INVESTIGACIÓN
Contraloría sigue hallando irregularidades en contratos ejecutados por Unidad de Gestión del Riesgo. En 4 años subieron el monto en 700%
El ente de control tiene la lupa puesta en contratación de maquinaria amarilla y otros.
Una revisión a los últimos cuatro años de gestión de la Unidad que ha estado en el ojo del huracán, la UNGRD, por las famosas irregularidades en la contratación de los carrotanques de La Guajira, permitió a la Contraloría General hacer una foto más nítida de la fiesta que se venía haciendo en la entidad con los contratos.
Según el organismo de control, los recursos involucrados en irregularidades en contratos ejecutados ya, para obras que buscaron atender desastres, calamidades y otros, ascienden a cinco billones de pesos.
La contratación analizada por la Contraloría abarca los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Se presenta un incremento inusitado del monto de dicha contratación, en aproximadamente un 700 %, dice el organismo de control.
Ojo con lo que pasa en este año. La contratación que es objeto de revisión está concentrada en cuatro departamentos: Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.
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No hay derecho
Mientras hay niños que mueren de hambre en La Guajira, las irregularidades halladas por la Contraloría, hasta el momento, tocan 31 contratos relacionados con el programa Hambre Cero, valorados en 131.812 millones de pesos.
Los contratos corresponden a 2023. Estaban destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el fenómeno de La Niña. Fueron otorgados por Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres, y Olmedo López, director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Los adjudicatarios no tenían ni personería jurídica y las empresas no tenían ninguna relación con las actividades para las cuales eran contratadas. Este caso también es declarado de impacto nacional.
Según la Contraloría, en el caso de los carrotanques, el vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, declaró de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.
Según el funcionario, se ha dispuesto de unidades especiales de investigación para abordar el que es considerado como un “grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto”.
Contratos enfocados en tres empresas
Los hallazgos de la Contraloría, al revisar los cuatro años de contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (UNGRD) muestran características que llaman la atención al organismo que adelanta la evaluación.
Tres únicas empresas se repiten como adjudicatarias de los millonarios contratos.
Por esa razón, la Contraloría investiga un presunto favorecimiento en la contratación.
Además, “se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales”, advierte la entidad de control.
Se perdieron $ 80.000 millones
Para la Contraloría, atendiendo lo que son sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país, en la sola contratación de carrotanques habría una presunta pérdida por 80.000 millones, sin que exista un resultado para la comunidad.
Maquinaria amarilla costaba 160% más
Uno de los temas que se contrata mucho en la Unidad de Gestión del Riesgo es la maquinaria amarilla para atender emergencias por deslizamientos y otros efectos de los eventos climáticos.
También con esta contratación hicieron fiesta en la entidad, donde hubo un incremento del 160 % en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla durante 2023, según detectó la Contraloría.
De esa manera, mientras que en 2022 los contratos eran por 88 mil millones de pesos, en el siguiente año pasaron a ser de 227 mil millones.
Dobles pagos o maquinaria no utilizada están entre las irregularidades que investiga el ente de control.
Mucha tela por cortar aún en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde varios de los casos podrían configurarse como detrimento patrimonial, lo que tendrá unos responsables directos.