara de la moneda hubo una baja ejecución de proyectos. En efecto, los entes territoriales no contaban con la capacidad institucional para empujarlos y sacarlos adelante.

Cómo repartirán la mermelada

La reforma al sistema de regalías cambia el modelo. Ahora, los departamentos y municipios en cuyo territorio haya explotación de recursos naturales no renovables o puertos por donde se transporten dichos recursos pasan de recibir un 11,2 por ciento de los ingresos del SGR a un 25 por ciento. Además, los municipios donde se concentren las explotaciones obtendrán un 5 por ciento adicional.

Los municipios más pobres recibirán el 15 por ciento. De ellos, un mínimo del 2 por ciento tendrá destinación específica para proyectos relacionados con el medioambiente y desarrollo sostenible. En cuanto a la asignación de inversión regional, esta se mantendrá en 34 por ciento.

La reforma introduce una novedad al destinar el 1 por ciento para conservar las áreas ambientales y luchar contra la deforestación. Y asigna el 20 por ciento cuando se genere un mayor recaudo en el sistema.

También aumentó el presupuesto para la inversión en ciencia, tecnología e innovación: pasa del 9,4 por ciento al 10 por ciento. De este monto, mínimo 2 puntos se invertirán en proyectos relacionados con el ambiente y el desarrollo sostenible.

Un 0,5 por ciento adicional quedará en los municipios ribereños del río Magdalena para proyectos de inversión, canalizados por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

En cuanto a los recursos para la paz, estos se mantienen en un 7 por ciento de los ingresos del sistema. No obstante, en la práctica habrá más dinero disponible, pues la bolsa se amplió. Adicionalmente, este rubro recibirá el 70 por ciento de los ingresos obtenidos por los rendimientos financieros del sistema.

Por otro lado, disminuyó la asignación para gastos de funcionamiento y administración del sistema del 4 al 2 por ciento, y le asignó el 1 por ciento al sistema de seguimiento, evaluación y control. La mitad de este porcentaje irá para la Contraloría General de la República.

La senadora Maritza Martínez, una de las más férreas opositoras de la reforma a las regalías del Gobierno de Juan Manuel Santos, le explicó a SEMANA que, además, se duplicó el presupuesto para las comunidades étnicas y más participación con voz y voto en los Ocad y otras instancias decisorias. Destacó que la reforma al sistema cumplirá un papel fundamental en la tarea de reactivar la economía, pues con más recursos las entidades territoriales podrán efectuar grandes inversiones en infraestructura y en proyectos de alto impacto.

El tránsito por el Congreso no estuvo exento de polémica. Algunos parlamentarios alertaron de un posible mico que hacía un descuento en las regalías que tendrían que pagar los eventuales proyectos de fracking. Al final, fue retirado del articulado en plenaria del Senado.

Para la congresista, 2021 será el año más crítico de la recuperación, por lo que habrá que empezar a ejecutar los proyectos cuanto antes. Se prevé que en los dos primeros meses del año alcaldes y gobernadores concerten los proyectos. Esto para que en los diez meses restantes ejecuten y circulen los recursos en las economías locales.

El tránsito de la normativa por el Legislativo no estuvo exento de polémica. Congresistas opositores alertaron de un posible mico que hacía un descuento en las regalías que tendrían que pagar los eventuales proyectos en yacimientos no convencionales o fracking. Al final, fue retirado del articulado en plenaria del Senado.

Sin duda, con esta reforma al SGR el Gobierno les da un voto de confianza a los alcaldes y gobernadores, quienes podrán invertir más recursos en un sistema de aprobación expedito y descentralizado.

Ojalá esta vez ellos manejen los recursos con responsabilidad y no repitan las penosas escenas de hace algunos años cuando en municipios sin acueducto construían velódromos y parques acuáticos, que en muchos casos quedaban inconclusos. Verdaderos elefantes blancos aún hoy convertidos en monumentos de la corrupción y la desidia.