Los nuevos puntos que se votarán en la ley de pago de facturas a plazos justos

Tras varias horas de discusión, una subcomisión del Senado dio luz verde a que el proyecto de pago a plazos justos de facturas entre empresas sea votado en tercer debate.

Así lo confirmó a SEMANA el representante a la Cámara Mauricio Toro, autor del proyecto, quien añadió que los ponentes unificaron sus ideas y las incluirán en la ponencia mayoritaria, durante la discusión de este jueves.

"Lo primero que hay que decir es que se dejó por fuera el acuerdo entre privados, porque eso haría inoperante la ley y legalizaría de facto el pago a plazos injustos", explicó el representante por la Alianza Verde.

Igualmente, detalló que, tal y como venía, el articulado permite que las empresas grandes hagan acuerdos entre sí para fijar los tiempos de pago de sus facturas, con lo cual la norma quedaría para las micro, pequeñas y medianas.

La concertación entre congresistas se dio horas después de que la Andi rechazara la iniciativa, al calificar de preocupante el hecho de que el Estado intervenga en acuerdos entre privados, eso sin contar con el efecto económico.

"Establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria, generando un incentivo a conseguir proveedores por fuera del país", dijo el gremio en un comunicado.

Mauricio Toro, representante y autor del proyecto, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. El gremio asegura que es inconveniente que el Estado se involucre en acuerdos entre privados.

Cambios en el proyecto

A pesar de lo anterior, desde la Comisión Tercera del Senado hubo ‘humo blanco‘ para fijar que la ley entrará en vigencia una vez el presidente Iván Duque la promulgue. Es decir, no habrá un régimen de transición como se preveía inicialmente.

De esta forma, durante el primer año de entrada en vigencia, el tiempo máximo para hacer los pagos de productos y servicios será de 60 días calendario, y, a partir del segundo, el tope será de 45.

Además, en el texto se volverá a incluir que el Estado también está obligado a pagar las facturas en máximo 45 días calendario, siempre y cuando las entidades de cualquier orden tengan la disponibilidad en sus Programas Anuales Mensualizados de Caja (PAC).

En el mismo sentido se volverá a introducir en el articulado al sector de la salud, que tendrá cuatro años para aplicar dicho esquema, mientras se determina el efecto de la ley de punto final, aprobada el año pasado.

De otra parte, el régimen sancionatorio no estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino de la Superintendencia de Sociedades. 

Al proyecto le restan dos debates para convertirse en ley. El primero, en comisión, se dará este jueves, y la próxima semana podría concretarse el último, que debe darse en la plenaria del Senado. Además, debe aprobarse antes del 16 de junio, día en que termina la actual legislatura.

"Hoy, el calendario está apretado porque el proyecto tiene que ir también a plenaria y posteriormente ser conciliado. Me preocupa que los tiempos están apretados, pero todavía alcanzan", concluyó Toro.