El empalme económico

Si se cumple aquella máxima según la cual desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, desde ya se anticipa que el tema económico será el plato fuerte del nuevo gobierno. Varias señales lo confirman: por un lado, encabezan el empalme el exministro Alberto Carrasquilla, quien lideró la propuesta económica del presidente electo, y su contraparte, el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ha jugado un papel protagónico en el manejo de la economía. Por otro lado, en su discurso de triunfo Iván Duque insistió en que le dará prioridad a “volver a crecer, acabar con la pobreza extrema y expandir la clase media”. En una reunión que sostuvo hace unos días con líderes del Partido Liberal, les comunicó su intención de presentar el 7 de agosto una reforma fiscal y lograr que el Congreso la apruebe en cuatro meses.

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Además, en la antesala del empalme, el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de presentar el estado de las finanzas del país y sus proyecciones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), un instrumento aprobado en 2003 mediante la Ley 819. Sin duda se trata del documento más serio producido en el país sobre la situación de las finanzas. Incluye una rendición de cuentas sobre los desafíos y soluciones que adoptó el gobierno en política monetaria, cambiaria y fiscal, explica el viceministro técnico de Hacienda, Andrés Velasco. También explora temas como deuda pública, pasivo pensional, vigencias futuras, pasivos contingentes e incluso plantea algunas de las eventuales reformas que marcarán el rumbo del país en los próximos años. Su reciente publicación hace pensar que será uno de los instrumentos más importantes para el empalme en materia económica.

Las perspectivas fiscales y de crecimiento de la economía planteadas allí son bastante realistas y consistentes en el corto plazo, en línea con la mayoría de los analistas económicos. Pero las previsiones fiscales y la recuperación esperada en el mediano plazo lucen muy optimistas y difíciles de alcanzar si no llegan las reformas estructurales en materia tributaria o de recorte del gasto.

La buena noticia es que el nuevo gobierno tendrá margen de maniobra. Hace unos meses la caída en el recaudo tributario por la desaceleración y la reducción de impuestos a las empresas, aprobada en la reforma tributaria de 2016, planteaba un escenario fiscal complejo para 2019. No obstante, el buen comportamiento que los precios del crudo han tenido en lo corrido del año y los mayores ingresos petroleros que traerán para el año próximo han propiciado un cambio en el panorama. De hecho, permitirá cumplir con el ajuste del déficit fiscal planteado por la regla fiscal (de 2,4 por ciento del PIB para 2019).

Esto implica que el gobierno entrante tendrá cómo proponer y buscar la aprobación de su agenda de reformas, “lo que debería favorecer la calidad de las mismas, pues no serán hechas pensando en apagar incendios sino en los temas estructurales que el país necesita”, asegura Juan Pablo Espinosa, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia.

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La mala noticia es que el panorama fiscal no está totalmente despejado y hay inquietud en torno a la senda de ajuste de las finanzas públicas. Para Bancolombia, la renta petrolera esperada en el mediano plazo no concuerda con las perspectivas de producción y precios del petróleo, mientras que Fedesarrollo considera que no es claro de dónde van a salir los elevados recursos de capital que plantea el MFMP. Por esto, considera urgentes los ajustes en el frente tributario y en el gasto público. Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, asegura que el gobierno entrante debe aprovechar su capital político inicial para sacar adelante esas reformas. Sin duda, las señales que envíe el nuevo presidente en las próximas semanas serán fundamentales para enfrentar los grandes desafíos planteados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este es el balance y las perspectivas, en cinco temas claves para los colombianos.

Se estima un crecimiento de la economía de 2,7 por ciento para 2018 y del 3,4 por ciento para 2019 ante una recuperación del consumo de los hogares y la inversión privada, así como un repunte sectorial más balanceado. Algo factible según la mayoría de los analistas. Sin embargo, el MFMP también prevé un crecimiento de 4,4 por ciento en 2022 para posteriormente converger hacia el crecimiento potencial de la economía (un 3,5 por ciento según el Comité Consultivo de la Regla Fiscal). Algo muy optimista para muchos si el gobierno no toma medidas en materia de aumento de la productividad y reducción de la informalidad. Sin duda, Duque deberá, como uno de sus principales retos, recuperar altos niveles de crecimiento –mediante una diversificación de la economía– en medio de presiones fiscales.

