Gobierno no se opone al proyecto de borrón y cuenta nueva de centrales de riesgo

Un giro de 180º dio el Gobierno este martes en el Congreso, donde aseguró que no está en oposición al proyecto de borrón y cuenta nueva de las centrales de riesgo.

Así lo confirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien dijo: "No nos estamos oponiendo al proyecto de ley, aunque hay cosas que se pueden mejorar".

Entre estas señaló que durante este año, mientras pasa la crisis del coronavirus, se les permita a los colombianos no ser reportados por la falta de pago de sus obligaciones, siempre y cuando intenten primero llegar a un acuerdo de periodo de gracia o reestructuración de sus créditos.

Además, pidió aumentar el tiempo de permanencia en estas ‘listas negras‘. "Hay quienes no quieren pagar y otros que tuvieron un problema y no pudieron pagar, pero como la información es importante para que haya crédito, pedimos subir el periodo máximo. Por ejemplo, si estuvo 30 días en mora que quede reportado durante 60 días con un máximo de tiempo de 4 años", añadió Londoño.

La sesión se da en la Cámara de Representantes, luego de una lluvia de impedimentos de congresistas de todos los partidos, quienes pidieron abstenerse de la deliberación, argumentando que ellos o sus familiares están reportados antes dichas empresas.

Gran parte de estas solicitudes fueron negadas y, una vez terminó dicho trámite, comenzó la exposición de la ponencia mayoritaria por parte de los representantes César Lorduy (Cambio Radical) y Harry González (Partido Liberal).

Ambos señalaron que la base del proyecto es darles una amnistía por una única vez a los morosos que se pongan al día con sus deudas, con lo cual se les quitaría su reporte negativo.

Para el senador David Barguil, coautor del proyecto, "esta ley se va a volver uno de los principales elementos de la reactivación económica de la pospandemia, porque vamos a ingresar a 7 u 8 millones de personas, pequeñas y medianas empresas, para que tengan la posibilidad de tener un crédito formal".

El proyecto también permitiría consultar la información crediticia de forma gratuita y sin que esto afecte la calificación de las personas. Además, en ningún caso, estos datos podrán consultarse o usarse para darles un empleo a los ciudadanos.

En contraste, diversos gremios y funcionarios han señalado que la norma encarecería y bloquearía el acceso al crédito para millones de personas, pues las entidades financieras no tendrían cómo diferenciar quiénes son buenas o malas paga.

_{Los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, coautores del proyecto, aseguran que el proyecto será clave para la reactivación de la economía pospandemia.}

Afirman que se generaría una mayor incertidumbre, lo cual se traduciría en que las personas y empresas que tienen poco o nulo historial crediticio les serían negado reiteradamente los créditos o simplemente les saldrían más costosos.

Según Barguil, el proyecto no acabará con la información financiera de los ciudadanos. "En el mercado crediticio seguirá existiendo suficiente información que les permita tomar decisiones a los establecimientos de crédito", aseguró.

Y añadió que dicho historial no desaparecerá, ni se perderá la información previa al proyecto (positiva o negativa), con lo cual los ´mala paga‘ podrían seguir siendo identificados.

Vale la pena señalar que la norma va más allá de los bancos, pues hoy en día también otorgan créditos los pequeños comercios, almacenes de cadena y operadores de celulares, entre otros.

El debate continúa en el Congreso y se prevé que la iniciativa quede aprobada hoy mismo, teniendo en cuenta que parlamentarios de todos los partidos le han dado su bendición en la plenaria de este martes.