Pensiones: ojo con el populismo en época electoral

La expectativa de una reforma pensional tiene encendidas las alarmas en el país. Ha puesto sobre el tapete la urgencia de construir un sistema más equitativo, que asegure la cobertura en la vejez para millones de colombianos, que sea sostenible para que no le dé un golpe mortal a las finanzas públicas. Y sobre todo que desactive la bomba pensional, que tiene al Estado girando cada año más de 40 billones de pesos a fin de cubrir las pensiones públicas para alrededor de 2 millones de colombianos.

Pero sin haber comenzado la discusión oficial, el ambiente político y algunas decisiones judiciales anticipan un pulso complejo.

Haciendo gala del populismo legislativo, ya algunos congresistas han empezado a aprovechar la coyuntura para ganar el favor de los votantes. Pero al hacerlo no miden el costo fiscal, y sí alientan una ola sin precedentes de acciones judiciales de colombianos, que, con razón o sin ella, buscan obtener beneficios pensionales.

Esta semana, dos noticias anticiparon la magnitud de la batalla que viene. Por un lado, provocó un acalorado debate la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de un artículo que abre la puerta para que más de 200.000 colombianos puedan trasladarse de los fondos de pensiones privados a Colpensiones –el fondo público–, aunque les falten menos de diez años para pensionarse.

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La proposición tuvo acogida entre congresistas y miles de colombianos que veían en el cambio de régimen pensional una mejor opción para garantizar su ingreso en la vejez. Pero les cayó como un baldado de agua fría a los empresarios del sector y al Gobierno que no lo avaló por varias razones.

En primer lugar, por su enorme costo fiscal: unos 76,1 billones de pesos, de los cuales tan solo 26,6 billones corresponden al valor del traslado. Esto significa que del presupuesto nacional tendrían que salir más de 50 billones de pesos en los próximos años.

En segundo lugar, por su enorme inequidad, ya que se trasladarían sobre todo personas de altos ingresos. Eso aumentaría la concentración de los recursos del Estado en subsidiar estas altas pensiones.

Pero, de carambola, afectaría la estabilidad de los mercados financieros. En efecto, una decisión de este estilo implica cambiar las reglas de juego a los fondos de pensiones, que hace más de 20 años decidieron apostarle a este esquema. Con el traslado exprés tendrían que salir de un día para otro a liquidar sus inversiones para cubrir el giro de los recursos, lo que desvalorizaría estos activos.

En momentos en que los colombianos han expresado su desgano por pagar más impuestos, también sería un contrasentido otorgar mayores subsidios, pues no hay con qué financiarlos.

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Al final, los congresistas prefirieron retirar el artículo de la ponencia para segundo debate del PND. Sin embargo, advirtieron que insistirán en este punto en la reforma pensional que discutirán en los próximos meses con la ministra del Trabajo, Alicia Arango, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Los fondos de pensiones, cuyo gremio lidera Santiago Montenegro, participarán activamente en la discusión de la nueva reforma pensional, que lidera la ministra del Trabajo, Alicia Arango.

Solo un par de días despúes, la Corte Suprema de Justicia revolvió el avispero nuevamente al dictar sentencia favorable a una mujer que pedía cambiar de sistema. La demandante argumentaba que la habían engañado para que se trasladara del régimen público al privado cuando estaba en el de transición. En su fallo, la corte consideró procedente el reclamo, pidió a Colpensiones verificar si debe reconocerle la pensión, y conminó a los privados para mejorar la asesoría a los usuarios con el fin de que estos no se sientan engañados.

Y la alta corporación fue más allá al decidir que los fondos deben probar que no hubo engaños y que hicieron la debida diligencia para ilustrar a los usuarios sobre qué sistema les conviene más.

En tono de advertencia, el magistrado ponente, Rigoberto Echeverri, insistió en que “debe existir asesoría. Lo que le preocupa a la corte es que estos casos están en aumento, hay un registro de al menos 17.000 demandas de este tipo. Esto, por desinformación”.

En materia de litigios no le falta razón al magistrado. El aumento de las demandas para reclamar estos derechos lo confirman: al cierre de 2018 había 11.000, mientras que en la tercera semana de abril ya llegaban a 17.000. Esto producirá una nueva avalancha de demandas. Una parte vendrá de los reclamantes que se sienten engañados. Otra, de quienes a raíz de la expectativa generada por el artículo del traslado exprés buscarán estos beneficios. Pero también hay casos que corresponden a bandas creadas para estafar al sistema, que ven una oportunidad para actuar.

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En este sentido, a comienzos de abril la vicefiscal, María Paulina Riveros, se refirió al tema. Señaló, tras la desarticulación de bandas que aprovechan los vericuetos del sistema pensional, que han probado que esas organizaciones esquilmaron al Estado en al menos 1,2 billones de pesos.

También merecen capítulo aparte algunos abogados que han encontrado en el sistema pensional una veta para demandar al Estado y ganarse algunos honorarios, aun a sabiendas de que no tienen opción.

En la actualidad, solo uno de cada cinco colombianos mayores de 60 años recibe una pensión.

Proceso en construcción

Lo cierto es que el sistema pensional colombiano ha sido víctima del uso y del abuso. Por eso, hay que concentrar los esfuerzos en definir las bases del nuevo sistema pensional, y precisar los elementos centrales para garantizar equidad, inclusión y, sobre todo, sostenibilidad fiscal. También habrá que hacer algunas concesiones: aunque los colombianos no quieren que se aumente la edad o el aporte pensional, habrá que revisarlo.

En primer lugar, porque su estructura inicial no respondió a la realidad del mercado. Por eso generó un sistema desequilibrado en el que de los 22 millones de trabajadores menos de 8 millones cotizan para seguridad social. Y la mayoría de ellos lo hacen de manera intermitente, a riesgo de no alcanzar a cumplir los requisitos. Además es inequitativo porque quienes están en el régimen público obtienen millonarios subsidios. Mientras tanto, los del régimen privado cuentan con un ingreso pensional más bajo, que corresponde a su ahorro individual.

Quizás uno de los temas más sensibles es el fiscal. Por eso, el esquema por adoptar debe ser realista y responder a lo que el país puede pagar. Hacer las cuentas de la lechera en materia pensional suena a música celestial. Pero cumplirlas será difícil y generaría el mismo desencanto que hoy viven los colombianos. Ese es un costo demasiado alto, al que el país no debe exponerse. 

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