Si bien la mayoría de los analistas no ve complicado reducir el déficit fiscal del 3,1 por ciento en 2018 a 2,4 por ciento en 2019, las cuentas a mediano plazo no son tan claras. El gobierno supone mayores ingresos tributarios por cuenta de la mejor gestión de la Dian, la puesta en marcha de la factura electrónica, el nuevo régimen para las entidades sin ánimo de lucro (Esal) y la menor evasión. Esto es por efecto de la reforma tributaria de 2016 y el mayor crecimiento, cuya materialización no está asegurada. De la misma manera, supone un fuerte crecimiento de los ingresos de capital al anticipar un activo programa de enajenación de bienes públicos. Por otra parte, estima una tendencia decreciente del gasto, lo cual parece poco factible sin aplicar algunas de las reformas estructurales propuestas por la Comisión del Gasto. Y no considera las necesidades crecientes del país en frentes como la seguridad social, educación, posconflicto y vigencias futuras.

El costo de cumplir los acuerdos de paz asciende a 129,5 billones de pesos, según el MFMP. En específico, la reforma rural integral concentra el grueso de los recursos con el 85,4 por ciento del costo total, seguido de temas como la solución al problema de drogas ilícitas y la reparación a las víctimas.

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El impacto fiscal del posconflicto sobre las finanzas públicas, según los expertos, implica un reto pero no es la fuente central del problema fiscal, pues se aplicará durante 15 años y buena parte se financia con regalías (14 por ciento), cooperación internacional (8,9 por ciento) y recursos propios de las entidades territoriales (3,3 por ciento). Del Presupuesto y del Sistema General de Participaciones sale el 36 y 36,8 por ciento de los recursos, respectivamente. Además, muchos coindicen en que se trata de gastos necesarios para que el Estado llegue con inversión y haga presencia plena en zonas tradicionalmente abandonadas.

El gobierno estima que el pago de mesadas pensionales con cargo al presupuesto alcanzará un 3,9 por ciento del PIB en 2019 y que tendrá una tendencia decreciente en los próximos años. No obstante, el ‘pico’ del gasto pensional ha venido prorrogándose en el tiempo y el año pasado el Estado destinó alrededor de 41 billones de pesos para pagar pensiones concentradas en unos pocos. Es claro que aún con estas optimistas predicciones sigue siendo un gasto enorme al cual hay que destinar cerca de una tercera parte del recaudo tributario. En 2028, según el MFMP, seguirá siendo un 3 por ciento del PIB, sin considerar los traslados al régimen de prima media que si bien significan un alivio a corto plazo, siguen incrementando las presiones fiscales a largo plazo. Además, dos terceras partes del gasto de subsidios en pensiones a cargo del presupuesto nacional van para el quintil más alto de la población, lo que implica la paradoja de tener un sistema público centrado en los más ricos. Por todo esto, es claro que llegó la hora de reformar el sistema pensional.

El MFMP estima que la deuda neta del gobierno nacional central se reducirá en 2018, al pasar de 43,1 por ciento del PIB en 2017 al 42,6 por ciento, para luego continuar una senda decreciente en el mediano plazo, hasta alcanzar un valor estimado de 31,7 por ciento en 2029. No obstante, esta estimación tiene un problema: parte del supuesto que se cumplen las metas de déficit fiscal, lo cual para los analistas no es posible en ausencia de reformas estructurales como la tributaria y la reducción del gasto. Por tanto, para conservar la credibilidad a los ojos de los mercados, analistas y calificadoras, el gobierno deberá plantear una agenda de reducción del déficit y la deuda creíble en el largo plazo, para mantener la estabilidad y la calificación crediticia.

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